2 de enero 2025
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En 48 horas, sin ningún debate real ni consulta, la Asamblea Nacional —controlada por el gobernante Frente Sandinista— aprobó como una supuesta “reforma parcial” en Primera Legislatura un cambio casi completo de la Constitución Política de Nicaragua, al gusto y antojo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a finales de noviembre de 2024. Al iniciar una nueva Legislatura, el 9 de enero de 2025, la dictadura aprobará su nueva Constitución en segunda legislatura, para ordenar su entrada en vigencia.
Con la bautizada Constitución “Chamuca”, la dictadura destruye la endeble estructura que ha soportado la organización política y democrática de Nicaragua, que ya venía socavando con ocho reformas anteriores durante la última década.
En CONFIDENCIAL te resumimos y explicamos los cambios principales con los que Ortega y Murillo se recetan poderes absolutos para consolidar su régimen dictatorial, y por qué esta “nueva” Constitución es nula, de manera que no debería eliminar la última Constitución vigente desde 1987.
Los cambios principales de la Constitución “Chamuca”
Copresidencia: La reforma introduce la figura de “copresidencia” para repartir el poder dictatorial entre Ortega y Murillo. Desde octubre de 2021, Ortega ya se había referido a Murillo como “copresidenta”, y en enero de 2023 adelantó públicamente sus intenciones de reformar la Constitución para formalizar el cargo que le dio de facto. La reforma establece que si uno de los dos fallece, el otro mantiene la Presidencia, asegurando la sucesión dinástica.
Poder absoluto: La reforma también elimina la autonomía municipal, suprime la independencia de los poderes del Estado, subordina totalmente al Ejército y la Policía, e impone al Ministerio del Interior como órgano de persecución.
- Anula la autonomía municipal al eliminar que “los municipios gozan de autonomía política, administrativa y financiera”, y establecer que los alcaldes podrán ser destituidos por resolución de la Procuraduría General de la República, que obedece a la Presidencia.
- Contra la independencia de los poderes del Estado, establece que “la Presidencia de la República dirige al Gobierno y como Jefatura de Estado coordinará a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y regionales y municipales”, reduciendo a “órganos” los tradicionales Poderes Legislativo, Judicial y Electoral.
- Subordina totalmente al Ejército y la Policía, indicando que estas fuerzas armadas obedecen a la Presidencia, y que esta podrá ordenar la intervención del Ejército “cuando la estabilidad de la República lo requiera”, sin detallar cuáles son esas condiciones.
- Impone al Ministerio del Interior como órgano de vigilancia y represión, al establecer que es el responsable de “implementar, mantener y ejecutar las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana, seguridad del Estado y del orden interno”.
Perpetuación en el poder: La reforma amplía el período presidencial de cinco a seis años, contados a partir de la toma de posesión. Con esto, Ortega y Murillo extenderían su actual mandato hasta 2027, y podrán optar a la reelección indefinida. Igual indica que los “copresidentes” podrán nombrar “vicepresidentes que desempeñarán las funciones que les asignen”.
Los policías “voluntarios” o paramilitares: La reforma crea “la Policía Voluntaria como cuerpo auxiliar de apoyo a la Policía Nacional, integrada por ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria”. En julio de 2018, Ortega usó por primera vez la figura de “policías voluntarios” para nombrar a los paramilitares que dispararon contra los nicaragüenses desarmados que protestaban contra el Gobierno.
“Nuevos” símbolos patrios: La reforma también incluye como símbolo patrio a la oficialista bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Con el cambio, el artículo indica que “los símbolos patrios son: el Himno Nacional, las banderas de lucha antiimperialista del General Augusto C. Sandino y de la Revolución Popular Sandinista, las banderas azul y blanco y la rojinegra, y el escudo nacional”. Además, en el preámbulo se evocan a los mártires de la revolución sandinista y líderes revolucionarios latinoamericanos como Hugo Chávez y Ernesto "Che" Guevara.
Se saltan una Constituyente
Desde que Ortega adelantó públicamente su intención de una reforma constitucional para establecer la “copresidencia”, expertos jurídicos aseguraron a CONFIDENCIAL que su creación implicaba “reformas abismales” al sistema de Gobierno nicaragüense, por lo cual se requeriría de una nueva Constitución Política, y eso debería hacerse por medio de una Asamblea Constituyente y la realización de un plebiscito para consultar entre los nicaragüenses el apoyo a esta medida.
Al conocerse los cambios, el abogado y exfuncionario judicial, Yader Morazán, explicó que se “disfraza” de “reforma parcial” una “reforma total” a la Constitución, para “evadir las trabas procesales que contiene la supra norma”.
“Una reforma parcial constitucional busca actualizar o ajustar aspectos puntuales sin alterar la estructura fundamental del Estado ni los principios básicos del orden constitucional. No obstante, con esta ‘reforma’ han cambiado el sentido que el constituyente originario otorgó en 1987”, enfatizó el exfuncionario judicial.
Versión nula
El artículo 193 de la Constitución Política vigente establece que “al aprobarse la iniciativa de reforma total, la Asamblea Nacional fijará un plazo para la convocatoria de elecciones de Asamblea Nacional Constituyente”.
“La Asamblea Nacional —prosigue el artículo— conservará su mandato hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Mientras no se apruebe por la Asamblea Nacional Constituyente la nueva Constitución, seguirá en vigencia la presente Constitución”.
La especialista en Derecho Constitucional, Azahálea Solís Román, también señala que “hay una reforma total en los principios de la Constitución Política”. Igual el exdiputado liberal y analista político, Eliseo Núñez, coincide que se trata de una reforma total al texto constitucional y que, según la doctrina del derecho, este tipo de cambios no se pueden hacer con una reforma parcial. “Se necesita una Constituyente para todo eso”, sentencia.
El politólogo nicaragüense, José Antonio Peraza, también cuestionó que la ampliación del período de gobierno no puede ser retroactivo. “No se podría aplicar retroactivamente, pero está muy claro que estamos ante un poder omnímodo, que decide todo y hace lo que le da la gana. Por lo tanto, no vería extraño que ellos (Ortega y Murillo) decidan aplicar esto retroactivamente y alargar las próximas elecciones, ya no en el 2026 sino en el 2027”, valoró.
