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El 15 de agosto de 2025 se cumplieron dos años de la confiscación ilegal de la Universidad Centroamericana. La UCA, fundada en Nicaragua por la Compañía de Jesús en 1960, habría cumplido 65 años de labor educativa el 23 de julio, formando a varias generaciones de profesionales.
“El cierre de la UCA es un golpe muy fuerte para el desarrollo económico y social de Nicaragua”, dice el padre José María Tojeira, vocero de la Compañía de Jesús para Nicaragua. “Arrasaron con una universidad de gran peso nacional, que promovía el pensamiento crítico, la conciencia ciudadana, y contribuyó al diálogo y a la investigación científica”, valora.
Con el cierre de la UCA, el régimen Ortega Murillo se robó el campus San Ignacio de Loyola, en Managua, con una extensión de 14 manzanas y un costo de 25 millones de dólares, incluyendo toda su infraestructura educativa: laboratorios, bibliotecas, centros de investigación, institutos especializados, una radioemisora y una imprenta. Además, se apropió del nuevo laboratorio de ingeniería, frente a la UNI, en un terreno de dos manzanas, con una inversión de 1.7 millones de dólares.
El patrimonio también incluye una propiedad de 100 manzanas de tierras ubicada en el kilómetro 17.5 de Carretera a Masaya, valorada en 50 millones de dólares, y varias fincas de producción agropecuaria, y centros experimentales, en León, Jinotega, y Río San Juan.
En una entrevista en el programa Esta Semana, que se transmite en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, el padre Tojeira señala que es muy difícil valorar el robo a la UCA, porque hay muchas cosas que tienen un valor inmaterial, e incluso se robaron bienes que no pertenecían a la UCA. Pero afirma que “una primera evaluación calculaba lo material en 60 millones de dólares”.
El sacerdote explicó que actualmente se encuentran “haciendo estudios”, para “evaluar cómo proceder” en relación a una eventual denuncia contra el Estado de Nicaragua ante una corte internacional, por el daño y el monto de la millonaria confiscación ilegal.
De los más de 2000 estudiantes de la UCA, que en 2023 postularon a las universidades jesuitas de Centroamérica para continuar sus estudios, 400 lograron ingresar en la Universidad Simeón Cañas, de El Salvador, y 200 en la Universidad Rafael Landívar, de Guatemala, recordó el padre Tojeira. “En octubre —adelantó— se graduarán los primeros 60 estudiantes en la UCA de El Salvador”.
El 23 de julio, la UCA de Nicaragua habría cumplido 65 años de su fundación, pero este 15 de agosto cumplió dos años de haber sido confiscada por el régimen Ortega Murillo. ¿Qué impacto tuvo la UCA en la educación y en la vida en Nicaragua en estas seis décadas y cuáles son las consecuencias de su cierre y confiscación?
La UCA prestó un gran servicio al país, a Nicaragua. Desde la caída de Somoza, jugó un papel importante en preparación de mandos medios, en conciencia ciudadana, en pensamiento crítico, fue una institución que trabajó en contra de la dictadura de los Somoza y en el desarrollo de la universidad.
La UCA, además, tenía una tradición fuerte porque estaba muy unida con un colegio también de bastante prestigio, como lo es el Colegio Centroamérica y mucha gente del Centroamérica seguía después estudiando en la UCA y había una línea de comportamiento ético, de visión ciudadana, de democracia, importante.
Fue una universidad que contribuyó al diálogo social, al desarrollo. No solamente económico, sino también al desarrollo social, al diálogo entre las partes, entre trabajadores, empleadores, una universidad de un peso nacional grande y también en el campo de la investigación, porque fueron los primeros que hicieron un mapa solar de Nicaragua, trabajaron en temas volcánicos. Desarrollaron un esfuerzo grande de tipo científico-tecnológico en favor del país.
Todo eso lo arrasaron una vez que se tomaron la UCA, y es un golpe muy fuerte para el desarrollo económico y social de Nicaragua el cierre de esta universidad.
Con el cierre de la UCA se llevaron de un tajo 16 facultades, más de 50 carreras universitarias, decenas de posgrados. La justificación oficial que dio el Gobierno es que la UCA era un centro de terrorismo, aunque no presentó una prueba, tampoco los convocó a un juicio para darle derecho a la defensa. ¿Cuál consideran ustedes que fue el verdadero motivo del cierre de la UCA?
Yo creo que veían en la UCA un foco de pensamiento crítico, simple y sencillamente. Dentro del terror que tiene el actual Gobierno de Nicaragua a la crítica ciudadana, cualquier crítica, sea política, social, económica, ética, religiosa, cualquier tipo de crítica les da terror.
Entonces, reaccionan con la violencia de alguien acorralado. No están acorralados, tienen todo el poder, pero se ve que tienen un miedo espantoso a cualquier tipo de crítica. Incluso a ustedes que están fuera (los exiliados), porque les siguen teniendo miedo y odio.
La acusación de terrorismo es ridícula, porque generalmente el terrorismo se individualiza, una acusación de terrorismo no es a una universidad, una universidad es un ente jurídico, evidentemente se busca personalizar, individualizar el delito. Ahí no hubo individualización del delito, no hubo nada, solo la frase. Realmente lo que se pretendía, era ahogar una voz importante de pensamiento crítico, como ahogaron tantas otras voces, no fue la única.
Después de la confiscación y el cierre de la UCA, intentaron sustituirla con la Universidad Estatal Casimiro Sotelo, que los mismos estudiantes reaccionaron no muy contentos, porque dicen que parece más bien un centro de adoctrinamiento político.
Sí, la sustitución fue un fracaso, incluso, han tenido que destituir a los rectores, no es una universidad que tenga nombre, reconocimiento, que tenga conexiones, convenios con otras universidades. La UCA de Managua tenía una red de relaciones impresionante con otras universidades públicas y privadas, no solo las de la Compañía de Jesús, sino muchas universidades estatales. Era una universidad que recibía ofertas de becas para los estudiantes de distintos países. La (Casimiro) Sotelo se ha quedado con una realidad totalmente aislada, ha dejado de ser una universidad. La universidad, por definición, es algo que tiende a la universalidad. Y la Casimiro Sotelo tiende a la particularidad, nada más de los intereses de Rosario Murillo, no sé si de Ortega, si a Ortega le interesa en esta etapa de su vida.
Además de la destrucción de la obra educativa, ¿se puede estimar cuál es el valor de la infraestructura económica confiscada que incluye, además del campus de la UCA y los laboratorios, los centros de investigación, terrenos de la UCA en la Carretera a Masaya, en León, en Jinotega, en San Carlos?
Hicimos una evaluación, depende del tipo de valoración de algunas cosas que son valores inmateriales. Pero lo que es puramente material, rondaba los 60 millones de dólares. Pero hay otras cosas como el archivo histórico, por ejemplo, que tiene un valor difícil de calcular. Un archivo histórico muy completo que tenía la universidad, le cambiaron el nombre, no sé si sigue dentro de la universidad o si lo han sacado de la universidad, pero sí es un valor que sobrepasa el cálculo económico, y así otras investigaciones, pero lo puramente material se calculaba en los 60 millones.
¿La UCA ha contemplado enjuiciar, demandar al Estado de Nicaragua ante un tribunal internacional por esta confiscación ilegal?
Se están haciendo estudios. Tal vez se va lentamente, porque es un poco complejo, complicado, hacer este tipo de estudios, y más estando fuera, porque estamos trabajando desde fuera. Pero sí se están haciendo estudios de cómo proceder, es algo que se está trabajando en estos momentos.
Entre la Compañía Jesús y el Estado de Nicaragua, después de estos dos años de confiscación, en la que incluso confiscaron la casa de los jesuitas que vivían en la UCA, en Villa Carmen, ¿ha habido algún contacto o comunicación?
No, no ha habido ninguna comunicación. Al principio, había miedo de que siguieran confiscando cosas, todavía tenemos dos colegios, la Red de Fe y Alegría, pero están funcionando muy bien, con miedo, pero con tranquilidad, No ha habido acoso ni molestia, también ha habido una prudencia grande de los compañeros, en ese nivel están tranquilas las cosas, da la impresión.
Entre los miles de estudiantes que fueron expulsados también de la UCA con el cierre, varios centenares aplicaron y se registraron a continuar sus estudios en las universidades jesuitas de Centroamérica, en la Simeón Cañas, de El Salvador, y la Rafael Landívar, de Guatemala. ¿Cuál ha sido su experiencia en estos dos años? Algunos de ellos estaban en los últimos años, no sé si ya se han graduado algunos estudiantes.
Todavía no se ha graduado ninguno, algunos están a punto, pero todavía no. Son en torno a 400 estudiantes en la UCA de El Salvador y 200 en la Landívar los que están matriculados y llevando los trabajos.
Están funcionando muy bien, con el dolor del desterrado, pero sí se han adaptado bien al ambiente, por lo menos al salvadoreño, yo he estado en contacto con algunos y están trabajando bien, con buenas calificaciones, buen trabajo.
Hay también nicas que están con congregaciones religiosas que también están estudiando con nosotros. Algunos estudiaron con nosotros y no les han dejado regresar a Nicaragua. Yo no sé si por haber estudiado con nosotros o por simplemente ser sacerdotes, dentro de la persecución a la Iglesia católica. Pero sí hay una abundancia de nicas que entraron en distintas órdenes religiosas, aparte de la nuestra, y que estudian Teología en la universidad, aparte de los que vinieron directamente de la UCA, hay una buena colonia de nicaragüenses.
El último rector de la UCA jesuita (el padre Rolando Alvarado) está también aquí en El Salvador, está un poco enfermo, recuperándose, pero sí también ha tenido un papel importante en la cercanía a los estudiantes nicas, vienen a visitarlo ahora que está enfermo. Hay un buen ambiente, solidario y de esfuerzo personal y de compromiso con Nicaragua en los jóvenes que están aquí.
Más allá del impacto que ha tenido el cierre y la confiscación de la UCA en Nicaragua, ¿cómo se percibe desde El Salvador, desde Guatemala, desde Centroamérica, que este tipo de acciones ejecutadas por el régimen Ortega Murillo, al día de hoy, estas y muchas otras se mantienen en la impunidad? ¿Cómo impacta esto en la región?
Es un mal ejemplo para todos. Ahora, quien está sufriendo más es el país de Nicaragua, porque está sufriendo un aislamiento internacional fuerte, una limitación de recursos, está sufriendo también el propio desprestigio del Gobierno ante su pueblo.
En el Índice de Transparencia Internacional sobre Corrupción veía que de los cuatro países del CA4, Nicaragua está en una posición pésima. De 190 países estudiados por Transparencia Internacional, Nicaragua está en la posición 172. ¿Qué significa eso? La mayoría de la población nicaragüense piensa que hay una profunda corrupción, y esa idea de corrupción que tiene el pueblo nicaragüense con respecto a su propio país es la del actual Gobierno, donde hay fuente de corrupción, impunidad, más fuerte en el país.
Entonces, un régimen con tanto aislamiento, con tanta dureza, hace pensar que esas cosas implosionan o se acaban rompiendo por dentro. Vamos a ver.
