3 de abril 2023
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Organizaciones nicaragüenses de la sociedad civil dijeron sentirse alentadas por la decisión de la ONU de extender por dos años más el trabajo de un Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que investiga, analiza y documenta los crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2018 por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Durante la discusión del texto, doce países denunciaron las graves violaciones de los derechos y libertades en Nicaragua.
“Agradecemos a los Estados que han apoyado al Grupo de Expertos, que es un mecanismo crucial de rendición de cuentas y que se asegurará de que el amplio catálogo de abusos en Nicaragua no salga del radar de la comunidad internacional”, dijo la activista Alexandra Salazar, de la oenegé Unidad de Defensa Jurídica, en una videoconferencia de prensa.
Los activistas consideran que este es un mensaje “claro” para todos los responsables de violaciones, que al final tendrán que pagar por sus actos. “Esto abre la oportunidad de seguir profundizando en los hechos ocurridos y en las cadenas de mando. La resolución plasma igualmente la forma en que se ha propiciado un clima de impunidad en Nicaragua”, agregó Salazar.
Gonzalo Carrión, miembro del colectivo Nicaragua Nunca Más, opinó que la resolución es “una fuente de aliento para las víctimas y para el pueblo nicaragüense, que no están dispuestos a renunciar a sus derechos a la libertad y a la justicia”.
El ambientalista, Amaru Ruiz, destacó que, durante la sesión, se mencionó en al menos 12 ocasiones la situación de asesinatos y desplazamiento de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, así como de violencia hacia las mujeres. “Para nosotros eso es fundamental porque agrega nuevas categorías en esta resolución, para continuar el trabajo de documentación”.
Asimismo, resaltó que otro de los aspectos que se amplifica son los cierres de Organizaciones Sin fines de Lucro (OSFL), que ya acumulan más de 3300 desde 2018. Por lo cual, “es otro elemento novedoso en relación a la resolución anterior, que amplía la visión que pueda tener el Grupo de Expertos y la Oficina del Alto Comisionado”.
Raphaël Viena, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, explicó que es excepcional que un país mantenga una resolución por más de un año. Solo ha pasado antes con la misión de determinación de hechos en Venezuela y esa excepcionalidad refleja patrones de abusos a derechos humanos muy arraigados y falta de voluntad de parte del Gobierno.
Sobre el despojo de la nacionalidad a 317 críticos del Gobierno y el destierro de 222 de ellos, el Consejo de DD. HH. de la ONU reclamó a Ortega que “respete los derechos políticos y civiles de los ciudadanos, incluido el derecho a la nacionalidad”.
Carrión, que es uno de los nicaragüenses declarados “apátridas”, mencionó que los afectados por esta medida sufren más represalias del régimen. “Se han consumado más agravios y perjuicios a los despojados de la nacionalidad, como el bloqueo de sus pensiones, confiscación de sus propiedades, el borrado completo de sus derechos, como si fuesen no nacidos”.
Abstención revela “aislamiento” del régimen
El excarcelado político, Félix Maradiaga, valoró que la abstención es “un reflejo del aislamiento de la dictadura”. “Esta es una resolución histórica que además se aprobó gracias a un intenso cabildeo. Gran parte de los países que pudieron haber votado en contra, más bien se abstuvieron, lo que ratifica el mayor aislamiento del régimen de Daniel Ortega”, dijo.
“El camino es largo y es complejo, pero hay esperanza. Abril nos recuerda que ningún invierno es eterno”, agregó.
Los países que votaron en contra de la resolución, fueron: China, Cuba, Eritrea, Argelia y Vietnam. Mientras, otras 21 naciones se abstuvieron, entre ellas: Bolivia y Honduras, que en votaciones pasadas habían apoyado a la dictadura orteguista.
La Coalición Nicaragua Lucha celebró a través de un comunicado la decisión de los países que votaron a favor de la resolución. “Celebramos que la preocupación que existe sobre la situación en Nicaragua se evidencia con el incremento de diálogos interactivos en el Consejo permanente y el Alto Comisionado, que busca profundizar el monitoreo sobre los hechos que suceden en el país”, señalaron en un comunicado.
Asimismo, hicieron un llamado a las 20 organizaciones de la Coalición Nicaragua Lucha y las organizaciones de derechos humanos del mundo a acompañar la labor del GHERN que documentan, pero también denuncian la impunidad de los crímenes cometidos por la dictadura.
Violación sistemática de DD. HH. en Nicaragua
“Este Consejo ha sido testigo del rompimiento del Estado de derecho y graves violaciones de derechos fundamentales en Nicaragua desde el año 2018. Dichas violaciones sistemáticas se han recrudecido con la evidente desaparición de las instituciones democráticas y el espacio cívico”, dijo la representación de Costa Rica.
Agregó que “mi delegación se encuentra muy preocupada por la seguridad de las víctimas y sus familias, personas pertenecientes a pueblos indígenas y personas afrodescendientes”.
“Lamentamos la negación sistemática de las autoridades (nicaragüenses) de resolver la actual crisis política, a través de un auténtico diálogo con la oposición, los mecanismos internacionales de derechos humanos y la comunidad internacional y países de la región”, dijo el representante de Finlandia, que habló en nombre de la Unión Europea.
Los países que denunciaron las violaciones a derechos humanos ocurridas en Nicaragua fueron Ecuador, Georgia, Costa Rica, Finlandia, Estados Unidos, Chile, Paraguay, Ucrania, Bélgica, Argentina y Reino Unido.
Estados Unidos se refirió a la liberación y destierro de los presos políticos ocurrida el 9 de febrero de 2023, su representante aseguró que “si bien celebramos la liberación (...) su caracterización como deportación y su decisión de despojarlos de su nacionalidad es deplorable y terrible. Esto los aleja de la democracia que se merecen”.
El representante de Paraguay hizo énfasis en que esta resolución es importante porque actualmente “ningún organismo de derechos humanos tiene presencia en Nicaragua, por decisión de ese Gobierno, ni en el ámbito de las Naciones Unidas, ni del sistema regional”.
“Las víctimas —prosiguió— están en situación de orfandad. Esta es la relevancia de esta resolución es una acción concreta a ser desarrollada en el terreno, orientada a la rendición de cuentas y a la reparación, es una señal de esperanza para las víctimas”.
La representación de Argentina resaltó que “nos alarma que el grupo (GHREN) considere que estas violaciones fueron perpetradas, y de manera sistemática, por motivos políticos. Y que verificado en todos sus elementos permiten sostener la existencia de crímenes de lesa humanidad”.
Resolución “no refleja avances”
La delegación de la dictadura cubana respaldó al régimen en Nicaragua y aseguró que el Consejo de Derechos Humanos con estas resoluciones legítima “proyectos de resolución punitiva contra Estados que no se pliegan a los intereses de potencias desarrolladas”.
Asimismo, aseguró que las resoluciones “no incluyen los avances que ha tenido el Gobierno de Ortega”, ni los supuestos “intentos de desestabilización” que ha enfrentado en los últimos años.
China, otro aliado político de Ortega, pidió que se respete la integridad política y territorial de Nicaragua “y se les permita juzgar por sí mismo su destino”, porque la resolución no refleja ni los logros del Gobierno en temas de derechos humanos ni refleja objetivamente la situación.
La procuradora general, Wendy Morales, quien representó a Nicaragua, aseguró que la resolución “constituye agresiones unilaterales con la única finalidad de lesionar nuestra soberanía e independencia” y lo que provocan son “sanciones y bloqueos en detrimento a los principios elementales de los derechos humanos”.
