Redacción Confidencial / EFE
6 de diciembre 2023
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sacado de Nicaragua, en 2023, a unos 227 líderes religiosos —151 sacerdotes y 76 monjas— por medio del exilio, la expulsión, el destierro o la negación de ingreso al país, denunció este martes el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +.
La denuncia fue hecha en San José, Costa Rica, durante la presentación del informe “Violaciones a la libertad religiosa - Etapas de represión contra la Iglesia en Nicaragua”, elaborado por el Colectivo, integrado en su mayoría por activistas nicaragüenses exiliados.
El destierro es parte de las prácticas represivas implementadas por el régimen en contra de la Iglesia católica y miembros de la sociedad civil considerados opositores políticos. Esta práctica “atenta contra la libertad de movimiento en Nicaragua y afecta el ejercicio sacerdotal en las diócesis a cargo de los sacerdotes que han sido confinados fuera del país”, advirtió el Colectivo en su informe.
Agregaron que el número elevado de religiosos desterrados “refleja una tendencia preocupante de restricciones arbitrarias y sistemáticas que limitan la movilidad de líderes religiosos socavando así su capacidad para cumplir sus responsabilidad pastorales y contribuyendo al desgaste del ejercicio de la libertad religiosa en el contexto nicaragüense”.
Atacan a la Iglesia porque no pueden controlarla
El abogado nicaragüense Juan Carlos Arce, miembro del Colectivo, explicó que la persecución contra la Iglesia católica en Nicaragua es una “represalia” por el rol de mediadores que los sacerdotes desempeñaron durante el fallido diálogo nacional, en 2018; y, por otro lado, es parte del afán del régimen por controlar todo lo que sucede en el país.
“El régimen de Nicaragua está empeñado en controlarlo todo y que ve en los símbolos de la Iglesia católica, en su infraestructura, sus estructuras, su jerarquía, un riesgo”, advirtió Arce. Por esa razón “apuntan a destruir” o bien usurpar las actividades religiosas.
A su juicio, Ortega, que controla los cuatro poderes del Estado en Nicaragua, tiene como objetivo “configurar una Iglesia a la medida, y en la medida que no la pueden controlar, la van a destruir”.
El Estado organiza actividades religiosas
El activista nicaragüense Yader Valdivia, también del Colectivo, sostuvo que el régimen ha buscado asumir el control de las actividades religiosas “reemplazando a la Iglesia católica en la organización de eventos como procesiones y festividades”.
El Gobierno de Nicaragua, a través de la Policía, ha prohibido a la Iglesia sacar a los santos a las calles desde febrero de 2023, cuando no les autorizó celebrar las procesiones de viacrucis durante la Cuaresma ni después en Semana Santa.
La orden policial fue adoptada después de que Ortega tildó de “mafia” a sacerdotes, obispos, cardenales y al papa Francisco.
Según Valdivia, Ortega, a través de las alcaldías o el Instituto Nicaragüense de Turismo, utiliza “estas celebraciones como herramientas de propaganda política y control social”.
“Promueven la fe como una religión popular, que tratan de maquillar como que sí se siguen realizando actividades religiosas (por parte de la Iglesia católica) y no son más que actividades propagandísticas”, señaló.
Los ataques a la Iglesia católica
Valdivia subrayó que esa usurpación por parte del Estado de las actividades religiosas “va acompañado del ahogamiento financiero y operativo de la Iglesia”, incluyendo el cierre de medios de comunicación y centro de estudios católicos, así como el encarcelamiento y expulsión de sacerdotes.
“Por un lado podemos observar como las actividades religiosas de fe son canceladas o son limitadas a realizarse dentro de los templos (…), y por otro lado como el Estado de Nicaragua ha asumido estas actividades religiosas como actividades populares”, agregó.
Sobre el proceso de ahogamiento financiero que sufre la Iglesia, según el Colectivo, “van desde amenazas fiscales a confiscación y congelamiento de cuentas que han afectado operaciones diarias de la Iglesia”.
El Colectivo instó a las organizaciones internacionales de derechos humanos “a mantener un escrutinio constante sobre la situación en Nicaragua y a tomar medidas efectivas para asegurar que se respeten los derechos fundamentales de todas las personas en el país”, entre ellas “la libertad religiosa, que es un pilar esencial de cualquier sociedad justa y libre, y no podemos permitir que sea socavada”.
Arce sostuvo que “los nicaragüenses vivimos el mayor ataque en la historia de nuestro país a la fe, a la libertad de expresión, a la libertad de organización, es decir el mayor ataque a los derechos humanos en la historia del país“.
