4 de diciembre 2022
AA
Las reformas a la política migratoria y de refugio aprobadas este 30 de noviembre por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, establecen “una serie de limitaciones y de restricciones que violentan derechos ya adquiridos” de personas que necesitan protección internacional, coinciden especialistas en temas migratorios entrevistados en el programa Esta Semana, que se transmite este domingo a través Facebook y YouTube, debido a la censura televisiva del régimen orteguista.
“Te restringe el derecho a la movilización, en tanto te prohíbe viajar a un tercer país. Muchas de las personas que están asentadas en Costa Rica son personas líderes y lideresas, defensores de derechos humanos, que están siendo convocados a otros espacios y foros internacionales para continuar los procesos de denuncia de la dictadura nicaragüense. En segundo lugar, hay una serie de restricciones en el otorgamiento de la condición de refugio que violenta la misma Convención de Refugio”, expresó Adilia Eva Solís, presidenta del Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (Cenderos) y una de las participantes en el panel.
Entre los cambios torales de estas reformas se incluye que el permiso laboral para solicitantes de refugio ya no se extenderá de forma expedita, sino a través de un nuevo procedimiento ante las oficinas de Migración.
Además, toda nueva solicitud de refugio será presentada de forma presencial dentro de un mes natural a partir del día del ingreso de la persona a Costa Rica, sin necesidad de solicitar cita. Los solicitantes tampoco podrán salir a un tercer país. De hacerlo, su proceso será archivado. Quienes ya cuentan con permiso laboral, se les renovará solamente si la persona está inscrita ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Según el presidente Chaves, estas medidas son necesarias para evitar que el sistema de refugio tico sea aprovechado de forma incorrecta por migrantes económicos. A la vez, destacó la falta de apoyo financiero de la comunidad internacional para atender a los miles de solicitantes de refugio, siendo la mayoría nicaragüenses que huyen de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. A ellos se suman cubanos y venezolanos, principalmente.
“Estas medidas, lejos de contribuir a la paz social, a la integración social de las personas extranjeras que habitan o las personas migrantes en flujo o de las personas incluso en condición de pobreza, lo que están haciendo es alimentar conductas y manifestaciones xenofóbicas", advirtió Solís.
Nuevo procedimiento para permisos de trabajo
Una de las trabas para los nuevos solicitantes de refugio en Costa Rica es que deberán completar un nuevo procedimiento en las oficinas de Migración para poder obtener un permiso de trabajo. Hasta este miércoles 30 de noviembre, según Daguer Hernández, exsubdirector de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica y quien también participó en el panel de Esta Semana, a los solicitantes de protección internacional se les entregaba su carnet y permiso laboral de forma expedita; este último entraba en vigencia tres meses después de su emisión.
Ese paso liberó la burocracia de un sistema que empezaba a saturarse con las decenas de miles de nicaragüenses que empezaron a llegar en busca de refugio, tras la violencia política desatada por Daniel Ortega para aplastar la Rebelión Cívica de 2018.
El exfuncionario público señala que en su momento no se contaban con los recursos humanos y materiales para atender la demanda, pero habrá que ver si la actual administración tiene la cantidad de recursos, funcionarios, tiempo y oficinas para gestionar ambos procedimientos -las solicitudes de refugio y el permiso de trabajo por aparte- porque, efectivamente, van a seguir entrando migrantes laborales en condición de refugio.
“Eso no se va acabar, porque lo que hay que resolver es el tema del otro lado, el tema de la migración laboral. No es un problema de refugio. Es un problema de la migración laboral y lo que tenemos ahorita, con estas políticas, es una pérdida en el enfoque sobre qué es el problema”, expresó Hernández.
Asimismo, señaló que se espera que las autoridades cumplan con el resto de plazos para resolver efectivamente las solicitudes de refugio, ahora que se estableció como máximo un mes calendario para que un ciudadano gestione su estatus migratorio.
Para Solís, supeditar la renovación del permiso laboral a que la persona cotice en el sistema de Seguridad Social costarricense es “absurdo”, porque implica que el ciudadano tenga que tener un empleo formal, pero si no goza de un permiso vigente, cómo va a conseguir un contrato laboral, cuestionó la especialista.
Reformas migratorias no deberían ser retroactivas
Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, asegura que recibieron con preocupación los cambios en la política migratoria costarricense. Asegura que, desde la perspectiva del derecho, las reformas no deberían de ser retroactivas; no deberían afectar a quienes ya son solicitantes, sino solo a los nuevos solicitantes de refugio. Sin embargo, en los decretos no se aclara dicho punto.
Estas reformas, principalmente la del permiso laboral, podrían generar mayor precariedad en decenas de miles de nicaragüenses, advierte Carrión. La situación de muchos connacionales solicitantes de refugio no es la mejor, en parte, por las consecuencias económicas provocadas por la pandemia, a las que ahora se suman estas nuevas restricciones, expresó.
Según el comunicado oficial “a la fecha, la Dirección General de Migración y Extranjería, ha recibido 222 056 solicitudes de refugio desde 2018, de ellas 172 689 se encuentran aún pendientes de resolver". El 90% de las solicitudes corresponden a nicaragüenses que se han visto obligados a salir por la crisis sociopolítica.
“Yo pienso que hay serias repercusiones, severas repercusiones, muy desafortunadas y, sobre todo, para la población nicaragüense, porque parten de un desconocimiento y de un análisis (no) adecuado de las condiciones y del contexto. Hay tal nivel de persecución y deterioro masivo de los derechos (en Nicaragua) que cualquier persona se siente amenazada", subrayó, por su parte, Solís durante la entrevista para Esta Semana.
"Por solo el hecho de disentir en Nicaragua, vos sos perseguido, pero al desconocer esa realidad y tomar medidas casi sumarias como están establecidos en estas reformas, te digo que van a haber serias consecuencias a aquellas personas a las que se les vaya a denegar el refugio”, añadió.
Trabas para categoría especial
Las reformas recientes también crean “la Categoría Especial Temporal para Personas Nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela, la cual entraría a regir el 1 de marzo de 2023”. Las personas de estas nacionalidades conforman el 96% de los solicitantes de refugio, según dijo Chaves.
Bajo esa clasificación dichos ciudadanos podrán trabajar por dos años, pero deberán renunciar a la solicitud de refugio, inscribirse en la seguridad social y demostrar que no tienen antecedentes penales en su país. Estas personas podrían aplicar siempre y cuando hayan realizado su solicitud de refugio entre el primero de enero de 2010 y el 30 de septiembre de 2022 y no hayan estado en su país de origen durante ese periodo.
Daguer Hernández considera que la medida es adecuada y similar a la que se promulgó durante el Gobierno del presidente Carlos Alvarado, con la limitante de que ahora se solicita la presentación del antecedente penal apostillado del país de origen de la persona y, de no poder acceder al mismo, no se podría aplicar a a esta categoría migratoria. Señala que hay otras alternativas de seguridad para compensar ese requisito, puesto que a las personas de esas nacionalidades en condición de refugio les es muy difícil conseguir la documentación requerida.
"Para personas nicaragüenses que no tengan razones de persecución política les es fácil conseguir un documento de antecedentes penales, pero para una persona que tenga una situación de persecución no le va a ser sencillo", dijo Hernández.
