29 de noviembre 2023
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo negó el retorno a Nicaragua al sacerdote, Jairo Antonio Mercado Pavón, quien volvía a su patria después de un viaje pastoral por Estados Unidos.
El hecho fue denunciado por la abogada e investigadora, Martha Patricia Molina, quien dijo desconocer los argumentos utilizados por el régimen para desterrar al sacerdote nicaragüense, pero valora es parte de la persecución a la Iglesia católica en Nicaragua.
Molina precisó que en los últimos meses autoridades de Migración "han advertido discretamente a algunos sacerdotes" que no salgan del país, pues si lo hacen ya no podrán volver.
El padre Mercado había sido designado recientemente como encargado de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús en Rivas. Antes estuvo en la parroquia Medalla Milagrosa en Camoapa, departamento de Boaco. Ambas pertenecientes a la diócesis de Granada, que dirige monseñor Jorge Solórzano.
En sus homilías y en sus publicaciones en redes sociales, el padre Mercado se mostraba muy apegado a la doctrina religiosa y no emitía ningún tipo de comentario sobre la crisis sociopolítica del país ni sobre la persecución a la Iglesia.
La negativa de ingreso al país ha sido uno de los métodos represivos utilizados por la dictadura en contra de nicaragüenses opositores políticos, líderes religiosos, periodistas, académicos y miembros de la sociedad civil en general.
La persecución a la Iglesia en Nicaragua
La persecución contra la Iglesia católica inició en 2018 y se profundizó en 2022. Hasta el 20 de octubre pasado se contabilizaban 167 religiosos, sacerdotes y monjas, que han abandonado el país por razones como la expulsión inmediata, el destierro, la negativa de ingreso o el exilio. Estas acciones represivas fueron ordenadas por la pareja dictatorial, según la cuarta entrega del informe Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida? elaborado por Molina e investigación hemerográfica de CONFIDENCIAL.
Según el estudio de Molina, en 2018 se documentaron 90 hostilidades contra la Iglesia; 84 en 2019; 62 en 2020; 55 en 2021; 171 en 2022; y 205 hasta agosto de 2023. De estas, 117 corresponden a ataques, asedios contra templos y edificios religiosos; 82 represiones a laicos; 80 profanaciones y robos; 71 pintas y mensajes de odio y prohibición de 3240 procesiones.
Los actos represivos contra sacerdotes y monjas incluyen amenazas de muerte, difamaciones públicas, agresiones verbales y físicas, asedios, persecuciones, exilio y encarcelamientos.
El estudio, además, revela que 13 propiedades pertenecientes a la Iglesia católica han sido “confiscadas” por el Estado de Nicaragua, pese a que el artículo 44 de la Constitución Política prohíbe la confiscación de bienes.
El régimen orteguista también mantiene como preso político al obispo de la diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien este 28 de noviembre fue exhibido mediante 34 fotografías y un video en las que aparece durante seis supuestas visitas familiares en prisión y tres visitas y una atención médica, después de más de ocho meses de no haber sido mostrado.
