26 de febrero 2019
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se sentará este miércoles 27 de febrero con los negociadores delegados por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para reanudar el Diálogo Nacional que busca una salida pacífica a la crisis nicaragüense, mientras en las cárceles del país hay al menos 777 presos políticos, arrestados, golpeados, torturados y procesados por supuestos crímenes, que han sido fabricados bajo el argumento oficial de un fallido "golpe de Estado". Sin embargo, familiares de los presos políticos y organizaciones de derechos humanos sostienen que los presos políticos deben ser liberados, y no permanecer como rehenes de Ortega y Murillo.
La cifra de presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en Nicaragua, no deja de crecer. Pocos han sido absueltos y muchos han recibido condenas inverosímiles que superan los doscientos años de cárcel, como fue el caso de los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena. Y aunque todos son acusados por “terrorismo” y “crimen organizado”, ---y en algunos casos se fabrican delitos de daños a bienes públicos o asesinatos--- el "crimen" de estos reos de conciencia fue sumarse a la protesta cívica contra el régimen.
En las cárceles, varios reos ---como los campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, o los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda--- han sido aislados en celdas de castigo o el terrible "infiernillo", donde solo entran débiles rayos de luz por una pequeña rendija de un portón. Otros también tienen diversas restricciones, y la norma son las torturas físicas y psicológicas, y las golpizas regulares.
Los juicios de los presos políticos también están llenos de irregularidades, testigos falsos y manipulaciones de la ley, ampliamente denunciadas por familiares y abogados defensores de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
El viernes pasado, las audiencias judiciales fueron suspendidas indefinidamente, según confirmó el abogado defensor Julio Montenegro. Y aunque se comenta que los presos políticos sin condena podrían ser liberados, la realidad es que aún no hay ninguna explicación al respecto.
De cara a la posible reanudación del Diálogo Nacional, la condición mínima que demandan diversos sectores de la población es la liberación de los presos políticos, que, según el listado preliminar, publicado por el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, hasta el 15 de febrero de 2018, es de 777 reos de conciencia. Mientras, ningún policía o paramilitar ha sido detenido o procesado por los asesinatos durante la represión oficial, que se cuentan en al menos 325 confirmados.
Según los datos del Comité Pro Liberación de los Presos Políticos, el 60% de los detenidos proviene de ciudades fuera de Managua, sin embargo, la mayoría son procesados en la capital. Ese fue el caso de Brandon Lovo y Glen Stale, dos jóvenes de Bluefields condenados por el asesinato del periodista Ángel Gahona, aunque testigos y familiares señalaron a la misma Policía como la responsable.
Asimismo, son presos políticos al menos 20 adolescentes que se habrían involucrado en la lucha cívica y hay tres mujeres transgénero que están presas en penal de varones y sus familias han denunciado abusos sexuales en su contra. Además, hay más de 140 personas detenidas de las cuales se desconoce su paradero.
Las denuncias por maltratos en prisión han surgido desde que los reos son detenidos y posteriormente son llevados a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote. Algunos de los detenidos, incluso, han sufrido secuelas irreversibles, como Dilon Zeledón, un joven universitario de Matagalpa que abandonó UNEN para unirse a la lucha cívica, y que, según denunció su mamá, quedó sordo de su oído derecho por varias golpizas que le dieron en el penal.
Varios organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, que han podido acceder a las cárceles han denunciado las torturas. En diciembre pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusó a Ortega de comer crímenes de lesa humanidad y también señalaron al jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz. Asimismo, afirmaron que el Ministerio Público y la Fiscalía se han convertido en un instrumentos más de la represión del régimen.
A finales de enero un grupo de diputados del Parlamento Europeo también confirmó las condiciones de los presos políticos en El Chipote y La Esperanza.
“En El Chipote las condiciones son subhumanas… no son condiciones ni para criar cerdos. Los cerdos en mi país se meten en mejores sitios que esa celda. Es inadmisible, una vergüenza”, aseguró a CONFIDENCIAL el eurodiputado, José Inácio Faria, después de ver la celda precaria en la que permanecía Miguel Mora, ahora trasladado al Sistema Penitenciario La Modelo, aunque su juicio está previsto hasta el 18 de marzo, para cuando habría cumplido casi tres meses en prisión ilegal.
