27 de febrero 2025
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La reforma a la Constitución Política de Nicaragua realizada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “más parece un decreto real que una Constitución”, valoró un integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN). Los cambios realizados son tan profundos que, asegura, implican “una sentencia de muerte para el Estado de Derecho” y la “consolidación del poder” de la familia gobernante.
“Con una Constitución hecha a su medida, el presidente y la ahora copresidenta, que lucharon en el pasado contra una dictadura familiar (los Somoza), han creado otra, pero aún más grotesca”, afirmó el húngaro Reed Brody, uno de los tres miembros del Grupo de Expertos.
Con las modificaciones legales, la pareja presidencial “tiene potestad constitucional para suspender todos los derechos, llamar al Ejército para emprender acciones policiales y desplegar una nueva policía voluntaria de encapuchados que recuerda tristemente a los que participaron en la represión sangrienta de 2018 que dejó un saldo de 300 muertos”, añadió.
“Más que una constitución es un decreto real”, subrayó el experto de la ONU.
El presidente del Grupo de Expertos, el alemán Jan-Michael Simon, también enfatizó que esta reforma constitucional “es nula”, que viola los derechos fundamentales de los nicaragüenses y “no tiene vigencia” ante los ojos de la comunidad internacional.
“Incluso una base constitucional no hace que esto (los abusos del régimen) sea legal frente a los ojos del derecho internacional y de los derechos humanos. Es una Constitución que, en la medida que viola las obligaciones internacionales de Nicaragua, es nula y no tiene ninguna vigencia frente a los ojos de la comunidad internacional”, precisó el experto.
Simon agregó que muchas de las violaciones a los derechos de los nicaragüenses, que el GHREN ha registrado en los últimos tres años, ahora aparecen reflejadas en el texto constitucional. Estos hechos “representan una clase particular del mal”, ya que todo el Estado es utilizado para perseguir a la población.
Constitución aplicada de forma retroactiva
Para el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Andrés Sánchez Thorin, la “aplicación inmediata” de la reforma constitucional nicaragüense genera “incertidumbre jurídica” y rompe con el “orden constitucional e institucional”.
Pese a que la Constitución Política de Nicaragua “prevé la no retroactividad de las leyes, la aplicación inmediata de esta (nueva) Constitución, ha alterado el orden constitucional y el institucional, el cual no cuenta con un marco legal claro ni leyes que regulen su implementación”, explicó Sánchez Thorin.
El representante de OACNUDH ejemplificó que, en los últimos decretos oficiales del régimen, aparece la firma de Rosario Murillo como copresidenta, pese a que “no ha habido una elección para ese cargo” y la Ley Electoral tampoco ha sido reformada para integrar la figura de la copresidencia.
El régimen está “amparándose en esa nueva figura (la copresidencia) creada en la nueva Constitución. Sin embargo, la Ley Electoral aún no ha sido reformada para integrar esta figura, lo que genera una negación al principio de legalidad y una consolidación del poder sin base constitucional”, subrayó el experto.
Institucionalización de los abusos
Los defensores de derechos humanos también valoran que la reforma total a la Constitución, que el régimen promueve como parcial, institucionaliza a nivel jurídico prácticas ya existentes de violaciones de los derechos humanos y además debilita el Estado de Derecho.
El representante de OACNUDH alertó que la aplicación de la reforma tendrá “un impacto grave” ya que, entre otras cosas, legaliza a los paramilitares e institucionaliza los mecanismos de control a la población.
Asimismo, Sánchez Thorin señaló que los criterios de aplicación de la norma son “vagos y ambiguos”, por lo que pudiese aumentar los niveles de represión en el país.
Mientras tanto, el defensor de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca Más, Salvador Marenco, enfatizó que, a casi siete años del inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua, “ha desaparecido” cualquier vestigio de democracia e institucionalidad.
“La impunidad y el autoritarismo se legalizan a través de unas nulas reformas constitucionales, facilitando el despojo arbitrario y discrecional de la nacionalidad, además de eliminar cualquier restricción al Ejército… y la institucionalización de estos grupos paraestatales, dejando al país en una situación de extrema vulnerabilidad”, enfatizó Marenco.
Con la institucionalización de agentes paraestatales, a través de la reforma constitucional, el régimen pretende dos fines específicos, advierte Marenco, “infundir terror en la población y ampliar el régimen de impunidad y arbitrariedad con que han actuado”.
