30 de junio 2023
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Por segundo año consecutivo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo registró 250 millones de córdobas bajo el concepto de “Servicio de la Deuda Pública Interna 2023” que deberían desembolsarse para costear el pago de indemnizaciones laborales a 686 médicos despedidos por el Ministerio de Salud (Minsa).
Este grupo de despedidos está conformado principalmente por médicos cesados laboralmente por protestar en 2018, expresar sus opiniones científicas o protestar por la mala gestión de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de la covid-19 por parte de la dictadura orteguista.
Esto fondos ya habían sido presupuestado en 2022, cuando el régimen emitió el acuerdo presidencial 28-2022, publicado en La Gaceta, Diario Oficial del Estado el 28 de febrero de ese mismo año. Sin embargo, este monto, no fue desembolsado durante todo 2022 para pagar las indemnizaciones a los médicos despedidos.
En 2023, fue el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que emitió el acuerdo ministerial 05-2023 publicado en La Gaceta el viernes 23 de junio, en el cual vuelve a registrar el pago de las indemnizaciones laborales para estos sanitarios cesanteados.
Sin embargo, en esta ocasión, el acuerdo ministerial establece una serie de artículos para hacer efectivo el pago de las indemnizaciones a los trabajadores de Salud. El acuerdo de Hacienda manda a la Dirección General de Presupuesto y a la Tesorería General de la República para garantizar los créditos presupuestarios y de esta manera elaborar comprobantes de gastos y hacer efectivo el pago de las indemnizaciones.
Médicos siguen esperando sus liquidaciones laborales
Dos médicos que forman parte del personal de Salud despedido en 2020 confirmaron que durante 2022, ninguno de estos sanitarios recibió su indemnización laboral, como establecen las leyes de Nicaragua.
“Sé que el año pasado se hizo esa solicitud para indemnizar a los médicos despedidos, pero del grupo de médicos que conozco y lo que ellos mismos me han dicho de otros médicos que fueron corridos cuando ocurrió este asunto del covid-19, a ninguno han indemnizado”, expresó uno de los doctores, bajo condición de anonimato.
“Yo escuché de ese pago para los médicos, pero seguro ocuparon esos fondos para otras cosas, porque hasta donde sé, a nadie le han pagado”, añadió otro médico consultado.
El Minsa ha despedido en los últimos cuatro años a más de 400 médicos, según datos de la Unidad Médica Nicaragüense, conformada por doctores despedidos de 2018, por brindar atención sanitaria a los heridos de las protestas civiles de ese año, reprimidas con violencia por fuerzas policiales y paramilitares leales de la dictadura orteguista.
Debido a esta ola represiva cientos de estos médicos se exiliaron y otros demandaron —sin éxito— su reintegro laboral. Según documentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre abril y septiembre de 2018, hubo al menos 300 despidos de médicos que trabajaban en hospitales públicos de Managua, León, Masaya y Estelí.
Despidos injustificados
Cuando se desató la crisis sanitaria de la covid-19 en 2020, el Minsa despidió sin ninguna justificación a personal de los hospitales Manolo Morales, Bertha Calderón Roque y Antonio Lenin Fonseca. Entre estos había médicos especialistas que tenían décadas trabajando para el sector público y que durante la pandemia dieron entrevistas y firmaron pronunciamientos públicos donde exigieron equipo de protección personal.
En represalia, el Minsa les entregó una carta de despido donde no se les explicó las razones de la decisión. Aunque, con algunos sanitarios, el personal de Recursos Humanos reconocía que no entendía la causa, pero que “seguían una orden de arriba”.
Los estudios de sobremortalidad ubican a Nicaragua como el país de Centroamérica con mayor exceso de muertes atribuibles a la pandemia.
La dictadura de Daniel Ortega minimizó la pandemia de la covid-19 y a pesar del alto número de hospitalizaciones y de fallecidos que se reportaron de forma independiente, el Minsa asegura que sólo hubo 245 fallecidos, la última muerte que reconocen ocurrió a principios de julio de 2022. Sin embargo, los análisis de sobremortalidad, basados en datos oficiales, desmienten esta versión.
El análisis de los datos de sobremortalidad señalan que en realidad, en Nicaragua fallecieron unas 32 000 personas por afectaciones derivadas de la pandemia de la covid-19.
Estudios de sobremortalidad nacionales realizados por médicos independientes calculan que hubo un exceso de 16 700 muertes por diabetes, neumonía, hipertensión e infartos entre 2020 y 2023, este excedente de fallecidos en estas cuatro causales es atribuible a la covid-19 y al considerarse otras causas se eleva aún más.
En Nicaragua, el Minsa usó estas cuatro causas de muerte para ocultar los fallecidos por covid-19. Según confirmaron médicos y familiares de los fallecidos, los pacientes se contagiaron del coronavirus y esto agravó las condiciones médicas preexistentes que estos tenían. Sin embargo, la causa principal de su fallecimiento fue la pandemia.
