27 de noviembre 2023
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La nueva ley impuesta por la dictadura orteguista, que reduce las indemnizaciones por antigüedad a todos los empleados públicos, provoca un descontento generalizado entre los funcionarios, que, en silencio, ven como sus derechos laborales son violentados sin tener la posibilidad de reclamar. Están molestos e inconformes, y aseguran que se castiga a quienes se quedan.
“Mi reacción fue de enojo” dice Juan, quien lleva más de siete años trabajando en una institución estatal. “En mi institución han renunciado una cantidad de personas que ni siquiera puedo contar con las manos en los últimos meses”, asegura. Esas renuncias en cadena “descapitalizan al Estado y los que estamos quedando nos vemos afectados porque ahora agarramos la terminación con esta ley”, expresa.
Empleados públicos "seguirán renunciando"
Juan considera que a partir de la ola de renuncias de empleados públicos para migrar, principalmente, a Estados Unidos, el Gobierno creó esta ley, que castiga a quienes se mantienen en sus puestos. Reconoce que “todo mundo -entre los trabajadores- está molesto por el asunto”. “Eso no va a cambiar nada. La gente va a seguir renunciando le den o no le den indemnización porque ya tienen planes. La gente sabe lo que quiere y que va hacer”, sostiene.
El 23 de noviembre, los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional aprobaron la "Ley para el cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado", que fue calificada por abogados como “traición” y un retroceso en materia de derechos laborales adquiridos.
Básicamente, la ley establece una tabla de indemnizaciones por antigüedad que somete al trabajador a 20 años de labor ininterrumpida para gozar los mismos beneficios que se podían lograr con tan solo seis años laborados, según lo que establece el Código del Trabajo. Además, reduce aún más los beneficios para quienes tengan menos de cinco años de servicio.
"Más bien te están diciendo que mejor te vayas"
“Desde que nos dimos cuenta ha sido un descontento de manera general, desde la gente que tiene puestos de mayor responsabilidad hasta los más bajos. Tanto que te has matado trabajando y ahora si querés renunciar, no te entregan nada. No lo vemos justo”, dice Manuel.
En la institución donde trabaja, que solicitó no se mencionara por temor a represalias, muchísimas personas renunciaron para migrar. Se fueron de todas las áreas, desde directivos hasta conserjes, tanto en Managua, como en los departamentos. Esas bajas los golpeó porque varios puestos alrededor del país quedaron vacíos por un tiempo. “Para mí, esta no es una ley para retener personal, más bien te están diciendo que mejor te vayas”, dice desconsolado.
Según la nueva tabla de indemnizaciones establecida por esta ley, los trabajadores que tengan de tres a diez años laborados continuos y renuncien, obtendrán el equivalente a un mes de salario por antigüedad; quienes acumulen de diez a 15 años cobrarán el equivalente a dos meses de su sueldo. En el caso de quienes tengan de 15 a 20 años de trabajo, el Estado de Nicaragua les reconocerá tres meses de sueldo como liquidación. Y solo quienes trabajen 20 años continuos para el sector público tendrán un pago equivalente a cinco meses de su salario. El mismo beneficio al que podía optar cualquier trabajador público con seis años de trabajo continuo.
Reducir liquidaciones: Un cálculo a favor de la dictadura
Manuel tiene una década completa laborando en el Estado. Si él decidiera renunciar ahora mismo, solamente tendría derecho a la indemnización equivalente a un mes de su salario, cuando antes del jueves 23 de noviembre, que los diputados orteguistas aprobaran esta ley, podía cobrar un mes de salario por cada uno de los primeros tres años trabajados, y a partir del cuarto año, 20 días de salario por cada año hasta completar cinco meses de indemnización, según establece el artículo 45 del Código del Trabajo. Sin embargo, ahora, deberá trabajar otra década para gozar del beneficio que ya tenía ganado y del cual fue despojado.
Siguiendo con el ejemplo de Manuel, quien devenga un salario de 15 000 córdobas mensuales (409 dólares al cambio oficial), antes que la nueva ley entrara en vigencia, tenía derecho a recibir por antigüedad un estimado de 75 000 córdobas –según el cálculo establecido en el Código laboral-, pero con la actual normativa, perderá el 80% de su indemnización real, equivalente a 60 000 córdobas, y solo recibirá 15 000 córdobas.
Para este empleado público el Gobierno lo que está haciendo es preparándose para una nueva “oleada de migración”, que repercute en más renuncias en el Estado. “Con esta ley se van ahorrar muchas indemnizaciones cuando se vaya un montón de gente”, expresa.
Abogados consultados por CONFIDENCIAL ven en esta ley una regresión en materia de derechos laborales, que condena a los funcionarios públicos a esclavizarse por décadas para completar una indemnización razonable. Ahora, quienes lleven menos de tres años laborando de forma ininterrumpida y decidan renunciar no recibirán un solo peso por antigüedad, cuando antes se remuneraba desde el primer año trabajado.
Represión silencia descontento de trabajadores del Estado
Javier trabaja en una alcaldía de Nicaragua y está en desacuerdo con la reducción de indemnizaciones para los empleados públicos. Asegura que la normativa no beneficia y más bien “parece que eso lo crearon para que los trabajadores le demuestren más lealtad y fidelidad” al régimen orteguista. Pero también lo ve como un “castigo” para aquellos colaboradores de “grandes cargos” que deciden renunciar para irse del país.
Esa incomodidad que comparten todos los funcionarios públicos por la violación a sus derechos se hunde en el silencio por temor a la represión orteguista. “No han mandado circular o comunicado, en realidad, todo se maneja calladito. Nadie se ha pronunciado, ni se pronunciarán”, dice Manuel. A Javier tampoco le ha informado nada en su trabajo.
“Me siento de manos atadas porque no puedo hacer mucho para cambiar eso que pasó”, lamenta Juan. En la institución en la que trabaja nadie se ha referido al tema, pero si compartieron el archivo de la ley a través de los grupos de WhatsApp, medio en el que difunden información partidaria, señala.
Violan normas constitucionales y derechos laborales
El mensaje político que revela el régimen, señala el abogado Juan Diego Barberena, es que hay una cantidad importante de renuncias de trabajadores del Estado, y que ahora, intentan retener sometiéndolos a “indemnizaciones paupérrimas”. De tal forma, que quien decida irse, se irá casi con las manos vacías.
"Los más afectados son todos los servidores públicos de las distintas carreras: carrera docente, carrera judicial, carrera administrativa, administrativa, municipal... Hay, evidentemente, una violación a los derechos laborales adquiridos por estos trabajadores y trabajadoras, para tener una liquidación justa... Con esta reforma le están robando a los trabajadores su indemnización laboral en caso de renuncia", dijo el abogado en entrevista con el programa Esta Semana.
La ley de indemnización afecta a "todos los trabajadores del sector público, sean estos del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Electoral, Entes Autónomos y Gubernamentales, municipios y órganos de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe", y "las disposiciones de la presente ley serán aplicables a los regímenes de carreras establecidos por otras leyes, en lo que corresponda al sector público", se lee en el texto aprobado por los diputados orteguistas.
El abogado y exfuncionario judicial, Yader Morazán, coincide en que la reforma "es un robo total a los trabajadores". Además, explica que "es inconstitucional, porque atañe en contra del principio constitucional de trabajo igual por salario, igual. Y aparte de que es una ley discriminatoria porque le da un trato, un fuero atractivo, diferente al que corresponde a los trabajadores del sector privado".
Barberena agrega que "hay también una violación al título preliminar del Código del Trabajo que establece una serie de principios en razón del derecho laboral".
"Principalmente --detalla-- hay una violación al principio de aplicación progresiva de las normas laborales", porque recuerda que "la aplicación de la ley siempre debe a ser en favor del trabajador".
Las fuentes consultadas coinciden en que los grandes ausentes son los sindicatos, que, en teoría, velan por los derechos laborales, pero que en la práctica son partidarios del régimen orteguista, y les guste o no las nuevas disposiciones tienen que acoplarse y respaldarlas.
Obispo Báez: "Es arrebatar el pan y la dignidad"
En su homilía del domingo 26 de noviembre, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, desde la parroquia Santa Agatha en Miami, criticó la medida tomada por el régimen orteguista contra los empleados del Estado.
"Es inaceptable que los tiranos de hoy recorten los beneficios de la Seguridad Social, arrebatando el pan a los más pobres: a los ancianos y a los enfermos. Por eso también es injusto el robo descarado de los dictadores que recortan las liquidaciones, a la que los empleados públicos tienen derecho, solo para obligarlos a seguir trabajando dentro de un Estado corrupto. Es otro modo --señaló-- de arrebatar el pan y la dignidad a los demás".
