8 de marzo 2024
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Los derechos de las mujeres están en “un franco retroceso” en Nicaragua. No es que antes tenían avances significativos, aclaran activistas y feministas, pero el deterioro acelerado de los derechos de las mujeres es más evidente porque en la medida que el Estado de derecho se ha debilitado, la agenda de las mujeres y las niñas también se ha visto perjudicada. Así es el panorama este 8 de marzo en Nicaragua, Día Internacional de la Mujer.
Una vez más las mujeres nicaragüenses no pueden manifestarse para exigir la reivindicación de sus derechos, centenares de organizaciones feministas han sido canceladas y sus propiedades confiscadas, mientras los índices de violencia de género siguen en aumento y permea la idea de una falsa equidad en la que las mujeres no ejercen ningún poder real.
CONFIDENCIAL resume ocho retrocesos en los derechos de las mujeres en Nicaragua, a propósito del 8 de marzo.
1. Seis años sin poder marchar
En el Día Internacional de la Mujer, las mujeres nicaragüenses no tienen posibilidades de manifestarse en las calles sin ser reprimidas, debido al estado policial de facto, impuesto en el país.
La última vez que las mujeres protestaron para exigir la reivindicación de sus derechos y plantear sus demandas al Estado fue el 8 de marzo de 2018, cuarenta días antes del inicio de la Rebelión de Abril. Desde entonces el régimen de Ortega y Murillo tomó el control de las calles y ahora nadie puede manifestarse. Las marchas están prohibidas.
El no poder manifestarse este #8M en Nicaragua es causa de “indignación” para las mujeres y confirma el carácter autoritario del régimen nicaragüense. Cualquier reunión de mujeres sea en espacios públicos o privados implica intimidación de grupos paramilitares y se corre el riesgo de ser encarcelado porque la dictadura no tolera el más mínimo acto de disidencia.
2. Violencia machista dejó 74 víctimas de femicidio en 2023
Datos de la organización Católicas por el Derecho a Decidir indican que 2023 cerró con 74 víctimas de femicidios; 23 de los cuales ocurrieron en el Caribe y 22 en el extranjero. La mayoría de estos crímenes se caracterizan por la crueldad con que fueron cometidos, una de estas mujeres —inclusive— fue quemada viva por su pareja, quien luego se suicidó.
Entre enero y febrero de 2024 también fueron asesinadas otras cinco mujeres nicaragüenses, tres en el territorio nacional y dos en el extranjero, según la organización.
A pesar de estos datos alarmantes sobre la situación de violencia que viven las mujeres en Nicaragua, el régimen orteguista no ha realizado ninguna acción para prevenir esto, indican activistas feministas. Por el contrario, sigue imperando la impunidad en las agresiones contra las mujeres.
3. Régimen mantiene 19 mujeres presas políticas
Las mujeres tampoco se escapan de los juicios políticos del régimen orteguista. A la fecha, 19 activistas políticas y estudiantiles, feministas, y defensoras de derechos humanos permanecen como presas de conciencia. Los juicios contra ellas se han realizado sin el debido proceso, sin garantías judiciales y con decenas de irregularidades.
La permanencia de la mayoría de estas mujeres privadas de libertad ha sido en condiciones precarias, en régimen de aislamiento y en algunos casos sin derecho a visitas de familiares y abogados, sin una alimentación adecuada, sin chequeos médicos y sin ningún otro derecho, a pesar que muchas de ellas tienen enfermedades crónicas.
La mayoría de las presas políticas han sido declaradas culpables por supuestamente cometer menoscabo a la integridad nacional, propagar noticias falsas, y hasta de tráfico de estupefacientes, con condenas entre los ocho y 12 años de cárcel.
4. Maternidad forzada a menores de edad
Nicaragua también es el país con la tasa de natalidad adolescente más alta de América Latina y el Caribe, con 85.6 casos por cada 1000 adolescentes, según datos de 2022 publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Una situación que “preocupa” a organismos de Naciones Unidas, pero que ha sido “naturalizada” por las autoridades nicaragüenses.
Los datos de la OMS, citados en el informe “Situación de los derechos humanos en Nicaragua”, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), indican que las complicaciones del embarazo y el parto son “la principal causa de muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años en países de renta media y baja”.
Los embarazos a temprana edad afectan la salud física y psíquica de las menores y son un factor de riesgo para que no culminen sus estudios básicos y para arrastrarlas a un ciclo de pobreza. Sin embargo, en Nicaragua desde octubre de 2006 la Asamblea Nacional prohibió que se realizaran abortos terapéuticos, una posibilidad que en el país estaba vigente desde hacía más de cien años.
De acuerdo con el Código Penal vigente en Nicaragua, todo contacto sexual con una menor de edad “es considerado una violación”. Pero, frente a miles de embarazos de niñas y adolescentes, el régimen simplemente no investiga ni sanciona a los agresores.
5. Más de 300 oenegés de mujeres canceladas
El régimen orteguista, además, ha cancelado más de 3000 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas más de 200 que trabajaban exclusivamente con mujeres y otro centenar que, además, atendía a la comunidad LGBTIQ, de acuerdo con María Teresa Blandón, socióloga y feminista desterrada de facto por la dictadura orteguista.
Tal situación ha dejado a miles de mujeres víctimas de violencia desprotegidas y sin acceso a programas de prevención.
Muchas de las organizaciones canceladas brindaban servicios de salud sexual y reproductiva, acompañaban a las mujeres víctimas de violencia e incluso tenían albergues donde estas se refugiaban.
Las propiedades confiscadas por el régimen a estas organizaciones han sido utilizadas para “cualquier cosa”, haciendo gala de que al orteguismo “no le interesan” los derechos de las mujeres, comenta Blandón. Su único objetivo con esta embestida ha sido acallar a las organizaciones sociales.
6. Un país sin políticas de prevención de la violencia
Nicaragua también carece de una estrategia “articulada” para frenar el aumento de la violencia machista, en un contexto de impunidad y la acelerada desarticulación de organizaciones defensoras de las mujeres, un conjunto de factores que propicia un escenario peligroso para las mujeres, advierten activistas feministas.
Blandón sostiene que el régimen nunca ha explicado cuál es su propuesta del Estado para enfrentar la violencia machista. En todo caso, señaló que una estrategia requiere de acciones sostenidas en el tiempo, que permitan la adopción de medidas que eviten que estos casos se repitan.
Apenas en julio de 2023 la dictadura presentó una “cartilla informativa” para que las mujeres víctimas de violencia conozcan el procedimiento para denunciar a sus agresores. Sin embargo, este esfuerzo llega ocho años tarde y es “una salida de paso” ante el incremento de femicidios y violencia de género.
Antes, en enero de 2021, fue instaurada la cadena perpetua para ciertos hechos delictivos de gravedad excepcional. Sin embargo, este hecho “no ha tenido ningún impacto positivo” en cuanto a reducir el número de femicidios, señala Luisa, otra defensora de los derechos de las mujeres, que pidió no ser identificada por temor a la persecución generalizada en Nicaragua.
7. Mujeres obligadas a mediar con sus agresores
Ante el aumento de la violencia machista, el régimen orteguista reabrió las Comisarías de la Mujer que había cancelado en 2015. Son 298 hasta febrero de 2024, según declaraciones del inspector general de la Policía, comisionado general Jaime Vanegas. Estas instancias, sin embargo, no cuentan con personal capacitado, ni recursos suficientes y no hay una red institucional que dé seguimiento a las denuncias de las mujeres.
Luisa relata que las quejas constantes de las mujeres víctimas de violencia consisten en que en estas comisarías no brindan la atención debida, se les revictimiza y en muchas ocasiones se intenta mediar con los agresores.
La activista también aseguró que la violencia machista viene desde las mismas instituciones del Estado, empezando por las Comisarías de la Mujer.
“Puede abrir mil comisarías en todas las cuadras, pero mientras no exista conciencia sobre esta situación de violencia hacia las mujeres, no va haber solución”, cuestionó.
8. El espejismo de la igualdad de género
La dictadura orteguista también se jacta de que Nicaragua se encuentra entre los diez países con mayor igualdad de género. Esta paridad impuesta mediante la Ley No 648, Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, conocida como Ley 50/50, ha generado una presencia clientelar y partidista en cargos públicos. En ningún momento se les otorgó un poder real a las mujeres.
Muestra de ellos es que en septiembre de 2023 la dictadura sandinista instaló las “cojefaturas” dentro la Policía Nacional y ascendió a diecinueve comisionadas generales como parte de una estrategia para comprometer a las mujeres policías a “reprimir más”. A la par, según feministas y expertos en seguridad, “calman el descontento” dentro de las filas policiales, “pagan lealtades” y posicionan a Rosario Murillo como “defensora de los derechos de las mujeres”.
Aunque la presencia de mujeres en los puestos públicos es cada vez más notoria, pocas son conocidas públicamente con nombre y apellido. No brindan entrevistas a los medios de comunicación y únicamente ejecutan las órdenes de la vocera del régimen sandinista, Rosario Murillo, que es la única mujer con poder dentro de la dictadura.
