11 de septiembre 2023
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Volker Türk, advirtió que la situación de los derechos humanos en Nicaragua ha seguido “deteriorándose gravemente”. Esto ha causado “un efecto paralizador en la sociedad nicaragüense”, ya que cualquier persona que critique al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es “castigada”.
En su informe Situación de derechos humanos en Nicaragua —presentado durante el quincuagésimo cuarto período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que se celebra entre el 11 de septiembre al 6 de octubre— el organismo destaca que en el último año las personas consideradas opositoras al régimen y sus familiares han sido “perseguidas y sometidas” a una amplia gama de “medidas arbitrarias que violan sus derechos humanos”.
Estas medidas arbitrarias incluyen “penas de prisión dictadas sin juicio y la privación de la nacionalidad mediante decisiones judiciales que carecen de toda semejanza con la legalidad”. Asimismo, se le ha negado el ingreso a su país a 27 nicaragüenses, obligándolos a desplazarse.
Además, con la eliminación progresiva de todas las asociaciones independientes, el control de todas las instituciones públicas y la expulsión y el exilio de los principales dirigentes de la oposición, el régimen “ha reducido el espacio cívico y democrático hasta tal punto que no deja lugar a la disidencia”, subrayan.
Detenciones sin el debido proceso
Durante la presentación del informe, que abarca el periodo entre el 15 de agosto de 2022 y el 15 de junio de 2023, Türk señaló que "ejercer el activismo cívico y la defensa de los derechos humanos se ha vuelto casi imposible". Las detenciones de opositores continuaron registrándose periódicamente. Esta práctica aumentó entre agosto y noviembre de 2022 en relación con la mayor persecución a la Iglesia católica y durante las votaciones municipales.
La Oacnudh, además, ha seguido observando “un patrón de violaciones sistemáticas de las garantías procesales y del derecho a un juicio justo” para los presos políticos.
Indican que las detenciones han seguido produciéndose sin órdenes judiciales ni información sobre los motivos. A los detenidos se les ha impedido comunicarse de manera oportuna, libre y confidencial con sus abogados y sólo han podido reunirse con ellos antes de las audiencias y bajo la supervisión de agentes de la Policía.
Agregan que los abogados han tenido acceso limitado a los documentos judiciales, incluidas las pruebas. Las audiencias en su mayoría no han sido públicas, sin que se justifique su inaccesibilidad al público y sin previo aviso a los acusados y a sus abogados sobre la fecha y hora de las audiencias.
“Numerosas audiencias se llevaron a cabo en el complejo policial Evaristo Vásquez, en Managua, al que sólo pueden acceder policías y personal judicial. Algunas audiencias tuvieron lugar a las cuatro de la mañana para evitar el escrutinio público. Esas prácticas violan el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otras normas internacionales de derechos humanos”, se lee en el informe.
La Oacnudh también ha documentado 49 casos en los que los jueces de ejecución modificaron indebidamente las condenas, aumentando las penas después de que se habían celebrado los juicios.
“En un caso el Tribunal Supremo condenó a una persona juzgada por el delito de socavar la integridad y la soberanía nacional a 13 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos o empleos públicos. Tres meses después, otro juez condenó a la misma persona por traición a la patria, nuevo delito basado en los mismos hechos, y lo condenó a la inhabilitación vitalicia para ejercer cargos públicos o electos”, detalla el informe.
El despojo “arbitrario” de la nacionalidad
Otra medida que “preocupa” a la Oacnudh es el despojo de la nacionalidad ejecutado por el régimen Ortega-Murillo en contra de 317 ciudadanos. Señala que estas medidas “son arbitrarias y no están permitidas por el derecho internacional”.
Además, tales medidas y la manera en que estos casos fueron manejados por las autoridades judiciales, incluido el hecho de que aparentemente no tenían ningún fundamento en la legislación nacional, “han generado preocupación sobre la independencia e imparcialidad” del Poder Judicial en Nicaragua.
La Oacnudh también ha documentado 43 casos de personas, entre las 317 privadas de su nacionalidad, a quienes se les negaron copias de documentos del registro civil y expedientes académicos universitarios y los funcionarios les dijeron que no existían en los registros públicos.
Esta medida, valora Oacnudh, ha tenido un impacto “gravemente negativo” en los derechos de las personas afectadas y sus familias. “En un caso especialmente grave, también se habría eliminado del registro civil la inscripción del nacimiento del hijo de una de las personas afectadas”, subraya el informe.
“Se ven especialmente afectadas las personas que recibían pensiones o habían aportado al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), quienes habrían sido borrados de sus registros personales y privados de su derecho a una pensión”, agregan.
Cierre de organismos afecta a los ciudadanos
Por otro lado, la Oacnudh destaca que, entre el 15 de agosto de 2022 y el 15 de junio de 2023, la Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación (Migob) cancelaron la personalidad jurídica de 1988 Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), incluidas 298 organizaciones extranjeras registradas en el país y universidades privadas. En total 3338 personalidades jurídicas habrían sido revocadas desde 2018.
“Estas revocaciones han llevado a las organizaciones a suspender sus diversos tipos de asistencia, impactando negativamente en el disfrute de una serie de derechos humanos de los beneficiarios”, se lee en el informe.
“Las organizaciones médicas que prestan servicios de atención sanitaria que no están disponibles en el sistema público han tenido que cerrar; las asociaciones empresariales han perdido su capacidad de representar sus intereses; y las mujeres, los Pueblos Indígenas y los afrodescendientes han perdido organizaciones que trabajaban por sus derechos”, agregan.
El organismo también indica que un estudio que evaluó el impacto del cierre de una muestra de 53 de las 3338 asociaciones cerradas, concluyó que solo con el cierre de esas organizaciones, Nicaragua había perdido una inversión de 41 millones de dólares, 2000 empleos y servicios para más de 1 millón de beneficiarios.
