16 de septiembre 2023
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Nicaragua es el país con la tasa de natalidad adolescente más alta de América Latina y el Caribe, con 85.6 casos por cada 1000 adolescentes, según datos de 2022 publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Una situación que “preocupa” a organismos de Naciones Unidas, pero que ha sido “naturalizada” por las autoridades nicaragüenses.
Los datos de la OMS, citados en el informe Situación de los derechos humanos en Nicaragua, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), indican que las complicaciones del embarazo y el parto son “la principal causa de muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años en países de renta media y baja”.
Por esa razón, los Estados deben adoptar medidas legislativas y políticas para prevenir los embarazos no deseados. Situación que no ocurre en Nicaragua, lo que “puede suponer la violación de una serie de derechos humanos de las niñas”, según OACNUDH.
De acuerdo con el Código Penal vigente en Nicaragua, todo contacto sexual con una menor de edad “es considerado una violación”. Pero, frente a miles de embarazos de niñas y adolescentes, el régimen simplemente no investiga ni sanciona a los agresores.
“Hay una naturalización de la violencia contra las niñas y las adolescentes”, subrayó la socióloga y feminista María Teresa Blandón.
Situación en casas maternas del Estado
“Todas las organizaciones feministas sabemos que las casas maternas, que existen en el país, han estado llenas de niñas y adolescentes embarazadas. Este Gobierno ha naturalizado el embarazo en niñas y adolescentes y, por ende, el embarazo por violación”, afirmó.
“El Ministerio de Salud —prosiguió— únicamente se asegura de que estas chavalas (adolescentes) vayan a parir a los hospitales, para prevenir riesgos mayores, porque sabemos que son embarazos de alto riesgo”.
Los datos de la OMS, citados por la OACNUDH, revelan que, en Nicaragua, el Ministerio de Salud (Minsa) registró 37 muertes maternas en 2022, un 19% de ellas eran menores de 20 años.
Además, señala que Nicaragua tiene bajas tasas de acceso a métodos anticonceptivos.
Según el Instituto Nacional de Información para el Desarrollo (Inide), entre 2020 y 2021, los embarazos adolescentes aumentaron a 28 408, incluyendo casos de niñas entre diez y catorce.
Estos datos demuestran que dentro de las políticas públicas de salud “no existe ninguna estrategia encaminada a prevenir esos embarazos y tampoco, por ende, prevenir el abuso sexual y la violencia”, afirmó Blandón.
Preocupación por matrimonios de adolescentes
Otra expresión de las múltiples violaciones a los derechos humanos de las niñas registradas en Nicaragua, son los matrimonios infantiles. En 2021, el Inide mostró que 29 niñas embarazadas —de entre diez y catorce años— estaban casadas. A nivel general 1192 menores de edad estaban en pareja de hecho.
El Código de Familia de Nicaragua prohíbe el matrimonio antes de los 18 años. Aunque existe la excepción de matrimonios entre los 16 y 18 años —con autorización de los padres—, lo que viola normas internacionales.
El matrimonio infantil “equivale a múltiples violaciones de los derechos humanos, y muestra un progreso insuficiente hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (igualdad de género)”, advirtió la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. Además, “limita gravemente” el desarrollo integral de las niñas, incluidos los ámbitos educativo y profesional.
“Nicaragua sigue sin garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas, quienes no están suficientemente protegidas de la violencia de género, incluido el matrimonio infantil”, determina el informe.
“A la OACNUDH le preocupa el impacto combinado de la prohibición absoluta del aborto y la alta tasa de embarazos precoces, que conduce a abortos inseguros y a la muerte de mujeres y niñas embarazadas”, destacan.
Exministra de Salud justifica matrimonio de adolescentes
Para Blandón, esta situación prevalece porque en el régimen “no hay una comprensión del problema”. En este sentido, recordó que la exministra de Salud, Sonia Castro, comentó en una conferencia pública en la UNAN-Managua, “que era normal, que era parte de la cultura nicaragüense, que las niñas, que las chavalas muy jovencitas se junten con hombres mayores”.
La socióloga señaló que los matrimonios infantiles son “una vieja práctica” en Nicaragua, pero esto no los justifica, ya que estos están “asociados a la violencia”.
“La experiencia nos dice que estas chavalas pasan a ser cuasiesclavas de estos hombres, quienes evidentemente tienen todo el control emocional, psicológico y económico”, explicó Blandón.
“Estas chavalas no tienen ninguna posibilidad de tomar decisiones. Están expuestas a toda clase de abusos y violencia”, enfatizó.
Un contexto de violencia de género
Estas violaciones a los derechos humanos de las niñas ocurren dentro de un contexto de violencia de género en Nicaragua. El régimen cerró más de 315 oenegés que trabajaban por los derechos de las mujeres en diferentes partes del país.
El Instituto de Medicina Legal (IML) reportó que los casos de violencia sexual aumentaron de 4803 en 2021 —3428 niñas, 796 mujeres, 515 niños y 64 hombres— a 5049 en 2022 —3662 niñas, 780 mujeres, 537 niños y 70 hombres—.
Las adolescentes fueron la mayoría de las víctimas en ambos años. El 73% del total de 2022 eran menores de 18 años, mientras en 2021, un 50% fueron niñas menores de 14 años.
Además, el régimen publica pocos datos sobre feminicidios y cuando lo hace, las cifras son muy inferiores a las documentadas por la sociedad civil. Este subregistro se debe a que las autoridades limitan el feminicidio al asesinato de mujeres a manos de sus parejas.
La OACNUDH registra que entre enero y junio de 2023 hubo 36 femicidios, incluidos cuatro casos de niñas menores de 16 años. Las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur concentran las tasas más altas, con once casos.
