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Para el ambientalista Amaru Ruiz, el negocio millonario de las exportaciones de aletas de tiburón desde Nicaragua no puede entenderse sin el rol “facilitador” del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) y el Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (Inpesca). Estas instituciones han permitido el comercio de esta especie, en lugar de regular su pesca y garantizar su protección.
El Marena e Inpesca son “instituciones que avalan el saqueo de la biodiversidad de la fauna marina en Nicaragua, tratando de dar cierta legalidad a algo que, en el comercio internacional, debe de ser investigado”, comentó el presidente de la cancelada Fundación del Río.
En una entrevista en el programa Esta Semana que se transmite en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva en Nicaragua, Ruiz analizó una investigación de CONFIDENCIAL que reveló que en los últimos años miles de tiburones han sido sacrificados en Nicaragua para exportar sus aletas.
Nicaragua exportó unos 39 668.59 kg (unas 39.66 toneladas) de aletas secas de tiburón entre 2018 y 2024. El régimen orteguista asegura que en el país “no existe” una pesca dirigida hacia los tiburones y su captura se da “de manera incidental por la flota artesanal”, pero las estadísticas oficiales revelan una matanza de tiburones, de acuerdo con la investigación.
“Las cantidades de exportaciones de aleta de tiburón demuestran que, evidentemente, no es ninguna pesca incidental, sino que hay un objetivo de pesca que es, prácticamente, la aleta de tiburón por los precios internacionales que tiene en el mercado de exportación, sobre todo en China”.
En la región china de Hong Kong, principal destino de las exportaciones nicaragüenses y centro neurálgico del comercio de aletas, un kilo de aleta seca varía de acuerdo con la calidad, la especie y el tamaño. El precio más bajo ronda los 400 dólares por kilo, y el más alto los 1800 dólares.
“Blanqueo” de aletas para empresas chinas
El impacto de la complicidad institucional se traduce en beneficios económicos para un grupo selecto. Ruiz señala que el Marena e Inspeca “ya no sólo se convierten en autores ausentes de la protección de la biodiversidad marina en el país, sino que también se convierten en instituciones que blanquean esas exportaciones para favorecer los intereses económicos, sobre todo de empresas chinas”.
CONFIDENCIAL tuvo acceso a seis certificados de exportación de aletas secas de tiburón, de 2023 y 2024, que identifican a dos empresas: “Nica Pepino” y “Man Kang”. Las ventas de ambas compañías suman unos 11 147.48 kg (unas 11.14 toneladas) de aletas de tiburón, de ocho especies diferentes. Todas fueron al mismo destino: Hong Kong.
Los permisos de exportación fueron autorizados por el Marena, y firmados por la licenciada Judith Pérez Puerto, identificada como “autoridad administrativa”.
“Lo que hemos visto con Inpesca y Marena es que se han convertido en instituciones para lavar la aleta de tiburón que sale de Nicaragua”, sostiene Ruiz.
“El Marena por competencia debería asegurar cuáles son los dictámenes de captura para la protección de esa especie. Pero el Marena no está haciendo eso, sino más bien está avalando la comercialización de una especie protegida, que se ha convertido en un objetivo de pesca de los empresarios chinos”, afirma.
CONFIDENCIAL intentó, sin éxito, conocer las versiones de las empresas Man Kang y Nica Pepino, así como la del Marena e Inpesca. Se les enviaron correos electrónicos solicitando unas entrevistas, pero no hubo respuestas.
Captura de tiburones sin supervisión independiente
Uno de los pilares que sostiene este negocio en Nicaragua, según Ruiz, es la falta de entes autónomos que puedan auditar las cifras oficiales. En Nicaragua, explica, ese proceso depende casi exclusivamente de instituciones bajo control de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“El propio régimen es el que autoriza y tiene toda la trazabilidad. Todos los permisos pasan a través del Marena, como autoridad científica del país. Evidentemente eso hace que no haya instituciones independientes que puedan supervisar la capacidad de carga que tienen estas especies, para determinar una cuota responsable en términos de su comercialización”, indica el ambientalista.
Agrega que ni la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) —que regula el comercio internacional de especies amenazadas, ni ninguna autoridad científica internacional “juega un rol importante para determinar independientemente cómo se deben de establecer los procesos de capturas incidentales”.
“Si vos no tenés —continúa— a ningún ente independiente que supervise esa captura incidental, que dice el régimen de Ortega Murillo, entonces al final estás en manos de lo que diga el Marena y lo que diga la entidad administradora que en este caso, el Inpesca”.
Para el ambientalista, la dictadura “cuida el negocio” de las exportaciones de aletas, ya que “a través de las instituciones certifican la legalidad de esa operación y obviamente le echan la culpa a los más vulnerables que son realmente los pescadores artesanales”.
Consecuencias de un modelo basado en el lucro
La persistencia de este negocio millonario traerá consigo un desequilibrio profundo en la cadena trófica de los ecosistemas acuáticos de Nicaragua. “Los tiburones están en el primer nivel de la cadena trófica y eso genera, al perder esas especies, un desequilibrio en la cadena de abajo porque empiezan a proliferar otras especies que dañan el ecosistema”, alerta el presidente de la Fundación del Río.
Este desequilibrio afecta no solo la biodiversidad, sino también las actividades económicas que dependen del mar. Entre ellas menciona el turismo y la pesca artesanal. “La pérdida de diversidad es otro de los impactos, la pérdida de los ingresos por turismo… porque muchas del buceo o el turismo por buceo es uno de los atractivos ver especies como el tiburón”, destaca.
Ruiz advierte que, bajo la dictadura orteguista, las instituciones han abandonado los criterios de conservación. “Las instituciones más bien han actuado con criterios más económicos que criterios de conservación para las especies protegidas”. Mientras el régimen anuncie “con bombos y platillos cómo salen nuestras especies protegidas exportadas”, la biodiversidad nicaragüense seguirá siendo sacrificada en aras de un beneficio económico que no llega a las comunidades costeras, sino que se queda en las manos de quienes controlan el engranaje estatal.
Para el activista, la solución no es técnica, sino política. “Si hay un cambio político, es posible que ese objetivo de la protección de las especies y que pasen de ser vista como especies comerciales a especies protegidas o especies silvestres”.
