23 de septiembre 2023
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La justicia orteguista condenó a ocho y diez años de cárcel a las presas políticas, Anielka García y Olesia Muñoz, respectivamente, por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”, confirmaron fuentes relacionadas a ambos casos.
La causa penal de García estaba radicada en el Juzgado Décimo Tercero, a cargo de la judicial orteguista, Ulisa Yahoska Tapia Silva. La resolución de la sentencia, fechada el 23 de agosto, establece cinco años de prisión por conspiración y tres años por noticias falsas. Además de la inhabilitación para optar a cargos públicos y quinientos días multa, equivalente a 38 815 córdobas, cita en el documento en poder de CONFIDENCIAL.
A Muñoz la llevaron a los Juzgados capitalinos el 17 de agosto. Ingresó a la audiencia de juicio a las 2:00 p. m. y salió a las 7:00 p. m. No se conocen cuáles fueron las pruebas que presentó la Fiscalía. Tampoco quién fue el judicial a cargo de su caso. Contrario al caso de Muñoz, García se enteró de su juicio por medio de una videollamada desde la cárcel La Esperanza, en Tipitapa, mientras su abogado defensor se encontraba en los Juzgados de Managua.
Allanamiento y captura sin orden judicial
García es originaria de Chichigalpa, Chinandega, graduada en Marketing en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León). Fue capturada la noche del 4 de abril de 2023, mediante un operativo de antimotines y policías regulares. Los agentes rodearon el negocio de serigrafía propiedad de la joven, ingresaron sin orden judicial y se llevaron máquinas, impresoras y todo lo que encontraron a su paso.
A García le encargaron una camiseta azul y blanco, con un guardabarranco en el centro, acompañado de la leyenda “Abril Vive”, “Viva Nicaragua Libre”, señaló una fuente cercana a la universitaria. Todo hace indicar que a ella la denunciaron por la serigrafía de esa camiseta, cuyo mensaje corresponde con el grito de libertad enarbolado en las protestas cívicas de 2018.
García es madre soltera de dos hijos: uno de ocho años y otro de 16 meses. Por su parte, Muñoz es excarcelada política. Salió de prisión en 2019, beneficiada por la Ley de Amnistía, fabricada a conveniencia por el régimen orteguista. Fue apresada junto a su hermana, Tania Muñoz, el 31 de julio de 2018 por apoyar las protestas en Niquinohomo.
Desde su salida de la prisión, se alejó de organizaciones políticas y de sociedad civil para dedicarse a su pasión: la música. Se dedicó a trabajar con un camión, haciendo cualquier tipo de acarreo, en jardinería y manteniendo su agenda siempre receptiva ante cualquier misa privada que solicitara su talento en el coro. Fue capturada el Jueves Santo, 6 de abril de 2023. Más de 15 efectivos y paramilitares acudieron a su casa, solicitando los acompañara para una entrevista, y ya no regresó.
Casi una docena de presos políticos condenados
Con la condena de Muñoz y García, suman al menos once ciudadanos sentenciados, de quienes fueron capturados en abril de 2023, en el contexto del quinto aniversario de las protestas cívicas. Además de estas, entre agosto y septiembre también fueron condenados el vicepresidente del Movimiento Universitario 19 de Abril (MU19A), Jasson Salazar Rugama y el exguerrillero y preso político, Abdul Montoya Vivas.
En mayo pasado fueron declarados culpables: Martha Lorena Centeno Marín, Hazel del Socorro Martínez Ulloa, Luis Enrique Obando Palma, Ivonne Patricia Espinoza Hurtado, Brenda Lee Baldelomar Alemán y Anner Herrera y el periodista Víctor Ticay, por los delitos fabricados de “propagación de noticias falsas” y “menoscabo a la integridad nacional”.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en Nicaragua existen 89 personas privadas de su libertad por razones políticas, pero podrían ser más, debido a que muchos casos siguen en investigación o por temor de sus familiares para hacer las denuncias.
