11 de junio 2023
AA
Al menos siete de una treintena de presos políticos capturados en abril han sido condenados por el régimen orteguista por delitos aún desconocidos, en los cuales se señala a la sociedad nicaragüense y al Estado como “víctimas”, revelan datos del sistema digital Nicarao, del Poder Judicial.
Martha Lorena Centeno Marín, Hazel del Socorro Martínez Ulloa, Luis Enrique Obando Palma, Ivonne Patricia Espinoza Hurtado, Brenda Lee Baldelomar Alemán y Anner Herrera, son los condenados, bajo el expediente número 007008-ORM4-2023-PN. La séptima persona es el periodista Víctor Ticay, condenado por los delitos fabricados de “propagación de noticias falsas” y “menoscabo a la integridad nacional” este viernes 9 de junio de 2023.
La acusación contra el grupo de los seis fue presentada por la fiscal Heydi Estela Ramírez Olivas, y la causa fue radicada en el Juzgado Cuarto Local Penal de Managua, presidido por la jueza Ana María Vado Miranda. Actualmente, el caso está en el Juzgado Segundo Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, circunscripción Managua, a cargo de la jueza Carmen María Velásquez Lazo.
La abogada y activista Yonarqui Martínez explicó que los seis reos políticos fueron declarados culpables en mayo, ya que el sistema Nicarao indica que su expediente pasó a fase de ejecución el 6 de junio. Sin embargo, en la carátula del caso se ocultan los delitos imputados y la sentencia dictada en contra de los ciudadanos.
En el caso de Ticay, el periodista fue llevado a los Juzgados de Managua la madrugada de este viernes 9 de junio, donde le leyeron la sentencia de culpabilidad. Luego, aproximadamente a las 10:00 a. m., habría sido trasladado al Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo.
El fallo condenatorio del periodista Ticay es parte de “un proceso arbitrario y sin garantías judiciales”, valoró el abogado Braulio Abarca, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +. Muestra de ello es que fue condenado “en horas de la madrugada y sin derecho a la defensa”.
"Están violentando el debido proceso y los derechos humanos de las víctimas”, asegura Martínez, ya que no se les permite el derecho a la defensa, un proceso justo, se evacuan pruebas falsas, la acusación no cumple con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal (CPP), “son procedimientos anómalos”, valoró.
Según Martínez, la justicia orteguista está ocultando información sobre los procedimientos judiciales contra los reos de conciencia, que deberían estar en el sistema Nicarao. Asimismo, se está violentando el derecho a la debida defensa, imponiéndoles defensores públicos.
"El objetivo de no permitir un abogado privado, de confianza de la víctima o de la familia, es que no se tenga acceso a ninguna documentación del caso para probar las atrocidades judiciales que están cometiendo”, expresó.
“Ellos están actuando de esta manera porque quieren evadir la responsabilidad que tienen con los delitos de crimen de lesa humanidad que están cometiendo”, añadió.
El hermetismo impuesto por el régimen de Ortega ha impedido conocer cuáles son las pruebas o testigos (que en procesos han sido policías), que la Fiscalía ha presentado para acusar a los reos de conciencia, quienes también han sido sometidos a la incomunicación con sus familiares.
Trasladados a centros penitenciarios sin avisar a sus familias
Este viernes 9 de junio, el régimen orteguista trasladó a la treintena de presos políticos (entre hombres y mujeres), encarcelados desde hace dos meses en el Distrito III de la Policía, en Managua, al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, y a la cárcel La Esperanza, ambas ubicadas en Tipitapa.
El traslado de los reos de conciencia se hizo bajo total hermetismo. La Policía no notificó a los familiares de los presos políticos, que acudieron a las respectivas cárceles para verificar si habían sido ingresados. Sin embargo, las autoridades de ambos penales solamente les pidieron sus datos y les dijeron que regresen el lunes.
“María” acudió ilusionada a la cárcel La Esperanza, con la expectativa de visitar a su familiar, a la que no ha visto desde su secuestro en abril. Pero al llegar, las custodias, después de solicitar su cédula, su contacto telefónico, tomarle fotografías y grabarla, le dijeron de forma prepotente que no estaban atendiendo y que esperara su llamada. Tampoco le recibieron los alimentos que preparó para entregar a su pariente.
“Me amenazaron que me iba a meter en problemas si no me iba del lugar”, relata “María”, quien protestó por el abuso. Apesarada e indignada, porque está consciente que le negaron el derecho a una visita especial, se marchó sin la confirmación oficial de que su pariente se encuentra en el penal. A otros familiares tampoco les han dado información y solamente les orientaron que lleguen este lunes.
La esperanza de todos es poder volver a ver a sus familiares, a quienes el régimen orteguista los capturó en una redada ejecutada en abril, en el contexto del quinto aniversario de la Rebelión Cívica de 2018.
El artículo 130 de la Ley 473, Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, establece la periodicidad de las visitas familiares y conyugales para los internos ubicados en los diferentes regímenes cada 21, 15 y ocho días.
La dictadura orteguista mantiene a más de treinta personas en la cárcel, que se suman a 35 reos de conciencia (incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel), que en febrero no fueron excarcelados junto a los 222 presos políticos desterrados hacia Estados Unidos. A ese grupo, se agregan más de 30 personas que enfrentan acusaciones por "propagación de noticias falsas" y "menoscabo a la integridad nacional" bajo un régimen de casa por cárcel.
