26 de enero 2024
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Las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves, enfatizando la nacionalidad nicaragüense de un detenido como sospechoso del asesinato de un policía en Costa Rica –hechas el jueves 25 de enero– han desatado comentarios xenófobos en redes sociales, y encendido las alertas de quienes advierten del peligro de vincular la crisis de inseguridad costarricense con la migración, sobre todo porque los datos oficiales demuestran que no hay desproporción entre el porcentaje de la población nicaragüense en Costa Rica y los detenidos de esa nacionalidad por diferentes delitos, pese a que Costa Rica cerró 2023 con un preocupante récord de 907 homicidios.
La madrugada del 25 de enero, en Herradura de Jacó, de la provincia de Puntarenas, el oficial de la Fuerza Pública costarricense, Bryan Josué Rivera Oviedo, de 28 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza, y otros oficiales resultaron heridos. El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, lamentó la muerte del oficial y calificó el hecho como “una nueva etapa” de mayor gravedad en el escenario del crimen organizado en Costa Rica.
Menos de una semana antes, el 18 de enero, el mismo ministro Zamora confirmó el asesinato de otro policía: Jordy Rojas Zúñiga, también de 28 años, en la provincia de Limón. Por el caso fueron detenidos –y luego liberados– tres sospechosos, de quienes no se detalló nacionalidad.
Zamora informó que en los operativos por el caso en Puntarenas fueron detenidos dos sospechosos y otras treinta personas, entre ellas un menor de edad. Agregó que los sospechosos tienen antecedentes policiales por delitos de homicidio, robo agravado, portación ilegal de armas y usurpación. Medios costarricenses informaron que ambos sospechosos son nicaragüenses.
Las declaraciones del presidente y su “conexión errónea”
Esa misma tarde, el presidente Chaves grabó un video para lamentar la muerte del oficial, extendió condolencias a sus seres queridos, e hizo hincapié en la nacionalidad nicaragüense de uno de los sospechosos y su largo historial delictivo. Luego, se quejó de la imposibilidad de deportar a extranjeros que han cometido delitos en Costa Rica.
“Compatriotas, ¿cómo es que no podemos deportar a gente de otros países que vienen a hacer el mal aquí, a asesinar, a amenazar, a poner en riesgo a nuestra población, a traficar drogas? Reitero el llamado a los tres poderes de la República para acabar con la inseguridad en el país”, dijo Chaves.
El Presidente Rodrigo Chaves Robles lamenta la muerte del oficial Bryan Rivera Oviedo y extiende a sus familiares, amigos y compañeros sus más sentidas condolencias pic.twitter.com/BTXDXucphZ
— Presidencia de la República 🇨🇷 (@presidenciacr) January 25, 2024
El abogado costarricense especializado en temas migratorios, Daguer Hernández, considera que el presidente Chaves establece de manera errónea una conexión entre delincuentes y deportaciones.
El especialista, que fue subdirector de la Dirección de Migración y Extranjería, explicó que si un extranjero comete un delito en Costa Rica, debe ser enjuiciado y sancionado dentro de las fronteras costarricenses. “La sanción y el juicio deben tener lugar en el país donde se cometió el delito, asegurando así una aplicación territorial de la justicia”, detalló.
Interpretaciones xenófobas se multiplican en redes sociales
Tras las declaraciones del presidente, los comentarios xenófobos han incrementado en redes sociales. Unos señalan a los nicaragüenses o migrantes como la causa de la inseguridad, y otros cuestionan el funcionamiento del sistema de justicia y responsabilizan al crimen organizado.
Especialistas en temas de migración consultados por Nicas Migrantes de CONFIDENCIAL, coinciden en que el presidente intenta desviar la atención sobre su responsabilidad en la búsqueda de soluciones ante la inseguridad, al enfatizar la nacionalidad de los detenidos por un caso.
En los primeros 25 días de 2024, Costa Rica acumula 54 homicidios, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que equivalen a doce menos del total reportado en el mismo período en 2023.
“Hacer énfasis en un homicidio cometido por un nicaragüense, sobre quien debe caer el peso de la ley, es el viejo recurso de culpar a los migrantes de los problemas del país”, opina Carlos Sandoval, sociólogo especialista en temas migratorios e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Sandoval comenta que el caso, como muchos otros homicidios, produce una enorme tristeza y merece todo el repudio, pero señala que la inmensa mayoría de los homicidios los cometen hombres jóvenes costarricenses.
La crisis de inseguridad sin precedentes en Costa Rica
En el reportaje especial Nicas viven “el año más violento” de Costa Rica entre balaceras y expendios de droga, publicado a finales de noviembre de 2023, el equipo de Nicas Migrantes solicitó y analizó las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre la inseguridad ciudadana en Costa Rica. Entre estos: el número de homicidios de 2017 a 2023, la nacionalidad de las víctimas y de los victimarios y la cantidad y nacionalidad de la población penitenciaria.
Los datos oficiales revelaron que 71 de los 678 homicidios registrados entre enero y septiembre de 2023 eran nicaragüenses.
Además, las estadísticas reflejaron que los nicaragüenses, tanto como víctimas como perpetradores, invariablemente han sido entre un 9% y 11% , que es proporcional al número total de nicas que viven en Costa Rica.
Asimismo, el porcentaje de nicaragüenses entre la población carcelaria entre 2018 y 2023 también es de aproximadamente el 10% u 11% anual, con un total de 1703 presos de nacionalidad nicaragüense hasta septiembre de 2023.
El sociólogo costarricense Carlos Sandoval opina que “la idea de que los extranjeros son los responsables de la violencia ha perdido crédito”.
La presidenta del Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (Cenderos), Adilia Eva Solís, recomienda que la reflexión sobre el hecho vaya más allá de la nacionalidad de los criminales, y enfocarse en reconocer los problemas estructurales que se viven en Costa Rica, como las deficiencias en la aplicación de la justicia, los enfoques del Poder Judicial y la falta de una estrategia efectiva del Gobierno para combatir el crimen organizado.
