13 de julio 2023
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La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, rechazó este jueves 13 de julio de 2023 la aspiración de Nicaragua para ampliar su plataforma marítima continental más allá de las 200 millas náuticas frente a Colombia, el último de los tres juicios que han enfrentado a ambos países en este tribunal de justicia desde 2001.
La nueva decisión fue tomada con el respaldo de 13 jueces contra cuatro, el mismo número de votos con los cuales también negaron la otra solicitud del país centroamericano, de que las islas colombianas de San Andrés y Providencia tienen derecho a una plataforma continental.
"La Corte concluye que, de conformidad con el derecho internacional consuetudinario, el derecho de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas marinas a partir de las líneas de base a partir de las cuales la anchura de su mar territorial no puede extenderse a áreas marítimas dentro de 200 millas marinas de las líneas de base de otro Estado", dice la resolución de la CIJ.
La sentencia puede descargarse en el sitio web de la Corte, que ha conocido el diferendo y falló dos veces a favor de Nicaragua anteriormente. En 2012 reconoció un mar territorial a Nicaragua cercano a los 75 000 kilómetros cuadrados, lo que fue interpretado como una derrota de Colombia que se ha rehusado a cumplir con la disposición.
En marzo de 2022, el mismo tribunal ordenó al país suramericano que cumpliera ese mandato y que dejara de intervenir en aguas nicaragüenses. El régimen de Daniel Ortega anunció en un comunicado de Cancillería que acataría la sentencia que considera "firme, definitiva y de obligatorio cumplimiento" y mencionó que la misma no afecta los derechos del país a su plataforma continental.
Según declaraciones a los medios oficialistas del representante de Nicaragua ante el tribunal, Carlos Argüello, "lo primero que tenemos que recordar es que la Corte dejó incólume las 200 millas de Nicaragua, que fue el fallo de 2012, quedó muy claro y reafirmado. Lo que nosotros estábamos discutiendo aquí era un punto que no era claro en derecho, que era que si podíamos extendernos dentro de las 200 millas de Colombia, la Corte determinó, o sea, que ese punto no se había definido nunca en derecho, la Corte determinó que no, que teníamos que quedarnos hasta las 200 millas, en este caso".
Petro celebra "gran victoria"
El presidente colombiano, Gustavo Petro, celebró la “gran victoria” conseguida en la CIJ. “Gran victoria para Colombia en La Haya. La CIJ no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental”, manifestó en su cuenta de Twitter el mandatario, que se espera viaje este jueves al archipiélago de San Andrés por este motivo.
Minutos después de que la sentencia fue leída por la presidenta de la CIJ, Joan E. Donoghue, el expreso político y ex precandidato presidencial, Juan Sebastián Chamorro, sostuvo que el resultado refleja la pobreza de la política exterior de la dictadura.
“Los fallos pasados habían balanceado posiciones de ambas partes. En este caso no le dieron a Nicaragua nada, lo que refleja lo débil de los argumentos”, dijo en su cuenta de Twitter.
Más allá de las posiciones políticas en ambos países, los académicos ven una oportunidad en la resolución. Nicolas Boeglin, profesor de derecho internacional público, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), dijo que los dos Estados "deberán ahora encontrar la forma de negociar de manera conjunta lo relativo a su frontera marítima a partir de lo indicado en el fallo de noviembre de 2012".
"Algo que no permitió el tono desafiante de Colombia a partir de noviembre de 2012 y las dos nuevas demandas presentadas en su contra por Nicaragua en el año 2013", insistió el experto en un nuevo artículo publicado en su blog.
La CIJ se pronunció por la delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde la costa caribe nicaragüense para tratar de poner fin a una larga disputa territorial entre Colombia y Nicaragua que empezó formalmente en 2001.
La jueza Donoghue leyó la decisión a la que ha llegado la Corte, cuyas sentencias son legalmente vinculantes y definitivas, aunque no tiene mecanismos prácticos de ejecución y queda en manos de la voluntad de los Estados cumplir los fallos.
Nicaragua reclamó en el tribunal de la ONU una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa caribe, el último de tres juicios entre ambos países que se han dado en la CIJ y que hasta ahora Colombia se ha negado a cumplir.
Según información publicada por CONFIDENCIAL, en septiembre de 2022, la primera sentencia se dio en noviembre de 2012 que fue cuando el mismo tribunal fijó la frontera marítima entre los dos países en la parte occidental del mar caribe hasta la distancia de las 200 millas náuticas de la costa caribe de Nicaragua.
La sentencia se interpretó como una gran victoria para Nicaragua, dijo en su momento el exasesor del país ante La Haya, Paul Reichler, quien renunció en marzo de 2022, debido a que el país ganó ¾ partes del área marítima reclamada por ambos Estados. Eso causó el rechazo de Colombia que no cumplió la sentencia entre 2013 y 2021, tiempo en que la Armada del país suramericano incurrió en violaciones de los derechos de la nación centroamericana que demandó ante el tribunal.
En marzo de 2022, finalmente la CIJ ordenó que se cumplieran las dos sentencias y que Colombia no interviniera en aguas nicaragüenses. El principal problema para el Gobierno de Gustavo Petro se convirtió en el impacto que tendría la sentencia sobre los raizales, habitado por los afrocolombianos que viven en San Andrés y se ganan la vida en aguas que son de Nicaragua, según la sentencia.
Las relaciones entre Petro y Ortega, ambos de izquierda, han estado marcadas por los desacuerdos tras la firme denuncia de Colombia sobre las violaciones a derechos humanos cometidas en Nicaragua, un fallido intento de mediación meses atrás para la liberación de presos políticos, lo que contrasta con la reciente polémica del embajador colombiano Fredy Muñoz que describió al pueblo de Nicaragua, víctima de la represión de la dictadura, como “alegre, amable, bonito que está convencido de su revolución”, mientras participó en una marcha oficialista ostentando símbolos del Frente Sandinista.
Los argumentos de Colombia y Nicaragua
En la nueva resolución de la CIJ fue fundamental la interpretación que hagan los jueces de La Haya a dos preguntas que hicieron a los países del litigio, según un artículo publicado en CONFIDENCIAL del profesor Nicolas Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).
“Según el derecho internacional consuetudinario, ¿puede el derecho de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura de su mar territorial extenderse a áreas marítimas dentro de las 200 millas náuticas de las líneas de base de otro Estado?”, es la primera.
“¿Cuáles son los criterios del derecho internacional consuetudinario sobre la base de los cuales se deben determinar los límites de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas a partir de las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial? En este sentido, ¿los párrafos 2 a 6 del artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reflejan el derecho internacional consuetudinario?”, es la segunda.
Colombia defiende que la plataforma continental del archipiélago de San Andrés "se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana". Sin embargo, Reichler dijo en aquel momento que el tercer juicio era para delimitar la frontera marítima más allá de las 200 millas náuticas, una discusión técnica que llega a su etapa final con el juicio iniciado por Nicaragua en este caso concreto el 16 de septiembre de 2013.
La última vez que la CIJ trató el caso fue en unas audiencias públicas en diciembre de 2022, cuando escuchó a los equipos legales de ambos países defender los argumentos. Managua y Bogotá tuvieron que presentar sus argumentos exclusivamente en relación con dos cuestiones del derecho internacional consuetudinario, les pidió la CIJ.
Nicaragua defendió entonces que las plataformas continentales y zonas marítimas que se superponen entre Estados “deben ser delimitadas de acuerdo con el derecho internacional” y costumbres legales aceptadas por ambas partes como norma, señaló el agente nicaragüense ante la CIJ, Carlos José Argüello Gómez.
“Una lectura cuidadosa de la posición de Colombia sobre las controversias presentadas en su contra por Nicaragua en el caso (…) muestra que la posición de Colombia no ha sido consistente”, aseguró Argüello Gómez, sobre las diferencias en la interpretación de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que Bogotá no ha ratificado.
El agente colombiano, Eduardo Valencia-Ospina, contestó a la pregunta de la Corte: “¿Puede la demanda de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas cruzar y amputar los derechos de otro Estado dentro de sus 200 millas náuticas de costa marítima? Una respuesta corta es: no”, planteó.
Subrayó que la postura de Bogotá “se ajusta a la ley del mar” y “está firmemente respaldada por la práctica de los Estado, y está en línea con los puntos de vista de los Estados vecinos del mar Caribe que han protestado contra la petición desorbitada” de Nicaragua.
Además, explicó que Colombia espera que “cuando, este procedimiento finalice, el tribunal haya confirmado lo que ya ha dicho en 1995, que la prolongación natural no podría nunca” estar dentro de las 200 millas náuticas de otro Estado.
El litigio entre Colombia y Nicaragua dio un giro hace diez años con un fallo de la CIJ que modificó los límites entre los dos países en el mar caribe, pero— lejos de zanjar la cuestión— dio pie a nuevas demandas en La Haya tras el incumplimiento de Bogotá de la sentencia emitida por el tribunal internacional.
El rechazo colombiano a la sentencia de 2012
En la sentencia del 19 de noviembre de 2012, Colombia mantuvo la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de los cayos que lo integran, y conservó 12 millas náuticas del agua que rodea estos territorios, pero perdió con Nicaragua casi 75 000 kilómetros cuadrados de mar, lo que fue interpretado como un gran triunfo del país centroamericano que ha mantenido una política de Estado en el tema de la defensa de la soberanía en las tres últimas Administraciones.
Ante la decisión de Colombia de no aplicar el fallo y declarar una Zona Contigua Integral para ejercer su jurisdicción en las aguas aledañas a las islas y cayos “como archipiélago y no como territorios inconexos”, Nicaragua volvió a la CIJ en septiembre de 2013.
En esa ocasión, Managua pidió a la Corte que se declarara el “rumbo exacto” de la frontera marítima, “más allá” de los límites de 200 millas definidos en la sentencia de noviembre de 2012, así como que se le exigiera a Bogotá la derogación de leyes “incompatibles con la sentencia” y la revocación de permisos otorgados a los buques pesqueros colombianos que faenan en las aguas en disputa.
En respuesta, Colombia contrademandó, alegando que Nicaragua “ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal”, pues sus bancos de pesca tradicionales quedaron fuera de las 12 millas náuticas estipuladas en el fallo anterior.
En abril del año pasado, la CIJ consideró que hay una violación de “los derechos de soberanía y la jurisdicción” de Nicaragua en su Zona Económica Exclusiva (ZEE), y exigió a Colombia “cesar inmediatamente su conducta” en esa área.
*Con información de EFE.
