6 de mayo 2023
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La abogada Yonarqui Martínez afirmó que los allanamientos y detenciones nocturnas, así como las audiencias preliminares llevadas a cabo el pasado 3 de mayo, “no tienen ningún asidero legal” y violan lo establecido en el Código Procesal Penal, específicamente en los artículos 217 y 241.
Martínez realizó un monitoreo sobre las personas que fueron capturadas y condenadas la noche del pasado miércoles cuando el régimen de Daniel Ortega capturó y allanó las viviendas de al menos 57 personas.
“La Policía en ninguno de los allanamientos tenía una orden. Hay unas salvedades en la ley que te dicen que puedes hacer allanamientos de emergencia que luego se convalidan ante el judicial y dice los causales por los cuales se allanaron las viviendas”, explicó Martínez durante una entrevista en Confidencial Radio.
Allanamientos ocurrieron fuera de la ley
El artículo 217 del Código Procesal Penal que aborda los allanamientos, establece que “cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado, en sus dependencias, casa de negocio u oficina, el allanamiento y registro será realizado con orden judicial, la cual deberá solicitarse y decretarse fundadamente y por escrito”.
De igual manera agrega que “la diligencia de allanamiento deberá practicarse entre las seis de la mañana y las seis de la tarde”.
Por otro lado, el artículo 241 de la misma ley, establece que “podrá procederse al allanamiento sin previa orden judicial cuando: los que habitan en una casa manifiesten que ahí se está cometiendo un delito o de ella se pida auxilio, por incendio, inundación u otra causa semejante, que amenace la vida de los habitantes o de la propiedad”.
También cuando se denuncie que personas extrañas han sido vistas en una morada o introduciéndose en ella, en caso de persecución actual e inmediata de un delincuente y para rescatar a la persona que sufra secuestro.
Sin embargo, para Martínez, estos allanamientos no podrían estar encasillados dentro de esas probabilidades, pues, “no hubo ninguna emergencia” y tampoco “había nadie que cometiera un delito con tal flagrancia”.
Proceso afectará la vida cotidiana de los acusados
Para Martínez este “es un proceso que empezó con arbitrariedades” y en el que “no se respetó la Constitución Política ni las leyes” y califica el procedimiento de las autoridades nicaragüenses como “anómalo”.
“No hay formalismos de ley, se han saltado procedimientos. Son procesos anómalos que no tienen ningún tipo de legalidad”, agregó.
Las personas que fueron capturadas y se han comunicado con ella, le informaron que a la hora de ir a firmar a la estación de Policía, existe un desorden total, las autoridades policiales ni siquiera tienen libros oficiales para las firmas y recurren al uso de cuadernos escolares.
La jurista señaló que estas medidas afectarán las actividades laborales de las personas acusadas, así como su movimiento de un departamento a otro, porque tienen que comunicar a las autoridades cualquier tipo de movimiento que hagan y deben presentarse todos los días a la hora asignada con la amenaza de ser reprendidos si no lo hacen.
“Ya estaba planeado”
De igual manera, la abogada expresó que la captura, la pronta presentación en la audiencia inicial, lectura de acusación y el establecimiento de una medida cautelar deja en evidencia que todo “ya estaba planeado”.
“Todos pasaron a los diferentes juzgados en sus diferentes departamentos, mismos antecedentes, los mismos hechos, las acusaciones ya estaban elaboradas, era algo planeado desde muchos días antes”, dijo durante la entrevista.
Martínez también mencionó que la mayoría de los capturados y acusados “están a la espera de la audiencia inicial” y que es una medida a la que se “van a someter”.
“Les dijeron que les van a notificar cuándo se llevará a cabo. Si no acuden a firmar cuando se les es debido, estarían incumpliendo la medida cautelar que les fue impuesta y recaerían en desobediencia o en desacato”, añadió.
También destacó que este es un nuevo “patrón” represivo que está aplicando el régimen de Daniel Ortega contra “toda aquella persona que haya sido opositora o que haya sido adversa en algún momento contra el Gobierno”.
