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La rebautizada Procuraduría General de Justicia (PGJ), brazo institucional del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua para confiscar, vigilar y despedir, destaca entre las instituciones con mayores incrementos en el presupuesto 2026, con un aumento del 91.67%, según un análisis de CONFIDENCIAL.
Según el proyecto de Presupuesto General de la República (PGR), la Procuraduría pasará de recibir 721 742.0 millones de córdobas en 2025 a 1 383.3 millones en 2026, es decir tendrá un aumento de 661 627 millones.
El incremento ocurre después de la reforma constitucional aprobada en agosto de 2025, que fusionó la antigua Procuraduría General de la República (PGR) con el Ministerio Público, órgano que desaparece del presupuesto tras ser absorbido por la nueva estructura represora del régimen Ortega Murillo.
En el proyecto del PGR 2026, el Ministerio Público —responsable de la fábrica de delitos inventados contra los presos políticos—, ya no figura con recursos. En 2025, según documentos oficiales, recibió 385 248 millones de córdobas, pero en la iniciativa presupuestaria no tiene ninguna asignación, lo que confirma su absorción por la nueva PGJ.
La Constitución “Chamuca” —aprobada el 6 de agosto de 2025—, otorgó al nuevo organismo competencias para que en representación del Estado “identifique, persiga, procese y penalice” la corrupción. Sin embargo, esa reforma parcial constitucional que crea la PGJ tendrán que aprobarla en segunda legislatura el próximo año para que entre en vigor.
Los fondos de la “súper” Procuraduría
Para justificar el incremento presupuestario, el régimen argumenta que destinará más recursos a la “restitución de los derechos de propiedad de la población”, una política que, según el documento presupuestario, incluye la ampliación de servicios catastrales, la regularización y titulación de propiedades, la mediación de conflictos y la mejora de los registros públicos.
Según el proyecto del Presupuesto General 2026, estas acciones estarán a cargo de la Procuraduría General de Justicia, a la que se le asignan 188.9 millones de córdobas dentro del programa de atención destinado a estos fines.
Sin embargo, el aumento presupuestario otorgado a esta instancia consolida un proceso que se venía gestando desde 2021, cuando la antigua la institución comenzó a intervenir en otras actividades que incluyó la destitución de alcaldes, auditorías municipales, supervisión de universidades y administración de bienes confiscados.
Con la nueva PGJ, esas funciones se amplían y formalizan, es decir, de ser el “abogado del Estado”, pasó a ser un ente con capacidad de perseguir penalmente, fiscalizar y sancionar a funcionarios o instituciones, bajo control directo del Ejecutivo.
3% para transferencias municipales en Nicaragua
La investigación de CONFIDENCIAL titulada La “súper” Procuraduría: Así son los inflados poderes del verdugo de turno de la dictadura en Nicaragua, reveló cómo la institución al mando de Wendy Morales se ha convertido en el rostro visible de la purga de alcaldes, confiscaciones y el robo de propiedades privadas.
Hasta octubre de 2025, según un conteo propio, al menos 33 alcaldes fueron destituidos, muchos han sido obligados a renunciar, otros fueron defenestrados y detenidos en secreto, en medio de “señalamientos por corrupción”.
La más reciente purga ocurrió en la Alcaldía de Bluefields, donde al alcalde sandinista Gustavo Castro Jo, lo forzaron a presentar su renuncia. La “purga” también alcanzó a la vicealcaldesa Carla Martín Brooks, y al gerente municipal Víctor Gutiérrez.
En contraste con los fondos destinados a la Procuraduría, las transferencias municipales apenas crecerán 3% en 2026, pasando de 11 865 millones que tenía en 2025 a 12 221 millones de córdobas.
La Alcaldía de Managua —municipalidad que ha apadrinado a constructoras vinculadas a Fidel Moreno, secretario de organización del Frente Sandinista y operador político de la pareja presidencial— registra una reducción del 27.36%, al pasar de 1637 millones a 1189 millones, según lo proyectado para el año 2026.
Mientras tanto, las universidades y centros técnicos, que también han estado en la mira de la Procuraduría, apenas aumentan 1.18% en el presupuesto de 2026. Es decir, pasarán de 9523 a 9636 millones de córdobas.
En Nicaragua, desde 2022, la Procuraduría ha estado directamente involucrada en la confiscación de universidades y ha formalizado el traspaso al Estado de los bienes de diversos centros de estudios privados.
