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El “silencio forzado” de las familias, como consecuencia del “miedo” impuesto por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es uno de los factores que explica la disminución en la lista de presos políticos en Nicaragua a 46 casos en febrero de 2026. Son 16 casos menos, respecto al informe de diciembre de 2025, que incluía a 62 personas. Sin embargo, la lista no refleja el número real de presos políticos, porque hay muchos casos sin denuncia debido al temor.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, la reducción en la lista también se debe a la excarcelación de 19 personas entre enero y febrero de 2026, además del “subregistro significativo” de casos provocado por “temor a represalias”.
La lista de 46 casos incluye a 43 hombres y 3 mujeres. El Mecanismo incorporó solamente tres nuevos casos a la lista durante el período evaluado, debido al “silencio forzado” de las familias, que provoca una “cifra oculta” de casos.
“Este subregistro no deriva de la ausencia de casos, sino del miedo generalizado impuesto”, agrega el informe que sostiene que no ha cesado la persecución política en el país.
Excarcelados obligados a reportarse con la Policía
A la fecha, se desconoce el “fundamento jurídico” y las condiciones de las excarcelaciones. El Mecanismo celebra que las personas que estaban presas por motivos políticos hayan vuelto a sus hogares. Sin embargo, denuncia que la mayoría “no goza de libertad plena, ya que enfrentan medidas de control y vigilancia permanente”.
Los 19 excarcelados políticos enfrentan medidas de “control y vigilancia permanente”, y también están obligados a:
- Firmar periódicamente en estaciones policiales
- Cumplir las “restricciones de movilidad bajo esquemas de casa por cárcel o municipio por cárcel”.
- Hacer “reportes telefónicos constantes a agentes policiales”.
- Cumplir con el “monitoreo de sus actividades diarias”.
Bayardo Arce en lista de presos políticos
El Mecanismo incluyó a Bayardo Arce Castaño como una persona presa política, tras constatar que su detención y condena es un caso de “persecución política y aplicación selectiva de la ley”.
Sin embargo, aclaran que la inclusión del exasesor presidencial en Asuntos Económicos —o de cualquier otro funcionario público en la lista de presos políticos de Nicaragua—, no significa un “aval para la impunidad, sino exclusivamente una exigencia al Estado de que cesen las detenciones arbitrarias y restituya las garantías fundamentales que deben regir para todas las personas”, afirmó la organización en su informe del 27 de febrero de 2026.
El reconocimiento ocurre siete meses después de su detención la noche del miércoles 30 de julio de 2025. El 27 de enero de 2026, la justicia de la dictadura orteguista lo condenó por el supuesto delito de “lavado de activos, en la modalidad de defraudación al Estado de Nicaragua”, confirmando tácitamente su detención y desaparición forzada.
La organización explicó que en el caso Arce Castaño se han verificado elementos como la “falta de debido proceso, la ausencia de información oficial, la incomunicación y la afectación a su entorno familiar”.
A la esposa del exfuncionario, Amelia Ybarra-Rojas, y su cuñado Amílcar Manuel Ybarra-Rojas, presidente de la junta directiva de Agricorp, los acusaron de “coautores” por los mismos delitos, lo que evidencia la “extensión de la persecución hacia su círculo cercano como forma de presión y castigo indirecto”, como se comprobó en otros casos, señaló el Mecanismo.
Amenazas y vigilancia a familiares de presos políticos
De los 46 presos políticos que quedan en la lista del Mecanismo, hay 15 son adultos mayores:
- Henry Ruiz Hernández, de 82 años.
- José Ricardo Córtez Dávila (72)
- Brooklyn Rivera Bryan (73)
- Steadman Fagot Müller (71)
- Álvaro Baltodano Cantarero (73)
- Bayardo Arce Castaño (76)
- Carlos Brenes Sánchez (70)
- Salvadora Martínez Aburto (68)
- José Manuel Urbina Lara (63)
- Wilfredo Balmaceda (65)
- Víctor Boitano Coleman (64)
- Zacarías Isabel Cano (62)
- Eddie González Valdivia (67)
- Nancy Elizabeth Henríquez James (63)
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Diez de los presos políticos siguen en desaparición forzada, debido a que desde el momento de su detención, las familias no tienen información oficial sobre su paradero, no han podido verlas ni conocer su estado de salud.
“Esta situación configura una desaparición forzada, considerada una de las más graves violaciones a los derechos humanos”, alertó el Mecanismo.
La organización —que registra las detenciones arbitrarias en Nicaragua desde abril 2018— denunció que las familias de las personas detenidas siguen siendo “amenazadas, vigiladas y hostigadas por las autoridades, en un intento deliberado por impedir que ejerzan su derecho a denunciar, documentar abusos o buscar acompañamiento jurídico”.
