22 de mayo 2023
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Los abogados de la familia de la estudiante de medicina brasileña Raynéia Lima, asesinada por el paramilitar Pierson Gutiérrez Solís en el contexto de las protestas de abril de 2018 en Managua, dijeron que esperan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remita el caso número 15 099 para una posterior demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), radicada en Costa Rica.
Los representantes de Acción Penal mandaron un escrito dirigido a la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tania Reneaum Panszi, pidiéndole a esa institución que declare que se violó el derecho a la vida, el de la integridad personal a la familia—en relación a la madre Lima, María José Da Costa—, así como el acceso a una “tutela judicial efectiva”.
El texto es titulado “observaciones adicionales sobre el fondo” del expediente de la estudiante de medicina asesinada. Está fechado el 2 de mayo de 2023.
La historia de la víctima, que conmovió a los nicaragüenses por su brutalidad, es un símbolo de la impunidad para los simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, impuesto por el sistema controlado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. La petición central de Acción Penal se centra en demandar que se declare que la Ley de Amnistía, promovida por Ortega—y que benefició a Pierson Adán Gutiérrez Solís—es sin duda incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.
Los juristas sostuvieron que esa “incompatibilidad” hace que la Ley carezca de efectos jurídicos y, por lo tanto, no debe seguir representando un obstáculo para la investigación, la identificación de los responsables y que éstos rindan cuentas.
“Estamos en presencia de una cosa juzgada fraudulenta. El proceso se hizo de esa manera para garantizar impunidad de este ciudadano y otros probables autores. No se siguieron las líneas de investigación con la finalidad de proteger a otros probables partícipes. El Estado de Nicaragua no protegió a las personas que podían declarar para aclarar los hechos acusados”, se quejaron los abogados, quienes insistieron que hay “evidencia suficiente” para que la CIDH tome una decisión.
La CIDH ha analizado el caso de manera profunda desde el año pasado. En mayo de 2022, los funcionarios del organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos pidieron su versión a la dictadura por la impunidad en la investigación. El régimen alegó que el crimen se dio en un contexto de violencia en “que restablecieron la paz y seguridad ciudadana en el país”.
Sin embargo, en su nuevo escrito, los abogados de Acción Penal ampliaron la narración del día del asesinato de la joven estudiante y denuncian un sistema penal cooptado por Ortega, con casos de instrumentalización notables previos a 2018, cuando miles de ciudadanos desafiaron al régimen en las calles pidiendo un cambio de gobierno, a lo que el Estado respondió con una represión sangrienta.
Medicina, un sueño inspirado en su madre
Según los representantes de la familia de la víctima, Raynéia Lima llegó al país para cumplir su sueño de ser médico, inspirada en su madre, quien es enfermera. Pagar la carrera en Brasil resultaba muy costoso para sus padres. Su padre labora como conductor. Cuando llegó a Nicaragua se encontraba divorciada, pero continuó sus estudios con una beca en la Universidad Americana (UAM). Su servicio social lo estaba llevando en el hospital Carlos Roberto Huembes, de la Policía. Su especialidad era pediatría. Su último turno lo realizó el 22 de julio de 2018, un día antes de que fuera asesinada.
Su muerte ocurrió el 23 de julio de 2018 a las 11:00 p. m. en las cercanías del Colegio Americano en Managua, en una zona cercana a Alba de Nicaragua (Albanisa) y a la casa de su vicepresidente, Francisco López Centeno, tesorero de Daniel Ortega. Una zona militarizada, ubicada en los alrededores de la Rotonda Universitaria y cercano al corazón de las protestas estudiantiles contra la dictadura.
El principal acusado, Pierson Gutiérrez Solís, autor del disparo contra la estudiante brasileña, es un militar señalado de ser miembro activo del cuerpo de seguridad de Albanisa y la Empresa Nicaragüense de Petróleo—ambos feudos del tesorero de Ortega— y actualmente trabaja para el Instituto Regulador de Transporte de Managua, según una investigación de Nicaragua Investiga.
A las 10:40 p. m. de aquel fatídico 23 de julio, el acusado se encontró con dos conocidos suyos guardas de seguridad: Henry Uriel Navarrete y Francisco Javier Vídea Reyes. Ellos portaban dos escopetas asignadas por la empresa de vigilancia a la que le trabajaban. En su vehículo, Pierson tenía un fusil marca Colt Carabine M4, 5.56mm, color negro y sin serie, según el relato del Ministerio Público.
El relato estremecedor: Así la mataron
A lo lejos los tres observaron un vehículo marca Chevrolet Spark color plateado metálico placa M170-620, conducido por Raynéia Lima. Se acercó a “gran velocidad” e ingresó al residencial San Ángel buscando a su pareja, Hamet Nathan Lara Moraga. Ahí estuvo minutos en un primer momento.
Al retornar ella a la vía donde se encontraba el acusado, el guarda Vídea Reyes hizo un disparo preventivo al aire desde la caseta de vigilancia, mientras Pierson ubicado detrás de un poste hizo varias detonaciones. Una con dirección al radiador del vehículo de la víctima. Los disparos del acusado impactaron además una llanta del lado derecho, pero la bala mortal entró debajo del stop trasero derecho y traspasó la carrocería.
Fue herida en el costado derecho de su abdomen. Siguió su marcha. Recorrió 104 metros hacia el sur. Se detuvo al lado derecho de la vía, abrió la puerta delantera izquierda, se bajó y se sentó sobre el pavimento. Lara Moraga encontró el vehículo con las luces de parqueo encendidas. Solo él le dio auxilio y la llevó a un hospital capitalino, donde falleció.
“Los vidrios de la víctima estaban cerrados y polarizados, pero el señor Pierson, según describe la propia acusación del fiscal, manifestó que podía ver quién iba adentro, es decir, identificó que era una mujer joven que conducía sin compañía de otra persona. Ella no realizó actos que colocaran en posición de peligro al acusado”, afirmó Acción Penal en su texto enviado a la CIDH. Así murió la estudiante de medicina brasileña, un caso en que el Ministerio Público y el Estado en general minimizó la responsabilidad de Pierson.
“En el caso se evidencia la responsabilidad del Estado de la grave violación al derecho a la vida de la joven al no prohibir, ni prevenir la violencia paraestatal sistemática y generalizada contra la población civil y sancionar al autor. Al contrario, se le ha permitido actuar con protección legal y legitimidad al civil armado Pierson Gutiérrez Solís”, concluyeron los especialistas penales.
