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Siete meses sin noticias y una sola prueba de vida. “No hay fotos, no hay llamadas, no hay visitas”, denunció en Ginebra, Thelma Brenes Muñoz, quien alertó sobre la situación de su padre, el coronel en retiro del Ejército, Carlos Brenes Sánchez, y su esposa, Salvadora Martínez Aburto, detenidos el 15 de agosto de 2025 en su casa, ubicada entre Masatepe y Jinotepe.
“Desde su captura, hace siete meses, no hemos tenido ningún contacto con ninguno de los dos”, alertó Brenes Muñoz en el evento “Nicaragua: Impacto de las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas en los derechos humanos”, celebrado de forma paralela en el marco del 61º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el miércoles 18 de marzo de 2026.
“Hoy la situación en Nicaragua ha empeorado —subrayó la hija del preso político—, el régimen detiene a familias completas y las desaparece. La esposa de mi padre fue arrestada junto con él sin ninguna base legal”.
Según Brenes, las familias de los presos políticos enfrentan “intimidación para impedir” que denuncien las violaciones de derechos humanos de los presos de conciencia en el país.
En su informe de enero de 2026, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, denunció que las familias son “amenazadas, vigiladas y hostigadas” con el fin de “impedir que ejerzan su derecho a denunciar, documentar abusos o buscar acompañamiento jurídico”.
“Quienes podemos alzar la voz lo seguiremos haciendo. Al régimen de Nicaragua le digo con firmeza, no dejaremos de denunciar y exigir garantías de vida y libertad total. La responsabilidad recae en ustedes”, reiteró Brenes Muñoz.
El coronel en retiro del Ejército y su esposa forman parte del grupo de presos políticos “adultos mayores en riesgo” y de los que están en condición de desaparición forzada.
Excarcelados políticos y la represión transnacional
En su informe del 10 de marzo de 2026, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), señaló que los familiares de los presos políticos “temen represalias”, lo que significa que, “sin duda, existen más casos de detención arbitraria y desaparición forzada de los que se denuncian”.
El informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU también alertó sobre la red de espionaje del régimen que “ha sido crucial para que el Estado pueda identificar, vigilar y perseguir a los nicaragüenses exiliados”.
El excarcelado político, Kevin Solís —uno de los 222 nicaragüenses desterrados en 2023—, relató que las amenazas en su contra se “volvieron constantes” aún estando en el destierro, especialmente en redes sociales.
Aseguró que su percepción de seguridad se quebró definitivamente durante un evento público en Nueva York, donde una persona a quien identificó como vinculada a grupos que atacaron las protestas de 2018, lo interceptó y le dijo: “Vas a ver lo que te va a pasar, traidor, no lo hemos olvidado”, recordó que le dijeron.
“El régimen no tiene fronteras y es algo que es preocupante”, añadió Solís.
El activista explicó que el temor no solo fue personal, sino también por su familia, que permanece en Nicaragua. Señaló que decidió trasladarse a España para retomar sus estudios, interrumpidos tras su detención, pero afirmó que ni la distancia le brindó seguridad.
“Creí que la distancia me protegería, pero en noviembre del año pasado me alcanzaron de la forma más violenta”, indicó. Según su testimonio, un desconocido lo abordó en la calle, lo llamó por su nombre y le apuntó con un arma.
“Los atentados cometidos en Costa Rica, en Honduras, el atentado en contra mía son pruebas irrefutables de que la aparato represivo de la dictadura ha escalado a niveles de persecución transnacional y que de eso debería alarmar al mundo entero”, mencionó Solís, quien sufrió torturas físicas y psicológicas en la prisión.
El papel de la comunidad internacional
Juan Carlos Arce, abogado del Colectivo Nicaragua Nunca Más, advirtió que “ha quedado claro que esta violencia llegará hasta donde la comunidad internacional permita que llegue”.
“En los últimos años el régimen de Nicaragua ha demostrado una capacidad operativa para hacer daño inmensa, es decir, un brazo represor muy largo”, dijo Arce.
El defensor de derechos humanos mencionó que en los casos que ha documentado el Colectivo, “las personas no fueron acusadas formalmente ni informadas de las razones jurídicas de su detención”.
“Esto es agravado por los tratos inhumanos y degradantes durante la prisión y, sobre todo, el temor constante después de la excarcelación de ser alcanzados por el largo brazo del régimen, incluyendo aquellos que logran salir del territorio”, dijo Arce.
El presidente del Grupo de Expertos, Jan-Michael Simon, durante el evento, planteó una “ruta de cambio” con pasos concretos que el régimen debe cumplir, entre ellos:
- Revelar el “paradero de las personas desaparecidas”.
- Liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente por “motivos políticos”, como señal de voluntad ante la comunidad internacional.
- Dar “evidencia tangible de que cese la persecución política”.
- Permitir el ingreso y monitoreo de “mecanismos internacionales y monitoreo, como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que “puedan verificar estos pasos y los demás que seguirían”.
“Esto es algo que quisiéramos ver en el futuro próximo y sin que se cumplan estos primeros pasos hacia una ruta de cambio vamos a aumentar nuestro tono y los que tenemos en nuestros medios para que haya más presión a que la situación cambie”, advirtió Simon.
