13 de febrero 2024
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El convento de las hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo, ubicado en el centro de la ciudad de León, es el último de 15 inmuebles que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo confiscó en los últimos dos años a la Iglesia católica, que persigue e intenta asfixiar económicamente. A principios de febrero, la dictadura habilitó en ese inmueble nuevas oficinas de la Dirección de Migración y Extranjería, una de las dependencias del Ministerio del Interior.
La propiedad de las hermanas Pobres de Jesucristo fue tomada por policías a mediados de 2023, cuando las religiosas fueron expulsadas del país, pero fue hasta el 6 de febrero pasado que la dictadura selló la confiscación, según información divulgada por la abogada Martha Patricia Molina.
“Ni siquiera cambiaron el color de las paredes ni los muebles que utilizaban las monjitas. El Ministerio del Interior criminal (está) haciendo de las suyas”, criticó Molina en sus redes sociales.
Antes de esa propiedad, la dictadura orteguista confiscó una casa pastoral en San Pedro del Norte, municipio de Chinandega. Hasta el 15 de diciembre de 2023, este inmueble era utilizado por la Iglesia para reuniones, elaboración de comidas para actividades de la parroquia y para recibir a feligreses que llegaban de diferentes comunidades.
“Llegó una comisión desde Managua y obligaron al sacerdote a que entregara la llave. El sacerdote al ver la presencia de la Policía entregó la llave y para evitar problemas comenzó a desalojar la casa pastoral que estaba contiguo a la Iglesia”, relató un feligrés cuyo testimonio fue publicado en el último boletín Libertad de Religión en Nicaragua del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
"Ahogar operativamente a la Iglesia católica"
Para el Colectivo de Derechos Humanos, las confiscaciones a la Iglesia constituyen una “nueva etapa represiva” en el contexto de violaciones a la libertad de religión, que consiste en “ahogar operativamente a la Iglesia católica por medio del cierre de cuentas y confiscaciones”.
Estas confiscaciones son precedidas por el encarcelamiento de líderes religiosos, restricción a la celebración de actividades religiosas, persecución a líderes religiosos y discursos de odio contra la Iglesia.
En mayo de 2023 la dictadura también ordenó "congelar" las cuentas bancarias de la Iglesia católica en Nicaragua, de forma gradual y sin ninguna notificación oficial. Primero cancelaron cuentas bancarias de la Iglesia en Estelí, y siguieron en Matagalpa, Managua y en todo el país.
Según el estudio Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?, elaborado por Molina, entre 2022 y agosto 2023 otros "trece edificios privados pertenecientes a la Iglesia católica fueron confiscados por el Gobierno de Nicaragua y en su mayoría convertidos en instituciones públicas".
"En ocasiones los religiosos tuvieron tiempo para retirar las pertenencias sagradas y artículos personales de los edificios. La mayoría de esas propiedades se encontraban bajo la figura jurídica de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) religiosas", se lee en la investigación de Molina.
Propiedades confiscadas
Entre los inmuebles confiscados se destaca la Universidad Juan Pablo II, propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que fue convertida en una universidad estatal llamada Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés.
Igual ocurrió con la Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), que pertenecía a la Diócesis de Estelí y que fue transformada en la estatal Francisco Luis Espinoza Pineda.
También fue confiscada la residencia Villa Carmen, donde vivían los sacerdotes jesuitas que estaban a cargo de la Universidad Centroamericana (UCA), confiscada el 16 de agosto de 2023.
Asimismo, fue confiscado el hogar de ancianos de las monjas de la orden Misioneras de la Caridad, en Granada, y transformado en un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) estatal.
La dictadura, además, se apropió de un colegio de la congregación Hijas de Santa Luisa de Marillac, y el monasterio de las monjas trapenses ubicado en San Pedro de Lóvago, Chontales, el cual fue entregado al Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA).
