5 de abril 2024
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Los reclamos por la falta de pago de indemnizaciones en las diferentes instituciones públicas de Nicaragua son cada vez más frecuentes. Exfuncionarios públicos que renunciaron o que fueron despedidos señalan que llevan varios meses y hasta años esperando por el pago de sus liquidaciones. Otros que fueron indemnizados, después de una larga espera, aseguran que no les pagaron ni el 10% del monto que les correspondía.
Por casi cinco años, Martha laboró en el Poder Judicial hasta que decidió renunciar a inicios de 2023, para irse de Nicaragua. Ganaba cerca de 10 000 córdobas mensuales, y después de esperar más de un año por su indemnización, finalmente recibió un cheque por menos de 4000 córdobas.
“Tenía ganas de romper el cheque”, comenta Martha. Pero, después de reflexionar, decidió cobrarlo para que a la dictadura no le quedara “ni un peso más” del que ya le habían robado.
Para Martha, no pagar la indemnización o pagar menos de lo que corresponde, son parte de las represalias del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para intentar frenar las renuncias de empleados públicos que en los últimos años han decidido emigrar, principalmente, a Estados Unidos.
“Son tan sinvergüenzas que a todos los extrabajadores que hemos salido del país no nos han pagado ese derecho” comentó.
Obligados a pedir permiso para salir de Nicaragua
Antes de renunciar a su trabajo, Martha intentó salir temporalmente de Nicaragua. Pero su jefe inmediato le advirtió que no podía hacerlo y que —como empleada pública— estaba obligada a “pedir permiso”. Ella no estaba de acuerdo, pero su jefe la puso contra las cuerdas: “Es eso o renunciás”, recuerda que le dijo.
La restricción ya se implementaba formalmente en otras instituciones vinculadas al Estado. En agosto de 2022, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) comunicó a sus trabajadores que, si deseaban viajar al exterior, debían informar con “siete días por adelantado” los motivos del viaje, el país hacia dónde iban y las fechas de salida y retorno a Nicaragua.
Desde entonces, trabajadores de diferentes instancias del Estado han denunciado la imposición de permisos “selectivos” para salir de Nicaragua, mientras la mayoría lo tiene prohibido.
Cuando Martha se dirigió al puesto fronterizo, por el cual pretendía salir de Nicaragua, fue bajada del bus en que viajaba, le quitaron su pasaporte, la interrogaron, le tomaron fotografías y le pidieron una serie de documentos, entre ellas su carta de renuncia. Asegura que le dijeron que no podía salir del país hasta seis meses después de presentar su renuncia, pero al final la dejaron salir.
No pueden denunciar “robo” de liquidaciones
Rafael laboró por más de un año en el Ministerio de Salud (Minsa). A finales de 2021 renunció a su trabajo como funcionario público porque recibió una mejor oferta laboral. Estima que su liquidación debería rondar los 60 000 córdobas, pero el régimen orteguista no le ha pagado absolutamente nada. Lleva más de dos años esperando.
“Renuncié para mejorar mis ingresos económicos”, asegura Rafael. Luego de cumplir con el preaviso de quince días que exige el Código del Trabajo de Nicaragua, “me dijeron que en dos o tres meses estaría la liquidación”, continuó.
Después de esperar pacientemente, por más de tres meses, fue al Minsa en varias ocasiones a preguntar por su indemnización, pero no le pagaron.
“Las últimas veces que fui me dijeron: ‘Mirá, le estamos dando prioridad a los que se están jubilando y en liquidaciones apenas vamos por el 2016. Eso fue en 2021”, enfatiza Rafael. “Prácticamente me dijeron o te esperas unos cinco o seis años a que salga tu liquidación o verás qué hacés”, comentó.
Para Rafael, lo sucedido con su liquidación —y la de centenares de empleados públicos— es “una estafa”, “un robo descarado” y algo “incomprensible” que viola todas las leyes laborales.
El sentimiento de frustración “es grande”, comenta Rafael. “Me llena de sentimiento saber que, como extrabajador público, no puedo ir al Ministerio del Trabajo a denunciar a otro ministerio, ni siquiera te dejan poner la denuncia, y mucho menos puedo ir a protestar porque nos recetaron cárcel”.
Un “castigo” para los exfuncionarios públicos
Rafael estima que esta situación es “un castigo” del régimen para los exfuncionarios públicos que han decidido renunciar. “Cada vez generan más leyes que castigan fuertemente al empleado público, lo castigan y a la misma vez lo trata de amarrar”, comentó.
El 23 de noviembre de 2023, los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional aprobaron la “Ley para el cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado”, que fue calificada por abogados como un retroceso en materia de derechos laborales adquiridos.
Básicamente, la ley establece una tabla de indemnizaciones por antigüedad que somete al trabajador a 20 años de labor ininterrumpida para gozar los mismos beneficios que se podían lograr con tan solo seis años laborados, según lo que establece el Código del Trabajo. Además, reduce aún más los beneficios para quienes tengan menos de cinco años de servicio.
Los trabajadores que tengan de tres a diez años obtendrán el equivalente a un mes de salario si dejan el puesto de manera voluntaria. En tanto, quienes acumulen de 10 a 15 años cobrarán el equivalente a 2 meses de su sueldo. En el caso de los que acumulen de 15 a 20 años de trabajo, el Estado de Nicaragua les reconocerá 3 meses de sueldo como liquidación. Cobrarán cinco meses de sueldo solo aquellos que trabajen 20 años continuos para el sector público.
Las nuevas reglas impuestas por el orteguismo ocurren tras una serie de renuncias de trabajadores del Estado que, cansados de la represión y vigilancia policial impuestos en los entes del Estado, decidieron abandonar sus puestos.
“Todas las leyes que están sacando son para asfixiar al trabajador, para amarrarlo. Definitivamente no espero nada bueno”, subrayó Rafael.
No hay respuestas “hasta nueva orden”
Marcos es un docente que por más de cinco años laboró en la Universidad Nacional Politécnica (UNP), que sustituyó a la confiscada Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli). Fue despedido durante una barrida realizada en octubre de 2023, cuando las autoridades universitarias echaron a por lo menos 70 trabajadores. No le han pagado “ni un centavo” de liquidación, pero considera que “lo peor” es que no le dicen “absolutamente nada”.
Las pocas respuestas que Marcos ha obtenido de las autoridades de la universidad son: “no hay planificación de liquidación”, “no se sabe” y “hasta nueva orden”.
Ante la falta de pagos y la carencia de información sobre las liquidaciones, Marcos teme que las autoridades universitarias intenten liquidarlo con la nueva ley para el cálculo de la indemnización. Aunque esta nueva normativa solo aplica en caso de renuncias y no es su caso.
“A nosotros nos despidieron antes que esa ley fuera aprobada, nos aplicaron el artículo 45 (del Código del Trabajo)”, advierte Marcos. Pero, continúa, “si ellos (el régimen) quieren, pueden aplicarla”.
La situación de los extrabajadores públicos despedidos contrasta con lo establecido en el artículo 45 del Código del Trabajo. Este artículo establece que “cuando el empleador rescinda el contrato de trabajo por tiempo indeterminado y con causa justa pagará al trabajador una indemnización equivalente a un mes de salario por cada uno de los primeros tres años de trabajo, veinte días de salario por cada año de trabajar a partir del cuarto año”.
Funcionarios públicos “usados” por el régimen y el FSLN
Rafael, Martha y Marcos aseguran sentirse “usados” por el régimen. Relatan que, durante el tiempo que fueron funcionarios públicos, eran obligados a “participar regularmente” en reuniones del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y a destinar “un porcentaje de su salario mensual” para el sostenimiento de las Unidades de Victorias Electorales (UVE), que dirige la vicepresidenta Murillo.
“Todo ese tiempo fui títere de las autoridades de la Corte Suprema (de Justicia)”, criticó Martha. “Cada mes nos obligaban a pagar al partido (un porcentaje) del salario para esas benditas reuniones de las UVE” y la mayoría “lo hacíamos para mantener el trabajo”, agregó.
En el Minsa “una vez al mes, fuera del horario laboral, los trabajadores están obligados a repartir paquetes alimenticios con propaganda política”, enfatiza Rafael. También son “obligados a asistir a actos públicos no relacionados a la salud, más bien de política” y “el crecimiento laboral solamente aplica para los que son muy activos en política y no necesariamente por su formación profesional”, comentó.
