27 de diciembre 2024
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El Gobierno de Estados Unidos sancionó a 20 rectores, directivos y funcionarios del sistema universitario nicaragüense, por colaborar con el régimen para confiscar unas 26 universidades privadas, y por “tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega - Murillo y reprimir la disidencia”.
En un proceso que aceleró en los últimos dos años, la dictadura se apropió ilegalmente de casas de estudios tan prestigiosas como el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), la Universidad Centroamericana (UCA), y la Universidad Politécnica (Upoli), transformándolas en centros de adoctrinamiento manejados por docentes y administrativos elegidos de entre sus incondicionales.
El Informe presentado por el Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos “sobre personas extranjeras que a sabiendas hayan participado en acciones que socaven los procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua”, incluye a 27 personas: dos salvadoreños, dos guatemaltecos, tres hondureños, y 20 nicaragüenses.
El efecto inmediato es que todos los incluidos en la lista pierden sus visas de entrada a Estados Unidos (en caso que la tuvieran), o simplemente se les considerará inelegibles para obtener una. Además, podrían ser excluidos del sistema bancario de sus países, ante el riesgo reputacional que pueden suponer para cualquier entidad financiera.
En teoría, la promulgación de la Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas, protege a este nuevo grupo de sancionados. Al menos en Nicaragua.
El reporte del Departamento de Estado destaca que “este informe incluye a las personas que se ha determinado que han participado en la actividad relevante sobre la base de información creíble o acusaciones de la conducta en cuestión, de informes de los medios de comunicación y otras fuentes”.
Adicionalmente, se comprometen a continuar “revisando a las personas enumeradas en el informe y considerará todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la actividad corrupta y antidemocrática en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua”.
Para ello, seguirán “examinando información y denuncias adicionales fidedignas relativas a la corrupción o las actividades antidemocráticas y utilizando todas las autoridades aplicables, según proceda, para garantizar que se niegue refugio seguro en los Estados Unidos a los funcionarios corruptos o antidemocráticos”.
20 sancionados
En la lista de sancionados por Nicaragua, destaca un primer grupo integrado por Almarina Oliveira Solís Santos, vicepresidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU); Roberto Enrique Flores Díaz, secretario del CNU; Jaime López Lowery, secretario técnico del CNU; Isaías Hernández Sánchez, Director de Planificación y Desarrollo del CNU; Mario José Caldera Alfaro, vicepresidente del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA); Nivea del Socorro González Rojas, ex miembro de la junta directiva de la CNEA, y Francisco Martín Jácamo Ramírez, ex miembro de la junta directiva de la CNEA.
Cada uno de ellos fue señalado por la Administración estadounidense por socavar “procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia al tomar el control de la Universidad Centroamericana (UCA) y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias”.
El siguiente grupo de catorce sancionados se incluye a la lista por socavar “los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes” de sus respectivas universidades que no participan en actividades políticas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Este segundo grupo incluye a la vicerrectora y al Secretario General de la Universidad Nacional “Casimiro Sotelo”, Luz Marina Ortis Narváez y Moisés Ignacio Palacios, respectivamente. También a tres funcionarios de la Universidad Politécnica Nacional: la rectora Lilliam de Jesús Lezama Gaitán, el vicerrector Henry Antonio Balmaceda Zamora, y la Secretaria General, María Alejandra Martínez Guadamuz. Además, incluye a la rectora de la Universidad Nacional Multidisciplinaria “Ricardo Morales Avilés”, Johana Elena Torrez Mendoza, así como a su segundo, el vicerrector José Ramón Velásquez Hernández.
Los seis últimos trabajan para dos casas de estudios superiores. Ellos son Juan Carlos Benavides Fuentes, rector de la Universidad Nacional “Francisco Luis Espinoza”, Noemí del Carmen Obregón, su vicerrectora, así como José Elías Álvarez, el secretario general. La lista cierra con Flor de María Pérez Vélez, rectora de la Universidad Nacional “padre Gaspar García Laviana”; el vicerrector Javier Guillermo Hernández Munguía, y Claudia Patricia Jovel Castillo, la Secretaria General.
