El itinerario de la dictadura: una década de autoritarismo

Mi objetivo en estas líneas, basadas en los apuntes de mi libreta como periodista, es describir la trayectoria del régimen Ortega-Murillo en Nicaragua antes y después de la insurrección cívica de abril del 2018, así como analizar los desafíos políticos que enfrentamos hoy como nación.

Después de los fracasos de la Revolución Sandinista (1979-1990) y la transición democrática (1990-2006), Nicaragua está viviendo otra gran oportunidad histórica. La tercera en los últimos 40 años y quizá la última, en la que una gran alianza nacional —aún en gestación— intenta desalojar del poder a un régimen autoritario para realizar una reforma política democrática duradera.

¿Cuál es la naturaleza del régimen Ortega-Murillo y cómo estalló la Rebelión de Abril? ¿Cómo ha logrado Ortega “atornillarse” en el poder después de ejecutar una brutal represión? A casi dos años del estallido, ¿cuáles son las perspectivas de un cambio político democrático en Nicaragua? Las respuestas a estas preguntas demandan una verdadera conversación nacional. Mis reflexiones apuntan a contribuir a ese debate necesario para buscar una salida democrática, en estos momentos de dolor y esperanza para Nicaragua.

Itinerario de la dictadura Ortega-Murillo

El régimen que entró en crisis el 18 de abril del 2018 en Nicaragua es el resultado de más de una década de poder autoritario, en el que Daniel Ortega consolidó una dictadura que concentra y centraliza todos los resortes del poder: la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional, el Poder Electoral, la Contraloría, la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua.

Después de permanecer 16 años como líder de la oposición, Ortega regresó al poder en el 2007 al ganar una elección con el 38% de los votos, favorecido por una regla constitucional sui generis pactada en el año 2000 con el entonces presidente Arnoldo Alemán (después procesado por corrupción), que redujo el umbral para ganar en primera vuelta del 45% al 35% con una diferencia de 5% sobre el segundo lugar. Al contrario de Evo Morales, Hugo Chávez o Rafael Correa, quienes triunfaron con una marejada de votos en medio de una crisis del sistema político, Ortega no llegó al poder con una mayoría política, sino como resultado de la división del electorado, tras haber ejecutado durante más de una década un proceso de captura del Estado desde abajo, apoyado en el uso de la fuerza y la infiltración partidaria de la Corte Suprema de Justicia y el Poder Electoral.

Neoliberal, autoritario y asistencialista

Es completamente falsa, por lo tanto, la narrativa oficial que pretende presentar al gobierno de Ortega como la “segunda etapa de la Revolución Sandinista”. En realidad, esta terminó en 1990 con la derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln) y el desmontaje del modelo revolucionario. El autoproclamado gobierno “cristiano, socialista y solidario” de Ortega, instauró un régimen económico neoliberal, dándole continuidad a la política de los tres gobiernos anteriores —Violeta Chamorro (1990-1997), Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (2002-2007)— bajo la tutela del fmi. Autoritario en lo político y asistencialista en lo social, el régimen de Ortega invocó una retórica revolucionaria, imponiendo al mismo tiempo valores conservadores, como la penalización del aborto terapéutico, mientras desmanteló el sistema de participación ciudadana y rendición de cuentas, anulando la autonomía municipal y la universitaria.

Una década antes de la aparición de Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil, Ortega definió a la prensa independiente como el “enemigo” que debe ser aplastado, y mucho antes de la era de las fake news, calificó a los periodistas como “Hijos de Goebbels”, desatando virulentas campañas de linchamiento contra la prensa en los medios oficiales, como respuesta a las denuncias de corrupción sobre su gobierno.

2008: el fraude electoral municipal

En noviembre del 2008, la oposición y grupos nacionales de observación electoral documentaron un fraude masivo en las elecciones municipales en más de 40 de los 153 municipios del país, incluida Managua, perpetrado por el Consejo Supremo Electoral (cse) controlado por el fsln. Ortega resolvió la disputa utilizando fuerzas de choque, con la complicidad de la Policía, para reprimir las protestas con violencia, mientras la oposición se mostró incapaz de defender el voto en las urnas y en las calles.

La constatación del fraude electoral provocó la primera crisis de legitimidad democrática del régimen. La Unión Europea y Estados Unidos impusieron sanciones económicas a través de la suspensión de la cooperación para apoyo presupuestario y la Cuenta del Milenio, respectivamente. Sin embargo, Ortega logró sortear la presión de las sanciones, al sustituir esos fondos con la millonaria cooperación petrolera venezolana que manejaba de forma discrecional fuera del presupuesto de la República.

Los petrodólares de Venezuela y la corrupción

Entre 2008 y 2016, Nicaragua recibió más de usd$ 4500 millones de cooperación estatal venezolana —unos usd$ 500 millones anuales equivalentes al 6% del Producto Interno Bruto— entre préstamos, donaciones e inversiones, que se manejaron a través de canales privados al margen del control estatal. Una parte de estos fondos se destinaron a respaldar los subsidios gubernamentales, programas asistencialistas y las actividades partidarias del fsln, pero la mayoría se desvió hacia el consorcio empresarial albanisa, una empresa binacional creada por pdvsa de Venezuela y Petronic de Nicaragua, en última intancia dependiente de los intereses privados de la familia Ortega-Murilllo.

Con la desviación millonaria de esos fondos estatales hacia actividades privadas, la familia Ortega-Murillo adquirió una influencia económica clave en el sector de la industria eléctrica y de hidrocarburos, entre otros. Además, creó un conglomerado de medios de comunicación en donde los hijos de Ortega son propietarios de al menos tres canales privados de televisión —4, 8 y 13— y mantienen el control del Canal 2 y del estatal Canal 6, así como de varias radioemisoras, de compañías de producción audiovisual y fundaciones, cobijadas o financiadas por el Estado.

Los medios de comunicación independientes investigamos y documentamos con pruebas la millonaria desviación de los fondos de la cooperación estatal venezolana hacia las actividades privadas del orteguismo, como uno de los mayores actos de corrupción de la historia de Nicaragua. Sin embargo, ninguna instancia estatal —Policía, Fiscalía, Contraloría, Asamblea Nacional, Corte Suprema de Justicia, todas controladas por Ortega— realizó alguna investigación sobre estos presuntos delitos. Bajo un régimen de transparencia cero, la impunidad de la corrupción y la confusión de lo público con lo privado, se consolidó durante más de una década como una marca de identidad política del estilo de gobierno de Ortega.

2009: la alianza con los grandes empresarios

En el 2009, en las horas bajas de legitimidad democrática del régimen, se produjo un entendimiento providencial para Ortega con los grandes capitales de Nicaragua y la región, en medio de la crisis económica internacional. El acuerdo configuró un régimen corporativista, bautizado por ambas partes como el modelo de “diálogo y consenso” entre el poder autoritario y los grandes empresarios, según el cual estos ejercieron un cogobierno, acordado por consenso con el régimen la legislación sobre los asuntos económicos, mientras Ortega, como el dictador Anastasio Somoza Debayle en los años setenta, mantuvo el monopolio de la política. Así se desarrolló esta alianza para la promoción de negocios y atracción de inversión privada, sin democracia ni transparencia, con amplias ventajas para los grandes grupos económicos, al subordinar la política tributaria y las exoneraciones fiscales al presupuesto paralelo financiado por Venezuela, que Ortega manejaba con holgura.

Los resultados de esta alianza, celebrada como “populismo responsable” o “autoritarismo suave”, le brindaron al país estabilidad económica y sobre todo legitimidad política a Daniel Ortega para consolidar su dictadura institucional. Apuntalada en el dinamismo del sector externo y el crecimiento de la inversión privada, nacional y extranjera, Nicaragua experimentó tasas de crecimiento económico de 4.5% promedio durante ocho años consecutivos, que le permitieron reducir los índices de pobreza extrema, y aunque no se produjeron cambios en la productividad y la estructura productiva, se implantó una esperanza de mejoría económica.

 2011: la reelección inconstitucional

En noviembre del 2011, Ortega se reeligió de forma inconstitucional. Impedido de ser candidato presidencial por dos candados constitucionales establecidos en la reforma de 1995 —la prohibición expresa de la reelección consecutiva y el impedimento de ser candidato para quienes ya hubiesen ejercido el cargo en dos ocasiones anteriores— recurrió a la sala constitucional de la Corte Suprema, controlada por su partido, alegando que la regulación de la reelección violaba sus derechos humanos. En esencia, Ortega usó el mismo argumento que en el 2003 había instaurado, como nefasto precedente, en Costa Rica el demócrata Óscar Arias para su reelección en el 2006, y que sería invocado cinco años después por Evo Morales en Bolivia para ser candidato en una cuarta reelección consecutiva. Pese a las denuncias de fraude electoral y cuestionamientos sobre la falta de transparencia presentados por la misión de observación electoral de la Unión Europea, Ortega obtuvo más del 62% de la votación y logró mayoría calificada en el parlamento para reformar a sus anchas la Constitución y legalizar la dictadura institucional.

2013: el canal interoceánico y el movimiento campesino

En junio del 2013, el parlamento utilizó un procedimiento exprés para aprobar de forma sorpresiva la Ley no 840 para la construcción del “gran canal interoceánico”. La Ley Ortega-Wang otorgó al empresario chino Wang Jing y su empresa Hong Kong Nicaraguan Development (hknd), una concesión por cincuenta años prorrogables para expropiar de forma discrecional el territorio nacional, para la construcción del canal y sus subproyectos, cuya inversión sería de usd$ 50 000 millones.

Seis años después, el megaproyecto que Ortega vendió como la “tierra prometida” nunca inició su construcción y concluyó en una gran estafa. La amenaza a la propiedad de la tierra de los campesinos en la franja canalera generó un movimiento social que organizó más de 100 marchas de protesta para exigir la derogación de la ley. A pesar de la represión y la persecución, el movimiento campesino en defensa de la tierra, el lago y la soberanía nacional, presidido primero por Francisca Ramírez y después por Medardo Mairena, se consolidó como uno de los principales actores sociopolíticos del país.

 2014: la reelección indefinida

En el 2014, con el control de la mayoría calificada en el parlamento, Ortega impuso una reforma constitucional en la que establece la reelección presidencial indefinida y fortalece el esquema de subordinación de todos los poderes del Estado al Ejecutivo. De forma simultánea, la Asamblea reformó el Código Militar y la Ley de la Policía Nacional, legalizando la prórroga indefinida en sus cargos del jefe del Ejército y el director de la Policía, al servicio de la discrecionalidad presidencial. Con la reforma constitucional se institucionaliza el esquema de poder Estado-Partido, que en última instancia se subordina a la familia gobernante, a través de la pareja Ortega-Murillo.

2016: elección de partido hegemónico, sin competencia

En noviembre del 2016, se lleva a cabo la segunda reelección consecutiva de Ortega, esta vez con su esposa Rosario Murillo como vicepresidente colocada en la línea de sucesión constitucional. Seis meses antes de la elección, el régimen despojó de su personería jurídica a la alianza opositora, Partido Liberal Independiente (pli), y de forma ilegal expulsó del parlamento a diecisiete diputados opositores. La elección celebrada entre el fsln y cinco partidos colaboracionistas, sin competencia ni oposición política, le dio a Ortega la victoria con el 72.5% de los votos. No obstante, los observadores electorales independientes denunciaron una abstención mayor del 70%, como señal de rechazo y protesta masiva del electorado.

2017: los signos del desgaste, sin oposición política

En el 2017, con la caída del precio internacional del petróleo se vislumbraban signos del desgaste económico del modelo corporativista autoritario al disminuir considerablemente el flujo de petrodólares de la cooperación venezolana. El Fondo Monetario Internacional (fmi) advirtió crecientes presiones fiscales, derivadas de la crisis de las finanzas públicas y del sistema de seguridad social, mientras el malestar social se reflejaba en la protesta de movimientos sociales: campesinos, feministas, promotores de elecciones libres y organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, no existía el contrapeso de una oposición política nacional que cuestionara el poder de la dictadura. A pesar de las críticas de la prensa independiente sobre la insostenibilidad del modelo autoritario en alianza con los grandes empresarios, sus promotores más bien proponían exportar el “modelo” en América Latina. En el 2018, Ortega inicia el segundo año de su tercer período de gobierno consecutivo, con miras a conformar una dictadura dinástica en el 2021.