11 de agosto 2023
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo asestó otro golpe a la Universidad Centroamericana (UCA) al ordenar la inmovilización de sus propiedades en el Registro Público, confirmaron dos fuentes vinculadas a la universidad jesuita a CONFIDENCIAL.
Este nueva agresión se suma al congelamiento de las cuentas bancarias el pasado miércoles, y que hasta ahora no ha sido oficializado por las autoridades de esa institución de educación superior.
Este jueves 10 de agosto de 2023, pasada las 7:00 p.m., la UCA envió un correo electrónico a su comunidad universitaria confirmando que atraviesan un momento complejo y que realizan gestiones para superar los obstáculos que les impiden ejecutar operaciones bancarias.
La UCA reconoció que enfrentan una “situación adversa” y a la vez, aclaró que “continúa su funcionamiento como casa de estudios superiores”.
“Como tantas otras situaciones adversas que hemos enfrentado a lo largo de nuestra historia, actualmente nos encontramos realizando las gestiones pertinentes para superar obstáculos y contratiempos que afectan nuestro funcionamiento ordinario y nos dificultan realizar operaciones bancarias. Mantenemos nuestro compromiso con los estudiantes, docentes y personal”, se lee en el correo enviado.
Hasta ahora se desconoce si existe alguna investigación policial contra la universidad para justificar el congelamiento de sus cuentas bancarias y la inmovilización de sus bienes. Las autoridades de la UCA aseguraron, en el correo, que los mantendrán informados. Sin embargo, esta situación ha generado incertidumbre entre estudiantes, personal docente y administrativo.
UCA sin acreditaciones
La universidad jesuita, fundada en 1960, es una de las 13 universidades que esperan finalice su proceso de evaluación para ser acreditadas por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), que junto al Consejo Nacional de Universidades (CNU) conforman el brazo represor contra las entidades de educación superior privadas. Sin embargo, no es la única traba que el régimen ha impuesto a la institución educativa.
Tampoco ha recibido la acreditación por parte del Consejo Nacional de Universidades (CNU)- que en 2022 la dejó fuera del 6% constitucional- y del Ministerio de Gobernación (Migob), que se niega a entregarle su constancia de cumplimiento desde 2019, confirmó una fuente cercana a la Universidad al medio de comunicación Divergentes.
El patrón represivo contra la UCA corresponde al implementado por el Migob contra más de 3000 organizaciones de sociedad civil, despojadas de su personería jurídica y obligadas a cerrar porque supuestamente estaban en la ilegalidad, cuando en realidad, el mismo Migob se negaba a entregarles sus constancias de funcionamiento.
El Migob justificaba el cierre de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) por la falta de actualización de juntas directivas o de fuentes de financiamiento, cuando la misma entidad se encargaba de bloquear ese procedimiento.
Cierre y confiscaciones de universidades
Las nuevas violaciones contra la UCA se dan en un contexto de desmoronamiento de la autonomía universitaria, cierre y confiscaciones de universidades privadas por el Migob, en contubernio con el CNU y el CNEA. De 2021 a la fecha, el régimen a través del Migob cerró 26 universidades y agrupó a su comunidad estudiantil afectada por la arbitrariedad gubernamental en cuatro nuevas universidades estatales, bajo la supervisión del CNU -órgano fiel al régimen orteguista-.
Estas nuevas casas de estudios, creadas de imprevisto por los diputados orteguistas, acogen a 25 704 estudiantes, distribuidos en 25 sedes a nivel nacional. Estos pagan mensualmente unos 771 120 dólares, que al año suman más de USD 9.25 millones, pese a que son universidades estatales y reciben una partida presupuestaria del 6%, reveló una investigación de CONFIDENCIAL publicada el 3 de agosto pasado.
El CNEA también ha estado involucrado en el cierre de al menos once universidades privadas de las 26 eliminadas entre 2021 y 2023. Las más recientes entidades despojadas de su personería jurídica fueron la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King (UENIC) y la Universidad de Occidente (UDO).
Al respecto, el Migob señaló en el Acuerdo Ministerial 99-2023 del viernes 28 de julio que la cancelación fue solicitada por el CNU y el CNEA luego de determinar, que la universidad “incumple parcialmente” los mínimos de calidad necesarios para obtener la acreditación correspondiente.
La UCA está en un grupo de 13 universidades pendientes de ser acreditadas. Otras que están en la misma situación es la Universidad American College (UAC); la American University (LAU); la Universidad Central de Nicaragua (UCN); y la Universidad de Administración, Comercio y Aduana (UNACAD), entre otras.
Reacciones de movimientos políticos, estudiantiles y opositores
Tras confirmarse el bloqueo de las cuentas de la UCA, expresos políticos, opositores y analistas han expresado su solidaridad con la Universidad, destacando la coherencia de sus valores para denunciar la crisis de violaciones de derechos humanos que vive Nicaragua. La UCA funge desde 2018 como un bastión en la lucha contra el régimen orteguista, que convirtió a varios de sus estudiantes en perseguidos políticos.
El Proceso Monteverde señaló, en un comunicado, que la cancelación de cuentas bancarias de la UCA es una medida represiva ejecutada por la dictadura como "una venganza por el compromiso de la universidad en denunciar los asesinatos perpetrados por el régimen desde 2018, así como por su valiente labor en la defensa de los derechos humanos y su contribución en la búsqueda de una salida pacífica y democrática ante al represión y el conflicto político que vive Nicaragua desde hace más de cinco años".
Los opositores agrupados en este bloque de unificación destacaron a la UCA como "cuna de líderes" que lucharon contra la dictadura somocista y que, en 2018, una nueva generación lideró la Rebelión Cívica.
Según el grupo, el bloqueo de las cuentas pretende "evitar la formación de ideas que cuestionen el poder totalitario, buscando imponer un adoctrinamiento y una lealtad irreflexiva", denunció.
Una parte de los 222 desterrados políticos en febrero de 2023, también publicaron un comunicado en el que recordaron que en la UCA se han formado decenas de miles de profesionales con alta calidad, que han puesto sus conocimientos al servicio del desarrollo del país. Agregaron que ha sido un “centro de promoción del pensamiento libre y crítico”, base para el desarrollo de conciencias que permitan la transformación de las sociedades.
De igual forma, seis organizaciones juveniles suscribieron un pronunciamiento, expresando su respaldo a la UCA. “Consideramos que estas medidas son una clara violación a los derechos fundamentales de los estudiantes y colaboradores, así como un intento de coartar la autonomía universitaria”.
“Congelar sus cuentas es un ataque directo a la educación y a la libertad intelectual, poniendo en riesgo la continuidad de proyectos, investigaciones y programas que benefician a toda la comunidad universitaria y a la sociedad nicaragüense en general”, señalaron en el texto.
“Condenamos y rechazamos este atropello, exigimos el levantamiento inmediato del congelamiento de las cuentas bancarias de la UCA y de todos los miembros afectados”, indicaron. Los movimientos de jóvenes que firman el comunicado incluyen al: Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses (AUEN), Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), Movimiento Universitario 19 de Abril (MU19A), Movimiento UNA, Movimiento Estudiantil 19 de Abril (ME19A) y la Unidad Juvenil Estudiantil.
El exreo político Félix Maradiaga, cuestionó también por su parte, en una carta publicada en sus redes sociales, que "esta nueva vulneración al artículo 125 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, que consagra la tutela de los derechos de las comunidades educativas universitarias y de otros centros de educación técnica superior, que se suma al proceso de desmantelamiento de la autonomía universitaria, iniciado en 2007 y acelerado a partir de 2018, con la confiscación de varias universidades privadas".
