10 de agosto 2023
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo bloqueó las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana (UCA), confirmaron fuentes vinculadas a la entidad educativa consultadas por CONFIDENCIAL, mientras que otra fuente del Ministerio de Gobernación (Migob), aseguró al medio de comunicación Divergentes que la medida también alcanzó a “algunos de sus más altos directivos”.
Hasta ahora se desconoce si existe alguna investigación policial contra la universidad para justificar el congelamiento de sus cuentas bancarias. La UCA no se ha pronunciado oficialmente sobre esta medida represiva en su contra.
Este miércoles 9 de agosto de 2023, la universidad envió un correo electrónico a estudiantes y sus diferentes dependencias, informando que “por inconvenientes en nuestros canales y medios de pago ajenos a nuestra voluntad, no estamos recibiendo pagos correspondientes a aranceles o servicios de ninguna de las instancias de la universidad”. Se comprometieron a notificar cuando el problema haya sido resuelto, sin especificar detalles.
Divergentes explicó en su reporte que en la universidad “se reportaron movimientos internos, organizativos y financieros para reducir el impacto de una medida como este congelamiento de las cuentas”, les confió una fuente relacionada con la UCA.
La universidad jesuita, fundada en 1960, es una de las 13 universidades que están a la espera que finalice su proceso de evaluación para ser acreditadas por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), que junto al Consejo Nacional de Universidades (CNU) conforman el brazo represor contra las entidades de educación superior privadas.
El régimen orteguista empezó a cerrar universidades privadas y confiscar sus bienes en 2021, a través de la clausura masiva de personerías jurídicas aprobadas por el Ministerio de Gobernación (Migob). Sin embargo, desde diciembre de 2022, justifican estas cancelaciones porque supuestamente estos centros de educación no cumplen con los indicadores de calidad mínimos en su oferta académica.
El CNEA es un órgano rector que realiza un proceso de acreditación de las universidades, con el cual se han "decapitado" al menos diez instituciones educativas, amparándose en una reforma a la Ley 740 Creadora del Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación y Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de 2022.
Según el reporte de Divergentes, el proceso de acreditación en el que permanece la UCA ha imposibilitado la actualización de sus directivas ante varias entidades, incluyendo los bancos. “Como esta actualización de información no ocurre, el régimen presiona, a través de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), para que cierren por razones administrativas financieras”, reveló otra fuente a ese medio de comunicación.
UCA fuera del 6% constitucional
En abril de 2022, los diputados orteguistas reformaron la Ley General de Educación y Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior (IES), dejando fuera a la UCA de la partida presupuestaria del 6%, afectando el acceso a becas a miles de jóvenes de todo el país.
La medida fue calificada por expertos en educación como una represalia contra la primera universidad privada en Centroamérica, fundada por la Compañía de Jesús, que fue un bastión de lucha contra el régimen orteguista durante el estallido social de 2018 y permitir que en su recinto se ejerciera el derecho a la libertad de expresión por parte de sus estudiantes, varios de ellos convertidos por el régimen orteguista en perseguidos políticos.
La UCA también abrió sus puertas el 30 de mayo de 2018 para resguardar a centenares de nicaragüenses que participaban en la Marcha por el día de las Madres, atacada a balazos por policías y paramilitares al servicio de la dictadura orteguista, dejando muerte y dolor.
Los alrededores de la universidad permanecen vigilados por varias patrullas policiales, con el fin de evitar cualquier acto de resistencia y protesta por parte de la comunidad estudiantil de la UCA.
Dictadura desterró a sus principales autoridades
El régimen de Ortega desterró de facto al entonces rector de la UCA, el sacerdote jesuita José Alberto Idiáquez Guevara, quien estuvo en el cargo desde 2014. El padre no pudo regresar a Nicaragua en julio de 2022, porque la dictadura no le renovó su pasaporte en el extranjero, mientras estaba de viaje por motivos de salud.
Idiáquez formó parte de la Alianza Cívica y participó en el primer intento de Diálogo Nacional tras la masacre orteguista contra la Rebelión de Abril, mediado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), pero renunció a la organización cuando esta abandonó la Coalición Nacional en busca de un candidato para las votaciones generales de 2021.
En septiembre de 2022, el régimen también negó el ingreso a Nicaragua al vicerrector de la Universidad Centroamericana (UCA), Jorge Huete, quien estaba en un viaje de trabajo en Córdoba, Argentina. Desde el 1 de junio de 2022 el padre Rolando Enrique Alvarado López funge como nuevo rector de esa casa de estudios.
