6 de julio 2023
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La dictadura de Daniel Ortega reformó el artículo 97 de Constitución Política de Nicaragua y la Ley 872 o de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional para reafirmar las líneas de subordinación que ha construido en los últimos años, pero sobre todo, frenar el incremento de deserciones en esta institución, opina la especialista en temas de seguridad, Elvira Cuadra.
“Esas disposiciones están colocadas allí porque el proceso de descontento e insatisfacción, de erosión de su apoyo político se ha impregnado en todas las instituciones públicas y la Policía es una de las más sensibles. Entonces, quieren frenar esa fuga de recurso humano y quieren que quienes se vayan o se nieguen a cumplir esas órdenes, que violentan los derechos humanos, no afecten la moral de la institución”, señaló Cuadra en el programa Esta Noche.
Las reformas a la Constitución y a la Ley 872 fueron aprobadas este miércoles 5 de julio de 2023, por unanimidad, por la Asamblea Nacional, controlada por la dictadura. Con los cambios establecidos en las reformas, la Policía Nacional pasó a ser un cuerpo armado y subordinado al Presidente de turno.
“La Policía pasa de ser una institución de naturaleza civil y ahora se transforma en un cuerpo armado que ya no es de naturaleza civil. Esto parecería un juego de palabras, pero realmente no lo es, porque lo que nos está diciendo es que ya su naturaleza se convierte en una naturaleza militar, de fuerza y de coerción pura”, explica la investigadora, quien se encuentra en el exilio.
Régimen deja en evidencia a la Policía
Cuadra recuerda que en 2014, uno de los ejes de la publicidad de la Policía Nacional era precisamente su modelo proactivo y preventivo de seguridad ciudadana, cercano a la comunidad, pero con la reforma a la Constitución esto se elimina completamente.
Las reformas a la Ley de la Policía introducen tres nuevos artículos en los que establecen penas de dos a tres años cárcel para el personal policial que abandone el servicio, ya que lo consideran un "perjuicio grave a la seguridad ciudadana". Asimismo, autoriza el arresto por un período de seis meses hasta dos años para quienes desobedezcan -sin justificación- las órdenes de sus superiores.
“Seguramente han habido numerosos casos de efectivos policiales que se han negado a cometer actos de represión y entonces están poniendo mecanismos para sancionar y castigar a quienes decidan hacerlo en el futuro. Se conocen numerosos casos públicos en redes sociales de policías que se fugan, que se salen de la institución y que se van a otros países y eso, aparte de que causa una especie de desmoralización dentro de las filas de la misma institución, mina las capacidades de represión y el recurso humano que tienen a la disposición” (la dictadura), opina la investigadora.
Las reformas tanto a la Constitución como a la Ley de la Policía también intentan borrar las contradicciones que existen entre el actuar represivo, que ejecuta esta institución en los últimos años, que iban en contra de su naturaleza. Ahora con los cambios, la dictadura desnuda o desenmascara el actuar coercitivo y de vigilancia. “Ya no tienen máscara, ya no tienen más mentira”, dice.
Policía enfrenta crisis de confianza en su círculo
Las reformas también ocurren en un momento en que la Policía Nacional, el principal brazo represor de la dictadura, atraviesa un proceso de “reingeniería interna” que ha provocado la remoción de altos mandos policiales. El último de ellos es el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), comisionado general Luis Pérez Olivas. También hubo movimientos y destituciones con los comisionados generales Juan Valle Valle, Pedro Rodríguez Argueta, entre otras figuras.
“Esa es una operación que está en curso desde finales del 2020 y esta reforma a la Constitución y a la Ley de la Policía hacen parte de esos cambios. Por un lado, están reorganizando la institucionalidad en función de esa política de vigilancia, control y de represión sobre la ciudadanía. Esto se ha estado haciendo tanto en términos ejecutivos, operativos y prácticos, como en este movimientos y nombramientos de funcionarios públicos que hemos visto en los últimos meses”, dice Cuadra.
Asimismo, este proceso es parte de una recomposición del círculo de lealtades de la dictadura Ortega Murillo, añade la experta. “Luego de cinco años de crisis y de estar interpelados públicamente por toda la sociedad nicaragüense y la comunidad internacional para un cambio político en el país, necesitan tener un círculo de confianza, de (personas) verdaderamente leales porque su base de apoyo, incluso la más cercana, se ha minando con el tiempo”.
La especialistas en temas de Seguridad reiteró que la crisis de confianza dentro del círculo de la dictadura es real porque hay quienes tienen más de cinco años consecutivos de permanecer en estado de alerta por la situación del país y eso tiene consecuencias.
“Es muy probable que ellos también estén expuestos al agotamiento y al descontento por toda esta situación que está sucediendo. Entonces, necesitan renovar ese círculo de confianza con personas más jóvenes probablemente, y que estén mucho más dispuestas a comprometerse con lo que el régimen requiere en este momento, en términos de acción o de actividades de la Policía”, opina.
