5 de febrero 2025

Dos años de destierro, intentos de sanar y sobrevivir, y el deseo de volver a Nicaragua

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CorteIDH escuchó a diversas víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos sobre la política de destierro y desnacionalización en Nicaragua
Un grupo de nicaragüenses denunció las violaciones de derechos humanos y el destierro de Nicaragua, ante la CorteIDH, el 5 de febrero de 2025. // Foto: Cortesía
Un grupo de excarcelados y organizaciones denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la persistencia de una política de destierro y desnacionalización de ciudadanos y opositores nicaragüenses por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que provoca daños irreparables a los derechos de las víctimas.
En la audiencia realizada este martes 4 de febrero de 2025, la Corte IDH escuchó a diversas organizaciones defensoras de derechos humanos que solicitaron mantener las medidas provisionales que el tribunal ha venido dictando, desde 2021, en favor de un total de 116 personas opositoras que fueron detenidas y luego la mayoría de ellas desterradas y despojadas de su nacionalidad por la dictadura.
Las organizaciones, entre ellas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Raza e Igualdad, la Federación Internacional por los Derechos Humanos, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y la Unidad de Defensa Jurídica representan a 97 personas a las que se les han otorgado estas medidas. 88 de ellas han sido desterradas y despojadas de su nacionalidad-55 de estas actualmente son apátridas-, 7 siguen encarceladas, 1 se encuentra exiliada y 1 se encuentra en situación de desaparición forzada.
"La política estatal sistemática y generalizada de destierro, desnacionalización y privación de derechos que afectó a las personas beneficiarias de las medidas provisionales profundizó gravemente el riesgo en que se encuentran ellas y sus familias en la actualidad", declaró María Luisa Gómez, de la organización Raza e Igualdad.
La mayoría de estas personas formaron parte de dos deportaciones masivas que realizó el régimen Ortega-Murillo a Estados Unidos en 2023, y a Guatemala en 2024. Estas personas fueron declaradas como traidoras a la patria y sus derechos ciudadanos fueron suspendidos de forma perpetua ante la jurisdicción nicaragüense al ser despojadas de su nacionalidad.
Las organizaciones que participaron en la audiencia denunciaron que los opositores que siguen detenidos no tienen acceso adecuado al agua, a la salud y son sometidos a tratos crueles e inhumanos.
Además, alertaron que el periodista Catalino Leo Cárcamo, beneficiario de las medias provisionales, se encuentra en situación de desaparición forzada desde noviembre de 2024.
Las organizaciones también denunciaron la confiscación de bienes y cuentas bancarias de las personas beneficiaras de las medidas provisionales.
Durante la audiencia lamentaron la ausencia del Estado de Nicaragua, pues la dictadura no envío ningún representante lo que constituye el incumplimiento "del deber de informar al Tribunal, tal como lo determinó esta Corte desde su Resolución de 22 de noviembre de 2021".
"Nicaragua continúa en desacato permanente de lo ordenado por el Tribunal, lo que mantiene en una situación de desprotección absoluta a los beneficiarios e incrementa la situación de riesgo a la que se encuentran expuestos", lamentó Camila Ormar, de CEJIL.
"El sufrimiento durante la situación de desaparición forzada que permanecí los tres primeros meses de mi cautiverio, agravada por el exilio de mi esposa e hija que tuvieron que abandonar Nicaragua una semana después de mi desaparición, me hace reiterar la pertinencia y urgente necesidad de protección", declaró Juan Sebastián Chamorro, excarcelado y desnacionalizado por la dictadura en febrero de 2023.
Chamorro denunció que la excarcelación, la expulsión del país, el despojo de nacionalidad y la confiscación de sus bienes "han generado una profunda angustia, no muy diferente de la producida por las inhumanas condiciones del encarcelamiento durante 611 días".
"Nuestro destierro, no fue una decisión de libre voluntad, sino de un acto cruel y violatorio, que separó y sigue separando familias. Los desterrados no escogimos vivir donde nos encontramos, fuimos forzados. La situación de desamparo de los hermanos desterrados a Guatemala es el más reciente ejemplo", alertó.
En su testimonio, tanto Chamorro como la excarcelada Evelyn Pinto indicaron que la privación arbitraria de su nacionalidad ha provocado una violación sistemática de todos los derechos inherentes a la ciudadanía.
"Nuestra desaparición en los registros civiles es una violación que nos genera impotencia y expone a riesgos. La disolución de matrimonios causa problemas para nuestros hijos, y no tener documentos de identificación impide realizar hasta las más básicas transacciones", declaró Chamorro.
Por su parte, Pinto denunció que su salud se vio deteriorada tras el encierro. "Tengo dolores en las articulaciones, disminuyendo mi calidad de vida", insistió.
La defensora de derechos humanos reveló que por su situación económica tuvo que migrar de Estados Unidos y se encuentra en Costa Rica solicitando refugio, pues le fue arrebatada su pensión de jubilación.
"Al no tener mi pensión de jubilación a mi edad, estoy en búsqueda de trabajo, y aunque no lo he conseguido sigo en esa lucha", declaró Pinto, de 66 años.
Las oenegés pidieron a la Corte IDH mantener las medidas provisionales que ordenen al Estado proteger la vida y la integridad de las víctimas, así como restituir la nacionalidad y los bienes confiscados y liberar a quienes aún siguen en prisión.
La Corte IDH también escuchó a la integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de Naciones Unidas, Ariela Peralta.
Peralta explicó que hay al menos 453 nicaragüenses despojados de su nacionalidad, pero que el número podría ser mayor tomando en cuenta a personas que no han sido informadas.
"La privación arbitraria de la nacionalidad de 453 personas opositoras o percibidas como tales, constituye un crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos. Evidencia la intención del Gobierno a seguir castigando a los opositores reales o percibidos y su familia donde quiera que se encuentren y de infundir temor a represalias ante cualquier acción", declaró Peralta.
La representante del Grupo de Expertos recordó que la reciente reforma constitucional aprobada en Nicaragua establece la privación de la nacionalidad para las personas declaradas traidoras a la patria.
El Estado de Nicaragua, que no envió representación a esta nueva audiencia, fue declarado por la Corte IDH en desacato desde el 2022 por negarse a atender las medidas provisionales de este caso.
Las organizaciones indicaron que en Nicaragua se sigue persiguiendo a personas opositoras políticas o percibidas como tales, "no solo dentro, sino también fuera del país".
"La impunidad es la norma en Nicaragua y, pese a la autocensura que genera la sistemática represión, el régimen sigue persiguiendo, desterrando, hostigando y amenazando", señalaron.
Mencionaron que la dictadura ha realizado una serie de reformas legales en el campo penal, procesal penal, migratorio, de telecomunicaciones, "para consolidar un Estado policiaco y contar con un marco jurídico que permita justificar la persecución tanto dentro como fuera de Nicaragua".
*Con información de EFE
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Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996. Inició como un semanario impreso y hoy es un medio de referencia regional con información, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones sobre Nicaragua, informando desde el exilio por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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