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Clientes recibirán una menor rebaja en sus facturas eléctricas

Gobierno anuncia una reducción promedio del 12.5% en la tarifa de energía eléctrica, pero expertos alertan que consumidores asumirán otros costos

Detalle de un medidor de electricidad en un barrio de Managua (Nicaragua). // Foto: EFE | Jorge Torres

Cinthya Torrez

17 de diciembre 2020

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El Gobierno anunció que a partir del primero de enero de 2021 se aplicará una reducción promedio del 12.5% en la tarifa de energía eléctrica en Nicaragua; sin embargo, expertos en temas energéticos advirtieron que esa rebaja “será menor” en la factura final de los consumidores, ya que estos asumirán otros costos.

Entre esos costos está el deslizamiento de la moneda (2%), una disminución tarifaria que finaliza en diciembre (3%), y un recorte gradual —establecido por ley en 2018— de un subsidio energético, detalló Patricia Rodríguez, experta en temas de energía.


Según el Gobierno, unas 890 000 familias, que consumen hasta 150 kilovatios por mes, gozarán de una rebaja del 15% en su factura. Sin embargo, ese porcentaje de disminución se achicará dependiendo al consumo por hogar.

Por ejemplo: los nicaragüenses que consumen hasta 50 kilovatios por mes percibirán una disminución real del 7.8% en su factura eléctrica. Mientras que aquellos hogares con un consumo de hasta 100 kilovatios por mes, será de 6.8%, según estimaciones de Rodríguez, a falta de las especificaciones que debería publicar el Gobierno.

Javier Mejía, especialista en energía del Centro Humboldt, explicó que para los consumidores de 150 kilovatios por mes, este 15% “es equivalente a lo que venían recibiendo, pero en forma de subsidio”.

Desde 2018, el régimen aprobó la reducción gradual del subsidio energético a los consumidores, como parte del proceso de aprobación de un préstamo por 65 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En 2018 los consumidores de entre 126 a 150 kilovatios por mes, recibían un subsidio del 40% y actualmente es del 25% sobre la tarifa plena. Es decir, el mismo 15%, señalado por el Gobierno. 

Arriba de 150 kilovatios por mes

El régimen orteguista, mediante un escueto comunicado del Ministerio de Energía y Minas (MEM), indicó que para la misma fecha se aplicará una rebaja del 10.6% para los “usuarios cuyos consumos sean mayores de 150 kilovatios por mes, y otras tarifas (comerciales, industriales)”.

Tampoco estos consumidores-excluyendo los comerciales e industriales- percibirán el total del alivio prometido, ya que estos deberán asumir, a partir del 2021, un aumento en el Impuesto del Valor Agregado (IVA), al que se le van a sumar ocho puntos porcentuales para que llegue al 15%, que si bien no es parte de la tarifa, si lo es de la factura.

Previo al anuncio gubernamental y en una reciente entrevista con el programa Esta Noche, Rodríguez explicó que en términos generales —con sus variaciones— los clientes que consumen menos de 300 kilovatios por hora, tendrían que desembolsar unos 200 córdobas adicionales para cancelar su recibo mensual de electricidad, mientras que los que están por encima de ese nivel pagarán unos 500 córdobas extras.

“No es el precio real de la energía”

Esta será la segunda disminución energética que el régimen orteguista anuncia este año, tras la exigencia de diversos sectores, entre ellos, empresarios y especialistas, quienes han cuestionado los onerosos precios de los contratos energéticos; además de una ola de quejas, por parte de la población, por cobros excesivos de la empresa distribuidora en las facturas.

Para Rodríguez, esta disminución es “una especie de que nos quieren dar otro consuelo irrisorio para comenzar el año 2021. El enorme sesgo que tiene la tarifa no se resuelve con esto (la reducción)”.

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“Insisto en que nosotros no pagamos el precio real de la energía. No pagamos lo que realmente cuesta porque hay un montón de elementos que afectan esa tarifa que nosotros estamos pagando. No hay unos números transparentes”, reclamó.

“Negociación voluntaria” con generadores

En el comunicado, el MEM aseguró que la reducción de la tarifa fue el resultado de unas negociaciones “voluntarias” con las empresas generadoras de energía, sin especificar si entre estas se incluía al grupo Albanisa —empresa binacional tutelada por la familia Ortega–Murillo—, que controla el 50% del mercado de la generación de energía en el país.

César Zamora, presidente de la Cámara Nicaragüense de Energía, explicó a Confidencial que, en enero de 2019, iniciaron las negociaciones de los contratos para reducir el precio de venta de la energía, y hasta ahora 14 empresas privadas, entre térmicas y renovables han disminuido sus precios. A cambio, el Gobierno extendió sus plazos en los contratos o los favoreció con exoneraciones fiscales.

“Cada generadora negociaba por su cuenta”, dijo Zamora al ser consultado cómo se dieron las negociaciones.

Respecto a sus empresas, el empresario aseguró que la reducción de los contratos fue cerca del 20%, por lo que obtuvo mayor plazo y exoneración fiscal, ya que esa era la única forma de cubrir la reducción acordada, explicó.

De las negociaciones con Albanisa, dijo no estar enterado, aunque adelantó que había información de que “iban a renegociar unos contratos”.

Una investigación de Confidencial reveló, en noviembre de 2019, que en la última década, solamente por el pago de potencia instalada de las plantas Che Guevara, Albanisa se embolsó más de 345 millones de dólares.

Otras renegociaciones

Además de Albanisa, también iban a renegociar  contratos con la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) y Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), como parte de una “reingeniería” de toda la tarifa eléctrica, aseveró Zamora.

El presidente de la CEN sostiene que la negociación incluyó a los generadores térmicos, pero en el comunicado del MEM, se lee que la reducción responde a los procesos de negociación establecidos en la Ley 1037, que solo incluía a los generadores renovables. 

La normativa estableció que los nuevos precios que se acordaran no debían pasar de 6.5 centavos de dólar por kilovatios por hora, y los beneficios que el Gobierno ofrecía eran cinco años adicionales de exoneración del pago del Impuesto sobre la Renta (IR) y el pago mínimo definitivo del IR. En el caso de los generadores geotérmicos el período de exoneración adicional máximo será de dos años.


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