31 de marzo 2022
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La Asamblea Nacional, dominada por la bancada del Frente Sandinista, aprobó la reforma a la Ley General de Educación y Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior (IES), dejando por fuera a la Universidad Centroamericana (UCA) del nuevo Consejo Nacional de Universidades (CNU), que además de distribuir entre sus miembros el 6% constitucional -incluida una universidad privada-, tendrá la facultad de aprobar o denegar aperturas de carrera y programas académicos; trastocando la autonomía universitaria.
Con 75 votos a favor de los diputados del Frente Sandinista fue aprobada la reforma, presentada por el diputado orteguista y presidente de la Asamblea, Gustavo Porras.
La bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se abstuvo, después que el diputado Álvaro Rivera señaló que en la iniciativa se excluye a la UCA, lo que implica que la universidad jesuita ya no tendrá derecho a recibir los fondos estatales provenientes del 6%.
Sin embargo, en el artículo 56 de la reforma aprobada orienta que el CNU designe -sin determinar bajo qué criterios- a una “universidad privada" para que sea parte del mismo. Según especialistas consultados por CONFIDENCIAL es muy poco probable que seleccionen a la UCA, por lo que el despojo de la partida proveniente del 6% afectaría directamente el futuro de cientos de estudiantes becados.
La arremetida del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la UCA se ha recrudecido desde 2018, con el estallido social de las protestas cívicas. La casa de estudios fue refugio para miles de nicaragüenses que huyeron de la masacre del 30 de mayo, en 2018; además, su recinto, poco antes de la pandemia, era el único lugar seguro donde los estudiantes protestaban contra el autoritarismo gubernamental.
La UCA también ha denunciado la crisis de derechos humanos que atraviesa el país. Su postura en favor del pueblo y defensa de sus estudiantes le ha acarreado represalias por parte del Gobierno, que ha reducido de forma drástica su partida presupuestaria.
En los últimos cuatro años ha dejado de percibir 250.9 millones de córdobas, según un análisis de CONFIDENCIAL y en este año, apenas recibió un millón de córdobas, como parte del 6%.
El diputado orteguista, Wálmaro Gutiérrez, defendió la iniciativa, señalando que no viola la autonomía universitaria, como han alertado especialistas en educación superior. También aseguró que “es lógico que los recursos del pueblo de Nicaragua se reinviertan en las universidades del pueblo nicaragüense y eso es lo que está diciendo esta reforma”.
Sin embargo, en el inciso nueve del artículo 58 señala que el CNU “podrá designar una partida presupuestaria a favor de la universidad privada” que designe. De acuerdo con el especialista en educación, Ernesto Medina, podrían beneficiar a una institución educativa ligada con operadores del régimen orteguista.
Esta reforma fue aprobada a un poco más de un mes que la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de cinco universidades privadas del país y el CNU ocupó sus instalaciones. Los diputados se encargaron de crear tres nuevas universidades estatales con los recintos y bienes confiscados.
La Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda; la Universidad Nacional Politécnica (UNP) y la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, creadas el 7 de febrero de 2022, también forman parte del nuevo CNU. Esta entidad también seleccionó a las autoridades a cargo de las recientes entidades estatales.
Las universidades canceladas fueron la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli)- bastión de la lucha cívica de abril de 2018-, Universidad Popular Nicaragüense (Uponic), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh), la Universidad Paulo Freire (UPF) y la Universidad Hispanoamericana (Uhispam).
CNU dictaminará sobre intervenciones a la IES
El orteguismo realizó un cambio en la iniciativa original que daba completa potestad al CNU de “intervenir” las IES con base en tres cláusulas, lo que a juicio de expertos en el tema lesionaba la autonomía universitaria y representaba un retroceso a la década de los ochenta, cuando se centralizó la educación superior.
En el texto aprobado este jueves 31 de marzo, se delimitó al CNU, ahora considerado rector del Subsistema de Educación Superior, “dictaminar sobre la intervención de las IES”.
Según Medina, la reforma al CNU prácticamente, “está creando un nuevo ministerio”, que recuerda la centralización de la educación superior en la década de los ochenta, a través del Consejo Nacional de Educación Superior, considerado como un instrumento para suprimir la autonomía de las universidades, en ese entonces, en favor de la revolución.
Ahora, el interés es “someter a las universidades a un control partidario total, lo que significa también la pérdida total de la autonomía universitaria”, advirtió.
Para la jurista y académica, doctora María Asunción Moreno, el régimen pretende “legalizar el control sobre las universidades públicas, a través de la eliminación de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, y de esta forma someter a las universidades al dominio total del régimen”.
