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“Los actores integrados por el Estado desempeñan un papel fundamental en el crimen organizado en Nicaragua”, concluyó el tercer Índice Global de Crimen Organizado correspondiente a 2025. El documento, que analiza 32 variables organizadas en tres grupos, también asegura que “Nicaragua se encuentra entre los países más corruptos de América Latina”. Hay 193 países analizados.
Esos son parte de los hallazgos de los expertos de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, que elaboraron este Índice. Al verlo en el tiempo, los números muestran que Nicaragua ha mejorado muy poco desde el 6.06 alcanzado en el Informe de 2021, y el 5.72 obtenido en 2023.
Ahora, el Índice 2025 otorgó al país una calificación de 5.73 (siendo 10 el peor), lo que nos sitúa como el tercer mejor calificado de Centroamérica, región donde solo Belice (4.97) y El Salvador (5.45), obtienen mejores notas. En cuarto lugar está Costa Rica (5.90), con Guatemala en quinto (6.77); Panamá en sexto (6.93), y Honduras en último lugar del istmo, con 7.10.
Sin embargo, hay pocas razones para celebrar ese tercer lugar, a la luz de la descripción que hace el documento sobre cómo se maneja el país en tres elementos: mercados criminales, actores criminales, y resiliencia. Para definir el estatus de Nicaragua en el apartado de mercados criminales (5.27), analizaron la situación del país en materia de tráfico de drogas, de armas y de personas; extorsión y cobro de protección, ciberdelitos, comercio ilícito, productos falsificados y delitos financieros.
En cuanto a actores criminales (6.20), analiza los grupos de tipo mafioso, las redes criminales, y los actores integrados al Estado, así como los actores extranjeros, aquellos que operan desde el sector privado. En materia de resiliencia (2.00), se analiza gobernanza y liderazgo, cooperación internacional, transparencia gubernamental y rendición de cuentas, entre otros.
Sistema autoritario centralizado
“Nicaragua opera bajo un sistema autoritario altamente centralizado, y las iniciativas estatales contra el crimen organizado se consideran solo simbólicas. A lo largo de los años, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional ha consolidado su control sobre las instituciones estatales mediante una represión generalizada, purgas políticas y manipulación electoral”, señala el Informe.
Añade que “organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos han acusado repetidamente al liderazgo nicaragüense de implicación directa en el crimen organizado, especialmente en el narcotráfico, que supuestamente se facilita a través de instituciones controladas por el Gobierno”.
La conclusión de los redactores del documento es que “la corrupción de alto nivel vinculada a la élite política impregna todo el aparato estatal, lo que genera preocupaciones sobre ataques políticos contra individuos y entidades reguladoras”.
“La Administración Ortega–Murillo ha consolidado el poder sobre las instituciones estatales, los medios de comunicación, los sindicatos y el sector privado, facilitando la corrupción sin control. La falta de supervisión independiente ha permitido la malversación a gran escala de fondos públicos sin consecuencias”, concluye el documento.
El Índice contó con el apoyo de la Unión Europea, el Departamento de Estado en Estados Unidos, y el Gobierno de Noruega, implementado por el Instituto de Estudios de Seguridad e INTERPOL, en afiliación con la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional (ENACT).
A más crimen y corrupción, menos desarrollo
Ante una consulta hecha por CONFIDENCIAL, el investigador en temas económicos, Enrique Sáenz, consideró que “esta caracterización confirma la naturaleza del régimen impuesto por la dictadura dinástica: es un Estado mafioso”.
Señaló que los delitos tienen víctimas directas (las que sufren en su integridad física el impacto del delito), e indirectas, las que a menudo son poco visibilizadas.
Proyectar una imagen de Estado mafioso afecta el clima de inversión, impide generar empleos, elevar la competitividad, y mejorar las condiciones de vida de la población. La corrupción distrae recursos públicos que podrían utilizarse para mejorar la educación, la salud y la infraestructura productiva. Para demostrarlo, citó cifras oficiales que muestran que el gasto en educación como porcentaje del PIB se redujo entre 2022 y 2024 del 3.8% al 3.5%. El gasto en salud pasó del 4.2% al 3.2% en el mismo período.
Un analista político que pidió mantenerse en el anonimato, recordó que en el último reporte sobre crimen organizado, elaborado por el Departamento de Estado, Nicaragua ya no solo fue caracterizado como un país de tránsito de droga, sino como un país de almacenamiento y producción de drogas.
Esto puede convertirse en una nueva ‘piedra en el zapato’, en la relación entre Nicaragua y Estados Unidos. La causa es que ese país tiene leyes que ordenan restringir el intercambio comercial fluido con naciones donde haya altos niveles de crimen organizado, corrupción y violación a los derechos humanos.
Más allá de lo comercial, recordó que hasta el segundo semestre de 2022 hubo cooperación entre las Fuerzas Armadas de ambos países. En particular, cuando el Comando Sur y la Guardia Nacional de Wisconsin, capacitaban a personal del Comando de Operaciones Especiales (COE), y del Batallón de Comunicaciones. Desde 2023, solo llegan tropas rusas, venezolanas, cubanas y mexicanas, lo que mantiene al país en la lista de alertas de Estados Unidos.
El dirigente político liberal, Eliseo Núñez, señaló que “esta organización entendió lo que no han querido entender organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros. Mientras Nicaragua esté capturada por una dictadura autoritaria sin Estado de derecho, nada de lo que pasa adentro puede ser confiable para la comunidad internacional”, sentenció.
Las siguientes son las conclusiones de los autores del Índice, para explicar la calificación otorgada a Nicaragua.
Tráfico de personas
Nicaragua es un país tanto de origen como de tránsito para la trata de personas, con víctimas sometidas a explotación sexual y laboral. La inestabilidad económica, el débil Estado de derecho, y la complicidad estatal han agravado el problema. Las víctimas son reclutadas en zonas rurales con falsas promesas de empleo y luego forzadas a explotarse en redes de mendicidad, minería artesanal o tráfico de drogas.
Nicaragua también es un país de origen para víctimas traficadas hacia España, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos. Actores integrados en el Estado, incluidos funcionarios de migración y fuerzas del orden, facilitan estas operaciones mediante la corrupción y el soborno. El Gobierno impone tarifas de tránsito no oficiales a los migrantes que viajan hacia el norte. Los contrabandistas operan en la frontera con Costa Rica y utilizan guías locales (baqueanos), para ayudar a los migrantes a transitar por terrenos difíciles.
Comercio ilegal
El comercio de productos falsificados es muy extendido, en especial productos farmacéuticos, calzado, lácteos y artículos de cuidado personal, que se consumen internamente o se introducen de contrabando en las vecinas Honduras y Costa Rica. Al país llegan muchos cigarrillos de contrabando, que entran desde China a través de Panamá, y se distribuyen a través de los porosos pasos fronterizos de Nicaragua con Costa Rica. Se estima que las marcas ilegales representan entre el 65% y el 80% del consumo total de cigarrillos en el país, lo que supone pérdidas fiscales significativas.
Tráfico de drogas
Nicaragua sirve como corredor de tránsito clave para la cocaína que se traslada de Colombia a Estados Unidos. A pesar de las afirmaciones oficiales en contrario, las incautaciones de las fuerzas del orden han disminuido en los últimos años, aunque no está claro si esto podría indicar un aumento en la actividad no detectada. La corrupción entre los funcionarios públicos facilita aún más el comercio. Una importante incautación de cocaína en Rusia a principios de 2024 puso de manifiesto el papel de Nicaragua en las redes internacionales de tráfico, ya que el envío se originó en el país.
Ciberdelitos
A pesar de la falta general de información, los delitos dependientes de la ciberseguridad se consideran un problema emergente en el país, especialmente dirigido a medios independientes y grupos de oposición. Los medios nicaragüenses han informado de intentos constantes de hackeo, a menudo atribuidos a actores progubernamentales. Los ataques incluyen hackeo de cuentas y ataques de denegación de servicio. Las estafas de criptomonedas también han atacado plataformas digitales, lo que sugiere la creciente sofisticación de los ciberdelincuentes en el país.
Delitos financieros
Los delitos financieros son un problema en Nicaragua, con actores estatales implicados en malversación y tráfico de influencias. El fraude digital también está aumentando, con las estafas fraudulentas en ventas online y pagos cada vez más frecuentes. A pesar del escrutinio internacional, la gobernanza financiera sigue siendo débil, lo que permite que las transacciones ilícitas continúen en gran medida sin control.
Actores criminales
A diferencia de otros países del norte de Centroamérica, Nicaragua tiene pocas pruebas de grupos de estilo mafioso operando dentro de sus fronteras. Sin embargo, las entidades criminales organizadas prestan servicios especializados a redes transnacionales dedicadas al tráfico de drogas, el tráfico de madera y los delitos contra la vida salvaje. Estos grupos facilitan actividades ilícitas, pero no exhiben la estructura jerárquica ni el control territorial asociados a las organizaciones mafiosas tradicionales.
Los actores integrados por el Estado desempeñan un papel fundamental en el crimen organizado en Nicaragua. El gobierno de los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sido acusado repetidamente de facilitar el narcotráfico. En los últimos años, los analistas argumentan que el Estado nicaragüense controla el tráfico de drogas dentro de su territorio, gestionando el comercio en lugar de combatirlo activamente.
También se han señalado las supuestas conexiones del régimen con el Cartel de los Soles, una red de facciones narcotraficantes dentro del ejército venezolano. El Gobierno ha sido acusado de conceder asilo y ciudadanía a delincuentes de alto perfil y aliados políticos, lo que ha reforzado su implicación en el crimen organizado. Se considera que las organizaciones criminales transnacionales utilizan Nicaragua como centro de tránsito para actividades ilícitas, a menudo con la aprobación tácita de las autoridades estatales.
Delitos ambientales
La tala ilegal y la deforestación, son delitos rampantes en Nicaragua. Los grupos de crimen organizado se benefician del comercio ilícito de madera, siendo los territorios indígenas del norte y del sur especialmente afectados. El tráfico de madera está vinculado a violentas apropiaciones de tierras, ya que los colonos invaden áreas protegidas con la aprobación tácita de las autoridades locales.
La demanda de madera ilegal proviene principalmente de China. La llegada de empresas chinas en 2020 intensificó aún más la deforestación, con comunidades indígenas desplazadas sufriendo violencia e intimidación. La débil aplicación de los derechos sobre la tierra permite que prospere el comercio ilícito de la madera. La deforestación en regiones clave, como la Reserva de la Biosfera de Bosawás, continúa a un ritmo alarmante.
