AA
Share
Los trámites migratorios en Estados Unidos tendrán un nuevo costo tras la aprobación del plan fiscal bautizado por Donald Trump como el “gran y hermoso proyecto de ley”. Los cambios incluyen cobros por abrir un proceso de asilo, que antes era gratuito, y la reducción de la vigencia de los permisos de trabajo que antes duraban hasta dos años.
A partir de ahora los solicitantes de asilo político deberán pagar un monto inicial de 100 dólares para presentar su aplicación. Previo a esta ley, este proceso no tenía costo. La legislación establece que este monto no puede ser exento ni reducido. Inicialmente, Trump quería imponer un monto de 1000 dólares, pero este se redujo a 100.
Asimismo, los extranjeros que estén solicitando asilo deberán pagar 100 dólares anuales durante el tiempo que el caso esté pendiente de resolver.
La ley establece que un 50% de lo recaudado por esta vía se destine al Secretario de Seguridad Nacional y el resto a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU.
La tarifa para solicitar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que antes costaba 50 dólares, ahora costará 500 dólares. Mientras que el costo para pedir el estatus de inmigrante juvenil especial (SIJ, por sus siglas en inglés), que antes era gratuito, costará 250 dólares.
Al SIJ pueden aplicar los menores de 21 años que necesitan la protección de un tribunal de menores porque han sido abusados, abandonados u objeto de negligencia por parte de un padre.
Por su parte, los beneficiados con parole o Libertad Condicional Para Inmigrantes, tendrán que pagar 1000 dólares. Sin embargo, para esta categoría sí hay excepciones como: emergencia médica, reunificación familiar, entre otras.
Precios de los permisos de trabajo
El plan fiscal establece nuevas tarifas para los permisos de trabajo conocidos como Documento de Autorización de Empleo (EAD) y cambios en la vigencia.
El monto será de 550 dólares tanto para los solicitantes de asilo, los que tengan parole y los ciudadanos con estatus de protección temporal (TPS). Para estos dos últimos el permiso de trabajo tendrá una validez de un año o lo que dure el permiso para permanecer en Estados Unidos.
Inicialmente, Trump pretendía obligar a los ciudadanos a renovarlos cada seis meses. Sin embargo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos dejó la vigencia de un año. Esta tarifa no es eximible.
La renovación o extensión de los EAD para solicitantes de asilo, paroleados y ciudadanos con TPS costará 275 dólares. En el caso de los refugiados el permiso de trabajo termina si la solicitud de asilo es denegada.
Apelar fallo de un juez de inmigración costará 900 dólares
El plan fiscal de Trump también establece tarifas para trámites migratorios para ajustar los estatutos o para apelar los fallos. El aumento es hasta ocho veces mayor.
- Las apelaciones judiciales de inmigración que antes costaban 110 dólares, pasarán a 900 dólares.
- La tarifa de apelación a la decisión de un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pasará de 800 a 900 dólares.
- La tarifa para cambiar el estatus a residente permanente costará 1500 dólares. Antes esta era de 1440 para adultos y de 900 para menores de 14 años.
El costo para presentar una moción para reabrir o reconsiderar una decisión de un juez o de la Junta de Apelaciones de Inmigración será de 900 dólares. Antes era de 145 dólares para las mociones presentadas al Tribunal de Inmigración y de 985 ante la Junta.
Asimismo, se establece una tarifa de 600 dólares para solicitar ante un tribunal de inmigración la suspensión de la deportación. El mismo monto también aplicará para pedir la cancelación de deportación de un extranjero que sea residente permanente en Estados Unidos.
Imponen 5000 dólares a migrantes detenidos en fronteras
El plan fiscal también establece un cobro de 5000 dólares a todo extranjeros inadmisible que sea detenido en cualquiera de los puertos de entrada de Estados Unidos. Esto incluye a los migrantes que entran irregularmente, que tiene antecedentes penales, que habían sido deportados, que representan un riesgo para la seguridad nacional, entre otros.
Los extranjeros a los que un juez de inmigración les emite una orden de expulsión en ausencia, emitida cuando una persona en proceso de deportación no se presenta a su audiencia programada, también pagarán una tarifa de 5000 dólares.
Asimismo, se incrementó el monto del Formulario I-94, que pide Estados Unidos a los extranjeros para ingresar, de seis dólares a 24. Este formulario suele estar incluido en el precio del boleto aéreo o marítimo del viajero, por lo que no se cobra al momento de la entrada.
Más agentes de migración y muro fronterizo
La nueva ley fiscal y presupuestaria aprobada el jueves 3 de julio de 2025 por el Congreso de Estados Unidos inyectará miles de millones de dólares al proyecto antimigratorio del presidente, Donald Trump.
El Gobierno aumentará la cantidad de agentes de migración —con unos 20 000 nuevos puestos—, construirá nuevos centros de detención para migrantes e invertirá en tecnologías de vigilancia, incluida la inteligencia artificial.
En concreto, la ley contempla más de 46 500 millones para la construcción del muro fronterizo y más de 45 000 millones destinados a la detención de migrantes, incluyendo la construcción y mantenimiento de los centros y el transporte de deportados.
Para aumentar las detenciones y llenar estos centros, el Gobierno de Trump prevé contratar más de 20 000 nuevos agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
El laboratorio de ideas conservador CATO ya predice que, una vez entre en vigor esta ley, la cifra de personas encerradas en centros de detención para migrantes se cuadruplicará: pasará de 50 000 actualmente a más de 200 000 en todo el país.
116 000 arrestos diarios
Este aumento drástico en las detenciones, señaló la directora del centro American Immigration Council (AIC), Nancy Gupta, en un informe, socavará la seguridad pública y creará caos en diferentes comunidades en todo el país.
El AIC estima que el nuevo presupuesto podrá traducirse en unos 116 000 arrestos diarios de migrantes y personas que no tienen ciudadanía estadounidense.
Esta escalada en la expulsión de personas y la presión sobre las comunidades traería también consecuencias negativas para la economía del país, según detalló un análisis del Economic Policy Institute.
Si el Gobierno consigue su objetivo de deportar a un millón de personas por año, unas 6 millones de personas podrían perder sus trabajos, incluyendo 3.3 millones de migrantes y 2.6 millones de trabajadores nacidos en EE. UU., de acuerdo con este informe.
*Con información de EFE
