Panamá estudiaría posible regularización de nicaragüenses por trabas para tener documentos
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Crisis de seguridad ciudadana domina campaña electoral; contrario a migración casi ausente, pese a que influye en futuro de miles de nicas en el país
Costa Rica acudirá a las urnas el domingo 1 de febrero de 2026 para elegir a su presidente número 50, con al menos un 32% de indecisos, según la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), publicada el 21 de enero. La crisis de seguridad ciudadana, el combate al narcotráfico y crimen organizado, las listas de espera en el Seguro Social, la generación de empleo y la inversión en salud y educación son los temas centrales en los planes de gobierno y debates.
Pero, ¿qué opinan los candidatos sobre la crisis sociopolítica y de derechos humanos en la vecina Nicaragua y qué proponen sobre la migración y asilos políticos en un país donde reside la mayor comunidad de migrantes y refugiados nicaragüenses en el mundo? En CONFIDENCIAL te explicamos qué dicen al respecto los candidatos con mayor intención de voto en las encuestas y aquellos que han expresado sus posturas de forma directa, pese a que el tema de la migración ha destacado poco en la agenda electoral costarricense.
Veinte alianzas o partidos políticos participan en la contienda, en la que más de 3.7 millones de costarricenses igual están convocados a elegir a dos vicepresidentes y 57 diputados para la Asamblea Legislativa del periodo 2026-2030, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El padrón electoral también incluye a 96 433 extranjeros naturalizados, entre ellos 54 101 de origen nicaragüense, que equivalen al 54.1%.
CONFIDENCIAL resume las posiciones de los seis candidatos que lideran la intención de voto en la encuesta del CIEP y otros que se han referido de forma más directa o frecuente a la crisis de Nicaragua o los migrantes. Los seis candidatos con mayor intención de voto según la encuesta de la UCR son:
Para ganar la presidencia en primera vuelta se necesita más del 40% de los votos válidos. Si nadie lo alcanza, se celebra una segunda ronda entre las dos candidaturas más votadas, el primer domingo de abril. El oficialismo parece llevar la delantera, pero resta ver cómo votará el alto porcentaje de indecisos.
La oficialista Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, promete continuar y profundizar el “cambio” de la Administración de Rodrigo Chaves, de quien fue ministra de Presidencia entre 2023 y 2024.
En materia migratoria, propone un plan de “fronteras seguras y migración ordenada”, que incluye la “verificación obligatoria” de migrantes en bases de datos nacionales e internacionales, como las del Poder Judicial, Interpol y listas vinculadas a terrorismo, maras y pandillas, con el objetivo de “detectar de forma temprana riesgos criminales y de seguridad nacional”.
Asimismo, contempla “agilizar y simplificar los procesos de regularización migratoria”, para cumplir los plazos legales —de hasta tres meses—, especialmente en las categorías laborales, de inversión y de refugio para reducir la migración irregular y fortalecer el control institucional del Estado.
Aunque no menciona de forma directa a Nicaragua, Fernández pone el énfasis en fortalecer el “control fronterizo” de los 16 “puntos de ingresos autorizados” del país.
Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, propone resolver la “mora migratoria” acumulada, es decir, el rezago en la tramitación de expedientes, permisos de residencia y regularización de extranjeros en la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
En política exterior, plantea una renovación de la diplomacia costarricense para recuperar su “dinamismo, visibilidad y capacidad de influencia” internacional en un contexto global complejo.
El candidato de 41 años afirma que defenderá tres derechos humanos fundamentales: seguridad, salud y educación. Además promete reactivar la economía interna para generar más empleos formales.
El expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) —despedido por el presidente Rodrigo Chaves—, propone una estrategia de “barridos operativos” para el control laboral en los centros de trabajo del Gran Área Metropolitana —la región más poblada y económicamente activa del país, que incluye San José, Alajuela, Heredia y Cartago—, y las zonas turísticas.
Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, asegura que Costa Rica “necesita orden, eficiencia y un Estado que vuelva a resolver”.
La candidata de 44 años, y esposa del expresidente Carlos Alvarado (2018-2022), propone la “simplificación y digitalización de trámites para las personas migrantes y refugiadas”, mediante la revisión, reorganización y simplificación de las categorías migratorias, sus procedimientos y requisitos.
Además, sugiere “una estrategia de atención específica para los expedientes acumulados” en la Unidad de Refugio, con el compromiso de garantizar “el principio de no devolución” y “la seguridad y protección de los datos personales”, para asegurar procesos más eficientes, transparentes y respetuosos de los derechos humanos.
Incluye la construcción de una “estación migratoria” en la frontera con Nicaragua, que “centralice la atención humanitaria y la coordinación regional”, y propone la integración socioeconómica de migrantes y refugiados.
En política exterior, promueve una diplomacia que defienda la soberanía de los costarricenses, el multilateralismo, los derechos humanos, la igualdad y la movilidad humana con dignidad.
Ariel Robles, del Frente Amplio, es el único candidato que en su plan de gobierno hace referencia indirecta a la crisis sociopolítica de Nicaragua.
El candidato más joven de la boleta centra su propuesta en la necesidad de resolver las “más de 170 000 solicitudes de refugio” de nicaragüenses.
Propone “disminuir la mora”, simplificando los trámites para el Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros (Dimex) “mediante un registro unificado de los documentos migratorios de forma interinstitucional”.
Destaca que Costa Rica recibe población migrante, “principalmente nicaragüense y por motivos económicos” y reconoce “el aporte de la población migrante y refugiada a diferentes áreas de desarrollo e interés nacional”. Asegura que busca visibilizar ese valor mediante una campaña multisectorial para “informar y sensibilizar a las diferentes poblaciones que habitan el territorio nacional sobre el fenómeno de la movilidad humana forzada” y “erradicar la desinformación y los discursos de odio” para “fomentar una cultura de hospitalidad, solidaridad e inclusión”.
Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República, propone que la migración se aborde con un enfoque de derechos humanos y que a la vez sea “coherente con las necesidades reales” de la sociedad y economía de los costarricenses.
Reconoce que entre las personas refugiadas hay “personal con alta calificación profesional que pueden contribuir al desarrollo” de Costa Rica, y que los migrantes y refugiados enfrentan violaciones sistemáticas de derechos fundamentales. Su propuesta incluye agilizar la atención a solicitantes de refugio, implementando “protocolos claros para reducir la mora administrativa”.
En política exterior, sostiene una línea conservadora en foros internacionales y promueve un liderazgo regional para generar “mecanismos eficaces de acción conjunta en la lucha contra el narcotráfico internacional, blanqueo de capitales, corrupción y movimiento de asociaciones ilícitas transfronterizas”.
El periodista y pastor evangélico fue candidato presidencial en 2018 y perdió en segunda vuelta contra Carlos Alvarado. También se postuló y perdió en 2022.
José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza, afirma que el país “está en una de sus peores crisis en seguridad, educación, salud y falta de oportunidades”.
Su plan de gobierno, titulado Hechos, no palabras, reconoce que Costa Rica enfrenta retos clave como la “crisis migratoria nicaragüense”, las tensiones comerciales regionales, las limitaciones presupuestarias de su cuerpo diplomático y la creciente presión del narcotráfico.
En migración, propone un acuerdo regional con “corresponsabilidad, protocolos humanitarios y cofinanciamiento” con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y los países que integran el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), una iniciativa que promueve una respuesta al desplazamiento forzado en Centroamérica y México.
En política exterior, plantea una “diplomacia inteligente” orientada al desarrollo económico, científico y ambiental, y la denuncia de violaciones de derechos humanos. Considera que los costarricenses deben tener oportunidades en “empleo digno, emprendimientos que florecen, acceso a financiamiento, educación alineada con el mercado laboral”, pero “sin tener que emigrar”.
Natalia Díaz, de Unidos Podemos, ha disminuido en intención de voto, pero mantiene una postura firme sobre Nicaragua, y promueve “controlar la migración desordenada ejerciendo soberanía”. “Haremos valer los fallos internacionales y defenderemos cada centímetro del territorio nacional”, dice.
Asegura que Costa Rica seguirá siendo un “país solidario y respetuoso de los derechos humanos”, pero que no permitirá que “su generosidad sea aprovechada o puesta a prueba por decisiones de otros gobiernos”, por lo que promete fortalecer “el control fronterizo y migratorio, aplicando la ley con firmeza y sin arbitrariedades, sin abusos y sin permisividad”.
La candidata expresa una retórica antiinmigrante, particularmente contra los nicaragüenses, aunque intenta moderar su discurso alegando que “el que viene a trabajar y a aportar al país, bienvenido. Pero el que viene a delinquir o a vivir del sistema, se va”.
“Nosotros tenemos que atender a gente que viene con una referencia. Hospital La Mascota se llama. Vienen con referencia de Nicaragua, y se atienden aquí (…) Cuando esa persona sale, no se le cobra”, dijo en 2025.
También ha dicho que le parece una “injusticia” que los costarricenses tengan que pagar “factura” de personas “indocumentadas” que supuestamente se atienden en la CCSS, aunque se ha verificado que tergiversa los datos.
Otras trece de las veinte candidaturas presidenciales tienen niveles de preferencia o intención de votos menores al margen de error de la encuesta del CIEP-UCR, que es de tres puntos porcentuales.
Entre ellos está Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (2%), quien plantea implementar un sistema de monitoreo y acompañamiento de derechos humanos para migrantes y refugiados para reducir la explotación y maltrato laboral, crear programas de inserción en el mercado laboral formal e implementar centros de atención integral para migrantes en zonas con alta concentración de ingreso, garantizando atención médica y educación.
También está el diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (0.4%), quien aboga por una migración “ordenada, segura y regular”, que no afecte los derechos de las personas migrantes y refugiadas y “sin arriesgar a los costarricenses con el ingreso de delincuentes extranjeros a nuestro territorio”.
Asimismo, David Hernández, del Partido Clase Trabajadora (0.1%), quien se ha referido explícitamente a Nicaragua como “una brutal dictadura capitalista” y ha denunciado sus vínculos con empresas chinas, la “brutal represión” que obliga al exilio a “personas refugiadas políticas”, y las “políticas xenófobas” de la Administración de Rodrigo Chaves, a la vez que define a los migrantes nicas como “corazón de la fuerza de trabajo en sectores como construcción, turismo, agricultura, manufactura, comercio, servicios domésticos”.
Los otros diez candidatos con menos del 0.3% de los votos, según la encuesta del CIEP-UCR son, en orden alfabético de su partido o alianza:
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Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996. Inició como un semanario impreso y hoy es un medio de referencia regional con información, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones sobre Nicaragua, informando desde el exilio por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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