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Para los migrantes que cruzan la frontera sin documentos, sin contactos y sin certezas, la Clínica de Refugio, Migración y Protección Internacional de la Universidad de Costa Rica (UCR) ofrece asesoramiento jurídico y psicosocial de forma gratuita.
Una abogada, una psicóloga y estudiantes de Derecho colaboran para que la “falta de recursos” no sea un obstáculo más en el camino de quienes buscan regularizarse en Costa Rica.
“Hace más de diez años se creó el TCU 480, que lo fundó la directora Melissa Salas”, recuerda la abogada encargada de la clínica, quien no quiso dar su nombre alegando que trabaja con refugiados.
“Ella (Melissa Salas) comenzó con ese proyecto enfocado en que los estudiantes conocieran el fenómeno migratorio y del refugio, y sobre todo en la protección legal que necesitaban las personas migrantes”, detalla.
Con el paso de los años, el proyecto académico ha crecido y acompañado a múltiples oleadas migratorias —personas colombianas, desplazados por causas climáticas— hasta que en 2019, tras la llegada masiva de nicaragüenses, se formalizó como lo que es hoy: un espacio de atención legal abierto de forma permanente.
Incluso durante la pandemia de covid-19, el servicio no se interrumpió: la atención se trasladó al correo electrónico. En 2022, la abogada asumió la coordinación y, desde entonces, la clínica opera de manera continua.
Ese mismo año se sumó al equipo una profesional en Psicología a medio tiempo, cuyo rol va más allá de atender problemas de salud mental: acompaña a cada persona en un proceso más amplio de integración. “A veces ese apoyo es lo que la persona más necesita para la integración”, explica la coordinadora.
“Nos hemos convertido quizás en un espacio seguro para muchas personas, sobre todo mujeres, que saben que van a encontrar acompañamiento, un lugar donde pueden preguntar con confianza, desahogarse y seguir en el camino de la migración, que a veces es un poco complicado”, menciona la encargada de la clínica.
Cómo funcionan las citas en la Clínica
Para agendar su cita gratuita se puede hacer a través de una llamada telefónica al número 2511-1553, por el correo electrónico: [email protected] o llegar directamente a las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) que se ubicada dentro de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio en San Pedro de Montes de Oca.
“Si se les puede atender de una vez, se les atiende; y si no, se les fija una cita posteriormente”, indica la abogada.
La primera cita es una entrevista estructurada, pero abierta. “Previamente llenamos un formulario, se les hacen una serie de preguntas y se les hace saber que es confidencial, para conocer toda la situación relacionada con el proceso migratorio: el tiempo que tienen aquí, si han tenido algún documento”, describe.
El objetivo es ir más allá del problema inmediato. “A veces vienen por una problemática, pero resulta que, de tantas preguntas, les decimos: esta no es la opción, usted puede hacer esto”, destaca.
Anualmente, la clínica asesora y acompaña a unos 600 migrantes y atiende casi todas las categorías migratorias: refugio, residencia, naturalización, personas en riesgo de apatridia y personas ya reconocidas como apátridas, sin exigir documentación previa para una primera consulta.
“Algunas veces vienen sin ningún documento. Lo que ellos puedan presentar podemos valorarlo para ver cuál es la categoría migratoria que más se les ajuste”, cuenta.
Sin embargo, hay límites claros: “Nosotros no tenemos la capacidad de dar representación legal ni de fungir como abogados representantes ante el proceso migratorio. Lo que sí ofrecemos son asesorías”, enfatiza.
La mayoría de los solicitantes son nicaragüenses
El perfil más frecuente refleja la realidad migratoria de Costa Rica. “La mayoría son personas nicaragüenses en situación de vulnerabilidad y con niveles de instrucción medio-bajo en general”, relata la abogada.
Uno de los obstáculos más comunes es la dificultad para obtener documentos desde el país de origen. “Las personas no pueden, o se les está dificultando muchísimo, traer sus documentos de Nicaragua”, menciona.
La situación se agrava por la desaparición de redes de apoyo que antes facilitaban esas gestiones. “Antes había organizaciones que podían ayudarles a traer los documentos desde allá. Ya no hay posibilidad de ese recurso”, lo que deja a muchas personas atrapadas en un limbo migratorio sin poder regularizar su situación.
Un trámite que finalmente salió bien
Entre los cientos de casos acompañados, hay uno que resume el impacto del trabajo de la clínica. Una mujer con más de veinte años viviendo en Costa Rica había intentado dos veces obtener su naturalización, sin éxito.
Con el acompañamiento del equipo, el trámite se replanteó: se presentaron las pruebas correctamente, pero un correo de la autoridad migratoria llegó sin ser visto a tiempo y la solicitud fue negada nuevamente. Fue el seguimiento constante de la abogada lo que salvó el proceso.
“Yo sabía que ella tenía esas pruebas y que las había presentado. Entonces se hizo el recurso, se logró salvar el procedimiento y está felizmente con su documento de persona costarricense. Eso fue recientemente”, recuerda la abogada encargada de la clínica.
El resultado tiene un significado que va mucho más allá de un papel. “Tener un documento es tener acceso a derechos: menos dificultades para solicitar atención médica, adquirir un seguro o encontrar empleo”, concluye.
