31 de julio 2023
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La sede local de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) firmó un acuerdo con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para extender la cobertura del seguro de salud que se otorga a solicitantes de refugio y refugiados (muchos de ellos, oriundos de Nicaragua, Venezuela y otros países) que no cuentan con un seguro médico en Costa Rica.
Con el acuerdo se espera cubrir a 3775 personas refugiadas y solicitantes de refugio, para alcanzar un total de 9775 personas, ya que desde 2020 un convenio similar cubre a otros 6000 solicitantes de refugio y refugiados. Acnur será el encargado de la identificación de casos, valoración de elegibilidad y referencia a las autoridades de la CCSS.
El convenio busca proveer un seguro de salud a personas refugiadas, así como a solicitantes de refugio y fue rubricado por autoridades del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), la Fundación de la Universidad de Costa Rica (Fundación UCR), Acnur Costa Rica, la embajada de España y la Cooperación Española en Costa Rica.
Con la firma, la Unión Europea entregará 1.32 millones de euros (alrededor de 1.45 millones de dólares), para garantizar atención médica y medicinas a “poblaciones vulnerables… con un seguro de calidad como el que brinda la institución”, dijo la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez.
El problema es que no todos los empleados de la Caja comparten el entusiasmo de la presidenta Esquivel, según denuncias recopiladas por la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (Asidehu), una oenegé integrada por exiliados nicaragüenses y que opera en Costa Rica para dar asesoría migratoria a ciudadanos de cualquier nacionalidad que así lo requieran.
Que te traten bien depende de la "suerte"
“En Asidehu hemos recibido testimonios denunciando negligencia médica, desconocimiento y xenofobia de algunos funcionarios, pero también de personas que han sido beneficiadas con este seguro y recibieron atención integral en todo el proceso”, lo que muestra que “todo depende del funcionario que esté al frente de la oficina en la Caja, la clínica o el hospital”, en donde se busque atención, declaró Jhoswel Martínez, presidente de Asidehu.
En su momento, al conocer esa situación, Acnur puso a disposición un servicio de quejas para los casos en que algún migrante beneficiado con sus seguros fuera víctima de negligencia, o no se le diera acceso a la salud.
Con base en la poca información ofrecida, Martínez prevé que se trate de un seguro muy similar al ‘seguro voluntario’ que ofrece la Caja Costarricense, el cual garantiza el acceso a la salud integral. En la nota de prensa se aclara que este no contemplará la cobertura del seguro por invalidez, vejez y muerte, ni el régimen no contributivo de pensiones.
Del mismo modo, aún está pendiente que se indique cuáles son los criterios específicos que permitan delimitar con exactitud quiénes serán sus beneficiarios más allá de saber que está dirigido a personas vulnerables que sean solicitantes de refugio o refugiados; que no tengan acceso a la salud, ni tengan un seguro con la Caja, explicó el experto.
Con base en los procedimientos usados para seleccionar a los beneficiarios de antiguos programas de seguros de salud similar al actual, es previsible creer que el personal de Acnur entrevistará a los potenciales solicitantes, o procederá a llamar a las personas que ya tiene en sus bases de datos, sin descartar que se abra una convocatoria para aplicar al seguro al igual que en años anteriores.
Proyecto piloto
Al respecto, el representante ACNUR en Costa Rica, Milton Moreno, indicó en la nota de prensa que esa entidad de las Naciones Unidas se hará cargo de identificar los casos, valorar la elegibilidad de los postulantes, y referirlos a las autoridades de la Caja para su inscripción, procediendo a entregarles un carnet con el que podrán acceder a todos los servicios médicos ofrecidos por el sistema de salud pública costarricense.
Carmen Rives Ruiz-Tapiador, encargada de Negocios ad interim de la embajada de España en Costa Rica, aseguró en el comunicado que “la firma del presente convenio es una acción pionera cuya complejidad de poner en marcha -gracias a la financiación de la Unión Europea- se podría capitalizar y replicar en otros contextos, donde las personas refugiadas y solicitantes de refugio tienen dificultades para el acceso al sistema de salud público del país de acogida”.
Aunque no se especificó cuál es el costo de cada seguro individual contratado, ni se informó si todo el dinero se usará únicamente para pagar los seguros, -o si una parte estará destinada a la administración del fondo-, sí resulta evidente que el casi millón y medio de dólares destinados para financiar el convenio no alcanzará para cubrir a los más de 220 000 solicitantes de refugio que hay en Costa Rica.
A modo de ejemplo, el convenio firmado antes de éste tenía unos 6000 beneficiarios, y si bien llegó a cubrir un universo de casi 10 000 migrantes, “eso no cubre ni siquiera el 10% de la necesidad de aseguramiento de las personas solicitantes de refugio que hay en el país”, aunque este convenio que amplía la capacidad de la Caja para atender al refugiado es “en definitiva, una acción necesaria” consideró Martínez.
En múltiples ocasiones y foros internacionales, el presidente de Costa Rica Rodrigo Chaves ha pedido apoyo internacional para atender a la población migrante y refugiada que reside en su país, asegurando que hacerlo le cuesta al Estado costarricense entre USD 200 y USD 300 millones al año. Su discurso ha sido cuestionado por investigadores locales, ya que no reconoce el aporte al crecimiento económico de dicha población.
