29 de noviembre 2016
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El Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia), anunció la realización de un estudio “a profundidad”, para determinar el acceso que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), a las compras públicas, y la forma en que estas empresas se vinculan con la competencia.
Se considera que en el país hay, al menos, unas 117,000 microempresas. El sector Mipyme es el gran empleador del país, aunque se trata de puestos de trabajo generalmente mal pagados y poco productivos, por lo que acceder aunque sea a una parte del ‘pastel’ de las compras públicas, permitiría potenciar el desarrollo de ese sector.
Gilberto Alcócer, miembro del Consejo Directivo de Procompetencia, explicó que el estudio se efectuará “mediante encuentros con las Mipyme de todos los sectores de la economía en que éstas participan. Levantaremos información de todos los departamentos del país de al menos 600 Mipyme”.
Esto requerirá coordinarse con el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), de la que Alcócer también es directivo, para efectuar la primera reunión tan pronto como este miércoles 30 de noviembre en Juigalpa.
En esa cita (y en las 19 siguientes), se explicará a los pequeños empresarios aquellos componentes de la Ley de Competencia, la de Contrataciones, la Ley Mipyme, la de Garantías Mobiliarias, la de Factoraje, la de Factura Cambiaria y la Ley de Garantías Recíprocas, que les benefician o les otorgan algún tipo de ventajas.
Alcócer explicó a Confidencial que el Instituto actúa considerando los hallazgos del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), según el cual, en 2012 las compras públicas representaron el 15.5% del PIB de los países estudiados, aunque en el caso de Nicaragua se limita al 10% del producto.
Con todo, no es una suma desdeñable, pues equivale a más de US$1,050 millones. Se considera que con la capacitación adecuada, acceso al crédito, la aplicación de altos estándares de calidad, y el aprovechamiento del marco legal vigente, las Mipymes pueden tener suplir el 20% de las compras del Estado, lo que medido contra el PIB de 2016, representa unos US$260 millones.
En estas circunstancias, se prevé que además de generar más empleos, las Mipymes también mejorarían sus procesos productivos, al adoptar nuevas tecnologías para ser productivos y cumplir con los estándares de calidad exigidos como proveedores del Estado. Esto reduciría los costos y les permitiría ofertar productos y servicios más baratos, lo que redundaría en menores costos de adquisición, y mayor ‘desahogo’ para el Presupuesto.
Desde luego, hay conciencia de que se deben imponer criterios de calidad para que Procompetencia no caiga en la paradoja de afectar negativamente la capacidad de competencia de las grandes empresas.
Se espera que cuando concluya el proceso y se presenten los resultados, al final del primer trimestre de 2017, tanto el Ministerio de Fomento, como la Asamblea Nacional, retomen los hallazgos y apoyen el proceso legislativo que permita reformar las leyes que haga falta, para incentivar a que las Mipyme -por sí solas o en consorcio- puedan convertirse en proveedores del Estado.
