26 de agosto 2023
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En los últimos seis meses “Matilde” ha ido tantas veces a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), en Managua, que los guardas de seguridad y la recepcionista ya la saludan por su nombre. Ella perdió su trabajo en marzo de 2023, cuando la dictadura canceló la cámara donde laboró por varios años.
“Vengo una o dos veces al mes para saber si ya resolvieron sobre mi liquidación. La respuesta, siempre, es no”, comentó la joven.
La dictadura canceló, el 6 de marzo, al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y 18 de sus cámaras, y como consecuencia cerca de 300 ciudadanos quedaron en el desempleo inmediato, entre ellos choferes, recepcionistas, contadores, conserjes, administradores, analistas y técnicos.
Muchos de ellos, desde entonces, esperan el pago de su última quincena y la liquidación, que de acuerdo con la legislación nicaragüense debe cancelarse en un plazo de diez días hábiles, luego de la terminación del contrato laboral.
“Pronto me toca volver a ir (a la PGR). No importa que ya sepa lo que me dirán, pero ese dinero no lo quiero regalar. Tengo deudas y (ese dinero) me servirá para pagarlas”, señaló la extrabajadora de una organización del sector servicio.
“El procedimiento es el mismo: en la recepción (de la PGR) me dicen que ‘tome un número’ y luego pasan con unos gestores —que están en la misma recepción—, quienes llaman para saber si ya hay una respuesta sobre los casos específicos y me informan que, efectivamente, todavía no hay una resolución”, detalló.
Dinero sigue en las cuentas
La exdirectiva de una de las cámaras dijo a CONFIDENCIAL que, en el caso de su organización, el dinero de las cuentas bancarias “se mantiene intacto”, ya que, por el momento, el Gobierno no ha “tocado un centavo”.
“Todavía tengo acceso virtual a las cuentas, por lo que regularmente entro a revisar si hubo movimientos, pero desde marzo no se registra una sola transacción”, explicó.
Sobre el tema de las cuentas, “Matilde” indicó que ella y sus excompañeros se enteraron, hace poco, que fueron los bancos quienes “se adelantaron a congelar” las cuentas de su cámara, sin necesidad de que la PGR u otra institución se los exigiera.
De acuerdo con la extrabajadora, les explicaron que los bancos “restringieron” el acceso a los fondos porque, con la cancelación de las personerías, “no sabían quiénes” eran los dueños del dinero, si el Estado o los agremiados.
Ante esa situación, los bancos han pedido a los directivos que, para descongelar las cuentas, muestren una “constancia” de la PGR que ordene que pueden acceder al dinero.
“Matilde” está desempleada, por lo que tiene “tiempo” para ir a la PGR, caso contrario de algunos excompañeros que han desistido de seguir yendo, porque “no le ven futuro a que paguen”.
“Cada vez son menos los colegas que llegan a preguntar por sus liquidaciones. Creo que el Gobierno apuesta a que la gente se aburra y ese dinero duerma el sueño de los justos”, subrayó la joven.
Confiscación de propiedades
Fuentes del sector empresarial dijeron a CONFIDENCIAL, en abril de 2023, que la PGR no había informado a las directivas de las 19 entidades del sector privado ilegalizadas, cuál será el procedimiento a seguir para que, al término de su disolución, sus bienes y propiedades pasen a manos del Estado de Nicaragua, así como si podrán disponer de sus cuentas bancarias. Esta situación se mantiene.
La Procuraduría ya tomó posesión del edificio de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), localizado cerca de la Dirección General de Ingresos (DGI), en Managua.
También ya confiscó la sede de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN).
CONFIDENCIAL reveló que el Ejército de Nicaragua tomó posesión de los terrenos robados a la Cámaras de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN) y la Cámara de Industrias (CADIN), que colindan con el Hospital Militar, uno de los negocios más lucrativos del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), que es el brazo empresarial de las Fuerzas Armadas.
El IPSM está a cargo de administrar los terrenos, que son utilizados para ampliar el parqueo de los empleados y funcionarios que laboran en el Hospital Militar y, de esta forma, descongestionar para los clientes el estacionamiento del centro médico.
Fuentes empresariales confiaron a CONFIDENCIAL que el área utilizada para ampliar el parqueo son los estacionamientos de las oficinas de la CCSN y CADIN, que todavía permanecen cerradas y no han sido, hasta el momento, ocupadas por el IPSM.
