10 de febrero 2019
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Las confiscaciones de facto de las gasolineras cerradas en diciembre por órdenes del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), parecen ser un hecho consumado. Al menos, desde el punto de vista de la administración de Daniel Ortega, que está repartiéndolas entre sus incondicionales, en previsión de las sanciones estadounidenses en contra de los intereses económicos del régimen, que ya alcanzaron a BanCorp.
El viernes pasado, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, anunció que las sanciones de Estados Unidos a Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), que ya incluyen a Alba de Nicaragua (Albanisa), alcanzan también al Banco Corporativo SA (Bancorp) y todas las subsidiarias de propiedad mayoritaria.
El banco aludido publicó una “nota aclaratoria” alegando que no tiene vinculación con Pdvsa, Albanisa o cualquier subsidiaria.
En el caso de la nueva red de gasolineras de bandera blanca que están creando los operadores del régimen, un economista consultado por Confidencial asegura que la confiscación de las gasolineras de Puma y Uno, ocurrida en diciembre del año pasado, responde a una estrategia del Gobierno para buscar cómo evadir el efecto de las sanciones contenidas en la NICA-Act, creando firmas para esconder el origen de sus fondos.
“Están creando un consorcio ‘privado’, destinado al comercio de petróleo y combustibles, tratando de cortar todo vínculo con Venezuela, operando como una red de empresas descentralizada de DNP Petronic, con el objetivo de evitar el efecto de eventuales sanciones de la NICA-Act”, aseveró.
A partir de octubre comenzó un proceso de ‘maquillaje’ de la red de estaciones que administra la estatal Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), propiedad de Petróleos de Nicaragua (Petronic), que pertenece al Estado nicaragüense.
Descentralizando DNP Petronic en una red privada
Petronic se puso en la mira directa de las autoridades estadounidenses, toda vez que posee el 49% de las acciones de Alba de Nicaragua S. A. (Albanisa), empresa creada para manejar los copiosos recursos de la cooperación venezolana, privatizada por la administración de Daniel Ortega durante su primer período de Gobierno.
El 51% restante de las acciones pertenece a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que ha sido convertida en una especie de paria financiero internacional, como una forma de cortar el acceso de la dictadura de Nicolás Maduro a los recursos de la petrolera venezolana.
Cambiarles el nombre y la razón social es también una forma de tratar de burlar el boicot ciudadano que pretende dejar de colaborar con los negocios del régimen. Hasta hace unos meses, el negocio de importación y distribución de hidrocarburos, estaba supervisado de forma directa por la familia Ortega Murillo a través de la administradora de DNP Petronic Yadira Leets Marín, ahora exesposa de Rafael Ortega Murillo, hijo mayor de la pareja presidencial.
Leets Marín fue removida del cargo que desempeñaba el año pasado, en el marco de ese proceso de desvinculación de la relación con PDVSA y Albanisa
Una fuente vinculada a una compañía petrolera internacional que distribuye combustible en la región, aseguró que las concesiones arrebatadas a varios empresarios locales, estuvieron motivadas por razones exclusivamente políticas “y se las dieron a orteguistas”. Pero también “porque necesitan una forma de escapar a las sanciones de Estados Unidos”.
Un tercer economista dijo saber que las gasolineras fueron arrebatadas a sus concesionarios, “y el INE se las dio a terceros”, mencionando el nombre de una conocida figura deportiva de los años 80 y 90, y al dueño de una empresa del ramo eléctrico, como presuntos beneficiarios de esta ‘piñata’ del Siglo XXI.
“INE está eligiendo a los nuevos concesionarios de las gasolineras que expropiaron, y es seguro que se las van a asignar a allegados a la familia”, dijo por su parte un líder gremial organizado en Cosep.
Si bien las sanciones contra Pdvsa y la promulgación de la NICA Act por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, profundizaron los problemas económicos de DNP Petronic, estos venían desde antes, desde el momento en que empezaron a mermar los recursos provenientes de la cooperación venezolana.
Si entre 2010 y 2014, Albanisa recibió 2681.5 millones de dólares, y pudo conservar 2200.5 millones, luego de abonar a la deuda acumulada con Venezuela, los años dorados comenzaron a revertirse en 2015, cuando comenzó a reducirse significativamente la diferencia entre los montos recibidos y los pagados, hasta que el flujo se volvió negativo en 2016.
Las estadísticas muestran que entre 2016 y 2017, Albanisa habría recibido 183.9 millones, y abonado 370 millones, lo que significa que tuvo que desprenderse de 186.1 millones.
Aunque no están disponibles los datos de 2018, es evidente que los montos recibidos fueron significativamente menores, toda vez que el consorcio empresarial manejado por funcionarios leales a Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, redujo sus importaciones de petróleo venezolano.
Esa reducción ocurrió tanto por los problemas políticos de ese país sudamericano, como por la disminución de la capacidad productiva de Pdvsa, pero también, porque en la medida en que se redujo el precio internacional del crudo, igualmente se redujeron los beneficios recibidos por el importador local.
El siguiente paso fue importar petróleo mexicano, pero en la medida en que se redujeron los recursos disponibles, a DNP se le fue haciendo cada vez más difícil pagar los embarques en efectivo. La aparición de las sanciones estadounidenses, les dio el tiro de gracia, cuando los bancos dejaron de prestarles dinero, ante el incremento del riesgo de no pago.
Una fuente relató a Confidencial que la petrolera estatal ha intentado “hacer puentes”, con Puma y Uno, sin lograr que ambas transnacionales acepten el negocio
“Al verse en esa situación, buscan la solución en independizar la operación de DNP y ceder las estaciones a testaferros independientes con acceso a bancos para poder abastecerse de combustible y continuar la operación”, explicó.
