20 de diciembre 2024
AA
Share
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó la emisión de bonos estatales por un monto de 22.2 millones de dólares —más de 814.4 millones de córdobas al cambio oficial— para indemnizar a la nacionalizada Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, S.A (DNP Petronic) por “el traspaso o entrega” de sus inventarios al Estado. La DNP era dirigida por Rafael Antonio Ortega Murillo, el hijo mayor de la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El régimen orteguista nacionalizó a la compañía petrolera el 14 de diciembre de 2019, dos días después que Estados Unidos sancionó a Rafael Ortega Murillo junto a la DNP, la empresa de seguridad El Goliat e Inversiones Zanzíbar, que era una sociedad creada para administrar la red de gasolineras vinculadas a Petronic. El Gobierno estadounidense los vinculó al “lavado de dinero y apoyo a la corrupción”.
En el acuerdo ministerial 005-2024, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del martes 17 de diciembre de 2024, el ministro de Hacienda, Bruno Mauricio Gallardo Palaviccine, autorizó a la Dirección General de Crédito Público a que “incorpore y registre como Deuda Pública Interna del Estado de la República de Nicaragua, la cantidad de veintidós millones doscientos treinta y siete mil ciento veintiún dólares (USD 22,237,121.00)”.
Además, facultó a la Tesorería General de la República para que “proceda a la emisión de Bono de Cumplimiento de la República de Nicaragua”, por el monto señalado anteriormente.
“Es un esquema de corrupción”
Según el acuerdo ministerial, ambas decisiones se basan en un dictamen legal de la Procuraduría General de la República (PGR), con fecha del 8 de octubre de 2024, en el que se resuelve que con la entrega de los inventarios “nace una obligación de pago a cargo del Estado de la República de Nicaragua, a favor de esta empresa”.
La distribuidora petrolera fue nacionalizada a través de la Ley 1013, en la cual se declaró “de seguridad soberana y de interés nacional todos los inventarios de combustibles y productos derivados del petróleo propiedad de la empresa”.
También se estableció que estos inventarios serían “operados y administrados por la o las instituciones y/o empresas que el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM) autorice y/o delegue para tal efecto”.
Al momento de la nacionalización, la DNP tenía una red de 69 estaciones de servicios en toda Nicaragua y controlaba el 30% de las importaciones de los productos terminados o derivados del petróleo.
El economista y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro, calificó la “indemnización” como un “esquema de corrupción” en el que el régimen “compromete a las futuras generaciones de nicaragüenses para pagar sus propias deudas”.
“Son ganas de, simplemente, embolsarse dinero con el argumento de que están protegiendo a la población”, añadió el también exviceministro de Hacienda.
Términos y condiciones del pago a DNP
De acuerdo con la resolución de Hacienda, “el bono o los bonos” del Estado para “indemnizar” a la DNP se emitirán conforme a los siguientes términos y condiciones financieras:
- A un plazo de tres años (de 2024 a 2027), con una “tasa de interés anual” del 4.17%, a partir de su fecha de emisión.
- Deberán ser denominados y pagaderos en dólares.
- Se pueden emitir un solo título o varios títulos.
- La forma de pago será “intereses semestralmente y amortización al vencimiento”.
- La fecha valor de liquidación será el día del vencimiento del bono o los bonos.
- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público no reconocerá intereses adicionales después de la fecha de vencimiento del Bono.
En el acuerdo ministerial se autorizó a la Dirección General de Presupuesto a “incorporar y registrar en el Presupuesto General de la República de cada año, el monto total de la obligación a pagarse, en concepto de intereses”.
Se cumplen advertencias de opositores
Durante el debate de aprobación de la Ley de 1013, el 14 de diciembre de 2019, el entonces diputado Jimmy Blandón, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), reclamó que al momento de sesionar la legislación no se explicó cuál sería la carga económica para el Estado, ni qué pasará con las acciones y contratos.
“No se establece a cuánto asciende el inventario, quiénes son los dueños en la actualidad de este inventario, quiénes son los socios de esta empresa, qué pasa con las acciones, los contratos, las instalaciones, de qué manera afecta al Estado”, sostuvo el legislador.
En el reciente acuerdo ministerial de Hacienda tampoco se detalla el inventario entregado al Estado, en qué consisten o cuáles eran los tipos o la cantidad de combustibles o derivados de petróleo.
También en ese entonces, el abogado constitucionalista José Pallais, directivo de la opositora Alianza Cívica, comentó que la nacionalización pretendía “evitar que la familia Ortega pierda lo invertido en los inventarios de combustibles y petróleo”.
Opinó que la legislación pretende que el “Estado pague sus inventarios” de combustible, en una suerte de “indemnización” para Ortega y sus socios.
A consultas de CONFIDENCIAL, en diciembre de 2019, el político y abogado opositor Eliseo Núñez alertó que la ley no establece el monto que pagará el Estado a distribuidora, por lo que la familia Ortega-Murillo y sus socios podrán definir el monto sin seguir los parámetros de expropiación que establece la Ley de Hidrocarburos.
“En el caso de nacionalizar por la vía (Ley de Hidrocarburos), hubiesen tenido que pagar las instalaciones al precio de valoración que se mandata (por Catastro), pero como lo hicieron por una nueva ley, entonces es un proceso especial el que crearon para poner el precio que ellos quieran y evidentemente robarle al Estado”, subrayó.
Ascenso, caída y reapertura de la DNP
El consorcio suizo-británico Glencore fundó la DNP en 1999 y operó, bajo arriendo, los bienes de la estatal Petronic. El Gobierno de Arnoldo Alemán le otorgó una concesión para la distribución de combustible por diez años (1999-2009).La Administración del Frente Sandinista no renovó el acuerdo de concesión y echó a andar la Operación Retorno de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), para lo cual desvió más de 60 millones de dólares derivados del acuerdo petrolero con Venezuela.
En 2009, la red de gasolineras vinculadas a esta petrolera en Nicaragua apenas llegaba a 15 estaciones. Utilizando a su favor el uso discrecional de los fondos petroleros venezolanos y la adjudicación directa de contratos por suministro de hidrocarburos, la familia Ortega-Murillo amplió esta red de gasolineras a más de 60, hasta que fueron golpeadas por las sanciones del Tesoro estadounidense.
Para controlar directamente estas operaciones, las más lucrativas de los negocios vinculados a los Ortega Murillo, la DNP y la red de gasolineras eran administradas exclusivamente por miembros de la familia.
Rafael Ortega Murillo estaba al frente de Inversiones Zanzíbar, mientras que su esposa Yadira Juliana Leets Marín era quien estaba a cargo de las operaciones de la DNP y firmaba los contratos por suministro de combustibles de esta petrolera con entidades del Estado.
Leets Marín fue esposa de Rafael Ortega Murillo hasta 2019 y se desvinculó de sus funciones de administración de la DNP. La exgerente de la petrolera abandonó el entorno de la familia dictatorial a principios de 2022. Ella y sus dos hijas, Ariana y Libia Ortega Leets viajaron a Panamá en vuelos separados entre enero y febrero de 2022, y en mayo del mismo año salieron juntas hacia Atlanta, Estados Unidos.
El negocio petrolero de los Ortega Murillo fue sacudido por las sanciones estadounidenses, que provocaron que la mayoría de las gasolineras vinculadas a la DNP cerraran operaciones. Sin embargo, el régimen ejecutó una llamada “operación maquillaje” para reabrir gradualmente. Esta maniobra consistió en el cambio de nombre y marca de las gasolineras. Las estaciones de servicio se apropiaron de los nombres de los barrios o zonas donde se localizan, utilizando diseños básicos de colores primarios e iniciales, que las hizo comunes entre sí.
Además, se cambiaron los concesionarios y se creó un “consorcio privado” de gasolineras de “bandera blanca”, dirigido por operadores del régimen, sin ninguna experiencia en el negocio de los hidrocarburos.
Un informe divulgado en febrero de 2022 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con base en reportes entregados por el mismo régimen, reveló que las estaciones agrupadas en el grupo de la DNP, empezaron a operar bajo la figura de bandera blanca.
La Cepal registró un incremento de 104 a 153 estaciones de bandera blanca entre 2019 y 2020. De esta manera es que las gasolineras antes vinculadas a la DNP logran evadir las sanciones para seguir operando.
