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Nicaragua importó energía por 54.5 millones de dólares en el primer semestre de 2025, según datos oficiales del Banco Central. Ese monto es el segundo más alto en lo que va de la década, solo superado por los 63.8 millones de dólares importados en el primer semestre de 2024. La electricidad que se compra en el mercado regional es más barata que la que se genera localmente, pero se le vende cara a los ciudadanos y a las empresas.
Estadísticas oficiales del Ministerio de Energía y Minas (MEM), indican que Nicaragua tiene una capacidad instalada de 1649.1 Megavatios, mientras que la demanda máxima excede los 800 MW sólo en determinados horarios. A pesar de eso, los datos muestran que el país importa al menos 200 MW de forma consistente a lo largo de casi todo el día. Los datos del 23 de octubre muestran una compra de 267 MW a lo largo de todo el día. Incluso a las tres de la madrugada, que es el horario en que menos se consume: casi 560 MW.
El motivo para depender tanto de la energía comprada a la región (supera el 40% de lo que se consume en las madrugadas), es porque el sistema no puede aprovechar toda la potencia instalada. Una razón, son las sanciones impuestas a Albanisa. Otra, el deterioro del parque de generación eléctrica, en especial, aquellas centrales que tienen varias décadas de operación. La tercera es básicamente económica, y tiene que ver con el afán explotador de la familia gobernante.
Los Ortega-Murillo “se han transformado en negociantes de energía comprando más de 137 millones de dólares en 2024, monto que vino creciendo de año en año”, y la vendieron más cara dentro del país, recordó el economista Enrique Sáenz.
Un profesional con experiencia en el sector energético opina que la importación de energía es un buen negocio, “básicamente por la diferencia de costos”. Los números confirman lo que dice este experto: la energía se compra más barata afuera, pero se le vende más cara a la gente dentro de Nicaragua.
El país destinó 72.2 millones de dólares para comprar electricidad en el mercado eléctrico regional en 2021. La cantidad subió a 101.9 millones en 2022, a 121.6 millones en 2023, y a 137.5 millones en 2024. La suma de esos cuatro años es de 432.2 millones de dólares.
El monopolio les permite comprar barato y vender caro
Tanto Sáenz como el profesional con experiencia en el sector energético, y un ejecutivo que se relaciona con personal del Ministerio de Energía y Minas, opinan que esa alta dependencia de la electricidad que generan los vecinos es un fracaso administrativo y hasta ideológico. De paso, también es otro negocio que engrosa las cuentas de la familia en el poder.
Cuando Enrique Sáenz apunta a que la familia gobernante se beneficia del negocio energético, hace referencia a la opacidad con que se maneja el sector energético y a la tesis que indica que ellos se quedaron con las acciones de Disnorte y Dissur, las dos empresas distribuidoras de electricidad.
Aunque no hay certeza sobre quién es el propietario de las dos empresas, las fuentes consultadas por CONFIDENCIAL desde 2020 hasta el presente, han externado su convicción de que la familia gobernante es la dueña de esas acciones, por medio de testaferros.
Además de poseer las empresas distribuidoras, la familia Ortega-Murillo maneja la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), decide en la importación de carburantes, y tiene la potestad de nombrar a los funcionarios del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), entidad encargada de fijar la tarifa. Eso les otorga un control sin precedentes sobre ese sector, que es clave en el conjunto de la economía nacional.
“El hecho es que el INE -que está integrado por sirvientes del grupo mafioso en el poder- lo que hace es acatar órdenes. De la misma manera que en un momento renovaron los contratos; de la misma manera que por años han estado reconociendo a unas empresas ineficientes que operaban las plantas Hugo Chávez, así mismo atribuían el mayor precio a la electricidad que vendía Alba Generación”, aseguró Sáenz.
Gracias a ese control, “pueden imponer las tarifas más altas de Centroamérica, en un negocio descomunal. Después de pregonar que hicieron cuantiosas inversiones con créditos internacionales para mejorar el aparato de distribución de electricidad, año con año han venido aumentando las compras de energía en el resto de Centroamérica, más barata que en Nicaragua, y después la venden a un precio mayor, a empresarios y a consumidores”, añadió.
Información disponible en el sitio web del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), muestra que a finales de 2020, esa entidad multilateral destinó 143 millones de dólares para el Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable en Nicaragua. En los siguientes años, el Banco mantendría su apoyo al sector. El problema es que se invirtió en otros elementos del sistema, pero no en aumentar la generación de electricidad.
El negocio de comprar barato para vender caro
El resultado de tener el monopolio del sistema eléctrico nacional, es una combinación de factores en los que el país pierde soberanía energética al comprar (barato) parte del excedente de electricidad que generan los países vecinos. A continuación, esa misma energía se le vende a los consumidores locales, tan cara como si se hubiera generado aquí.
El ejecutivo citado antes afirmó que “las estadísticas hablan por sí solas. Unos dirían, pero si ese era el objetivo del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central, el SIEPAC, ¿dónde queda el concepto de soberanía eléctrica, de aprovechar tus propios recursos naturales, y el discurso chauvinista?”, se preguntó.
El profesional citado antes explicó que existe la esperanza de ver que las autoridades se mueven en dirección de contratar la instalación y operación de nuevas fuentes de generación. “Entiendo que están negociando nuevos contratos de energía solar, inversiones que permitan encontrar alternativas más económicas y que reduzcan la dependencia del petróleo”, para seguir ampliando la generación de energía renovable.
Según el Ministerio de Energía y Minas, el sistema interconectado nacional cuenta con 769.6 MW (46.7% del total) de capacidad instalada de generación renovable. Eso abarca plantas hidroeléctricas, geotérmicas, eólicas, de biomasa, y solares. El profesional también recordó la promesa de la planta de gas de New Fortress Energy “que ya tendría que haber entrado en operación, y no lo ha hecho. No sé cuál es el atraso, aunque la empresa está teniendo muchos problemas globales, y puede ser que sea por eso que no arrancan en Nicaragua”, teorizó.
Una publicación de New Fortress Energy asegura que siguen desarrollando una central eléctrica de gas natural cerca de Puerto Sandino para abastecer de energía a las empresas distribuidoras de electricidad de Nicaragua. Su plan es suministrar el gas natural mediante una planta de recepción, almacenamiento y regasificación de GNL en alta mar que también está en desarrollo. “La central eléctrica y la instalación contribuirán al desarrollo económico a largo plazo de Nicaragua al proporcionar al país capacidad de generación estable y reducir las emisiones nocivas”.
Esa promesa está en el aire desde inicios de 2020. A pesar de las ventajas fiscales otorgadas, más de cinco años después, esa promesa sigue en el mismo lugar: en el aire.
Deuda con China para supuesta planta eólica
La Asamblea Nacional de Nicaragua autorizó el 21 de octubre de 2025 la gestión de un préstamo por 57.4 millones de dólares con una empresa china para construir una planta de generación de energía eólica.
El préstamo fue enviado con carácter urgente por los “copresidentes” Ortega y Murillo para que la empresa China Communications Construction Company Limited (CCCC) desembolse fondos para el proyecto “Diseño, suministro, construcción y puesta en servicio de una planta de generación de energía eléctrica eólica ‘La Mesita’, en el departamento de Estelí”.
Con ese proyecto, según los diputados, serán cinco las plantas eólicas funcionando en el país, con una capacidad total de 241.4 megavatios. Se desconoce cuándo iniciaría ese proyecto.
