11 de febrero 2016
Solo el 4.6% de las empresas del país llevan una contabilidad formal. El resto, puede ser que anote unos garabatos por aquí o por allá, o definitivamente nada. Aunque esa práctica les cierra el acceso a préstamos, eso tampoco les importa, porque más del 80% dice que no necesita financiamiento, según la ‘Encuesta de Empresas Sostenibles, Nicaragua 2015’. Esa mentalidad conformista, pero también la corrupción, la burocracia, los abusos de algunas entidades (con la Aduana, DGA, el Ministerio del Ambiente, y la Dirección General de Ingresos, DGI, a la cabeza), son algunos de los principales obstáculos para el desarrollo empresarial que se derivan de la Encuesta, explicó José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, (Cosep).
El ejercicio estadístico, organizado por el Cosep con el apoyo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), y la ejecución de M&R Consultores, permitió entrevistar a los dueños, socios, gerentes o administradores de 2,539 empresas de todo el país, a lo largo del primer semestre del 2015.
“Ha quedado claramente expresado que aquellas empresas a las que les está yendo bien, es porque han apostado a la educación, la organización y la gestión, y están involucradas en los mercados y los encadenamientos. Las empresas informales tienen que darse cuenta que las que apostaron por la formalización, hoy están en una situación muy ventajosa”, explicó.
“Las empresas que están en la formalidad son empresas que tienen contabilidad, acceso a financiamiento, mercados, educación, tecnología, mientras que entre las informales vemos que no hay ninguna de estas ventajas para responder a las demandas de competitividad del mercado actual”, añadió.
Corrupción y arbitrariedad
Aguerri dijo que “hay que mejorar”, al referirse a la Aduana, Marena y DGI, como “las instituciones que generan mayor insatisfacción entre las empresas”. Los resultados de la Encuesta también censuran al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y las alcaldías.
“Entre las empresas formales de la muestra que están inscritas a la DGI, el INSS y las alcaldías, los porcentajes de insatisfacción hacia los servicios de tales instituciones son de 19%, 15% y 16%. Entre las empresas de la muestra ligadas al comercio exterior, el porcentaje de quienes declaran insatisfacción con respecto a los servicios de la DGA es muy superior, alcanzando la cifra de 51.6%”, detalla el texto.
La corrupción, que afecta a un tercio de las empresas, ocurre porque “la lentitud de los trámites obliga a las empresas a buscar alternativas, porque los procesos no avanzan a través de sistemas establecidos, y eso hace que tengan que caer en un esquema de pagos [ilegales] para que salgan los permisos, las licencias, los avales, y eso aumenta la corrupción. Hay que sistematizar los procesos para acabar con esa corrupción”, demandó.
“En cuanto a las percepciones de corrupción y arbitrariedad en las instituciones ligadas a temas de propiedad, más de un 30% de las empresas percibe este tipo de problemas en ámbitos como: arbitrariedades con el avalúo del Catastro Fiscal, arbitrariedades con el avalúo del Catastro Municipal, traspasos ilegales y fraudulentos de propiedades, y tomas ilegales y usurpación. Además, 39% de las empresas considera que existen problemas de corrupción en el Registro Público de la Propiedad”, según el documento.
Segundo round
Luego de presentar los principales hallazgos de la Encuesta, comienza un periodo en el que esos datos se usarán como insumos para comenzar a preparar propuestas de políticas públicas que permitan superar las deficiencias encontradas.
“Esta información nos ayudará a poner en la mesa de discusión (ya hicimos esta presentación al gabinete de gobierno la semana pasada) los temas (positivos y negativos) que realmente son críticos y tienen incidencia para las empresas en Nicaragua”, explicó Aguerri.
“Algunos de estos temas ya han sido respondidos por el gobierno. Son temas que ya están en negociación con el gobierno, y hay otros que están más vinculados con educación y acceso al financiamiento, en los que falta todavía definir una serie de políticas”, detalló.
Reveló que “contratamos al Incae, a ex funcionarios internacionales que han estado en Nicaragua, para que nos ayuden con una visión objetiva y no politizada. Ya estamos creando matrices. Ya tuvimos reuniones de trabajo con la academia y el sector privado. Ya tenemos propuestas de políticas, y estamos abriendo estos espacios a todas nuestras organizaciones gremiales, a la academia y la sociedad civil. Estamos abiertos a que nos ayuden”.
Añadió que “lo ideal sería presentar el segundo producto a mediados de año, con la visión de todos los sectores, y que nos ayude a redireccionar el rumbo que llevan las empresas”.