8 de febrero 2024
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Un grupo de cerca de 60 productores cafetaleros que resultaron perjudicados por el cierre de CISA Exportadora en Nicaragua, entregarán una carta a cuatro altos funcionarios del Estado para pedir que les ayuden a encontrar un mecanismo que les permita pagar sus deudas a la malograda empresa, recuperar sus hipotecas, y seguir cultivando sus propiedades.
La carta fue redactada en una reunión este miércoles 7 de febrero de 2024, en Matagalpa, en la que participaron unos 40 de los 60 productores afectados. Se calcula que CISA habilitaba a unos 4000 cafetaleros; de ellos unos 250 medianos y grandes.
La carta se hará pública hasta que se entregue a sus cuatro destinatarios: Daniel Ortega y Rosario Murillo, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, y el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, diputado Wálmaro Gutiérrez. CONFIDENCIAL conoció que el mensaje básico es: “ustedes dijeron que querían apoyarnos: les tomamos la palabra”.
A inicios de diciembre de 2023, el sector cafetalero comenzó a vivir en estado de zozobra cuando la empresa dejó de recibir el grano en sus beneficios, para pasar a confirmar poco después que cerraron operaciones como parte de un proceso de declaración de bancarrota en una corte de Nueva York, esperando reestructurar sus deudas para poder reiniciar procesos.
Mientras un juez estadounidense decide el futuro de Mercon Coffee Group, (empresa nacida en Nicaragua que alcanzó presencia global), los cafetaleros que recibieron financiamiento de la empresa y habían comprometido sus propiedades y su cosecha de café con ellos, veían cómo la desaparición de su viejo socio los dejaba sin posibilidades de vender el producto, o de negociar nuevos préstamos con el sistema financiero.
Prioridad: Liberar hipotecas con CISA
Uno de los productores que estuvo en la reunión expresó a CONFIDENCIAL que la principal preocupación de aquellos que fueron financiados por CISA, es “poder liberar las hipotecas que pesan sobre nuestras propiedades con CISA”.
“La propuesta —continuó— va en la dirección de que no estamos pidiendo nada de regalo. No estamos pidiendo condonación ni descuento de ninguna naturaleza”.
La petición específica de este grupo es que el Gobierno ayude creando un mecanismo —previo pago de las obligaciones que tienen los cafetaleros—, que les permita liberar las hipotecas, siendo que los productores todavía tienen en su poder alrededor de 400 000 quintales de café que cosecharon este año y por consiguiente, el ingreso económico que se generará cuando se venda.
Una propuesta que recibió muchos apoyos en la reunión fue la de implementar, con la participación del Poder Judicial, un mecanismo que permita consignar en un juzgado el dinero que los productores deben a CISA para que la empresa pueda cobrarse cuando resuelva sus problemas legales, dando a los endeudados productores la posibilidad de recuperar las escrituras de sus propiedades, libres de gravamen, para buscar nuevo financiamiento bancario que les permita financiar las labores de corte del grano que todavía sigue en las fincas.
Productores “estaban a la expectativa”
Cuando apenas se comenzaba a vislumbrar el potencial de la catástrofe económica que podría cernirse sobre el segundo rubro exportador de Nicaragua, el régimen anunció que las instituciones que atienden al sector cafetalero, facilitarían “la comercialización y exportación del café que resulten de la producción y las cosechas cafetaleras”, y que harían gestiones con los países interesados en adquirir el café pinolero.
El productor consultado dijo que estaban a la expectativa de que las instituciones que atienden al sector cafetalero “tal vez estaban trabajando en esa dirección”, pero al confirmar que “nadie mueve un dedo”, decidieron decir: “aquí estamos. Busquemos cómo resolver”.
Además, quieren visibilizar a dos grupos de empresarios que son menos numerosos, pero que igual que los demás se enfrentan al riesgo de quiebra, siendo el primero de ellos el de los productores que no le deben a CISA, pero le entregaron su café en el beneficio, “y nadie les responde. Nadie les paga, y no hallan con quien sentarse” a buscar respuestas, explicó la fuente.
“Hay un tercer grupo afectado, conformado por los que se conoce como corredores. Su negocio era comprar el grano, llevarlo al beneficio para procesarlo, y después venderlo para obtener una ganancia. Esos comerciantes también perdieron, porque su café quedó en un limbo”, subrayó.
“Si este problema continúa, no estaríamos viendo sólo la quiebra de CISA, sino la de más de 200 fincas medianas y grandes (además de muchas pequeñas) que podría costar más de 100 millones de dólares al país por la pérdida de divisas, de recaudación de impuestos, y de generación de empleos, más la estabilidad social en el campo que eso significa”, detalló el cafetalero.
