2 de octubre 2023
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El Banco Holandés de Desarrollo Empresarial (FMO, por sus siglas en neerlandés), confirmó su decisión de continuar invirtiendo en el país, “a pesar del mayor riesgo y el contexto político represivo”, y a que “Nicaragua se ha convertido en un entorno empresarial más desafiante en los últimos años”, según una correspondencia a la que CONFIDENCIAL tuvo acceso.
En 2022, Países Bajos fue el mayor cooperante bilateral del sector privado, con 120.5 millones de dólares en préstamos del Banco de Desarrollo Empresarial, pese a que Ortega rompió relaciones diplomáticas con su Gobierno en octubre de ese año.
FMO ofrece recursos a empresas de microfinanzas en el país, que los colocan entre pequeños productores agrícolas, ganaderos, cafetaleros, comerciantes e industriales, poniendo énfasis en los segmentos de menores ingresos y pequeñas empresarias, lo que es clave para empoderar a “la base de la pirámide” socioeconómica.
Al cierre de agosto de 2023, FMO tenía una cartera de 156.3 millones de euros en Nicaragua, de los cuales 0,8 millones son fondos propios, y el resto es deuda, atendiendo diez clientes que se concentran en los tres sectores objetivo del banco: agronegocios, alimentos y agua; energía; e instituciones financieras, separando el papel del sector privado con el del sector público.
Si bien la cartera de FMO en Nicaragua ha disminuido 8.8% desde los 170 millones de euros en que estaba en 2018, la entidad considera que su apoyo al país se ha mantenido bastante estable en los últimos años, disminuyendo ligeramente, lo que refleja “el enfoque cauteloso que hemos tomado en Nicaragua para no aumentar nuestra cartera desde que las protestas populares se intensificaron en 2018, aunque esta no es una política formalizada”.
Pese a que el cese de las relaciones diplomáticas entre la dictadura de Daniel Ortega con el reino de los Países Bajos (antes conocido como Holanda), anunciado el 30 de septiembre de 2022, hizo temer por la continuidad del apoyo económico de entidades como FMO entre otras, ese banco decidió seguir en el país, convencido de que “el pueblo de Nicaragua necesita que la comunidad internacional en general y la comunidad financiera en particular, sigan colaborando con el sector privado en Nicaragua para apoyar el empleo local, el acceso a los alimentos, acceso a financiación y acceso a energía limpia y renovable”.
Como dueño y administrador de una cartera millonaria de recursos, FMO ha fortalecido sus herramientas de análisis en materia ambiental, social, de gobernanza y derechos humanos, como parte de la obligación que tienen todas las entidades financieras, de conocer a sus clientes.
“Reconocemos que hay un punto de inflexión cuando el Gobierno infringe demasiado el entorno empresarial para proteger a nuestros clientes y cuando no se está logrando el impacto positivo de nuestras inversiones, pero creemos que aún no se ha llegado a este punto”, asevera la entidad, añadiendo que “FMO tiene la intención de continuar invirtiendo en nuestros clientes actuales en Nicaragua, y en Nicaragua en general”.
El riesgo de invertir en Nicaragua
A lo largo de los años, el banco de desarrollo neerlandés se ha asegurado de construir una cartera de inversiones que sea sólida y confiable, además de edificar relaciones duraderas con sus clientes, lo que conlleva ingentes esfuerzos por comprender el contexto país, y los riesgos relacionados específicamente con ese contexto en el caso de Nicaragua.
El banco asegura que “la represión del Gobierno de las voces disidentes está afectando a nuestros clientes de muchas maneras”, identificando el riesgo adicional que el deterioro del país trae a sus inversiones, “pero creemos que debemos apoyar a nuestros clientes en tiempos difíciles”.
La declaración de la entidad detalla que, como institución financiera de desarrollo, ellos invierten en empresarios y mercados de países que los bancos comerciales evitan, mientras que a menudo, estos son los países que más necesitan inversión, reconociendo que “lamentablemente, Nicaragua se ha convertido en un entorno empresarial más desafiante en los últimos años”.
Al enlistar algunas de las decisiones que han elevado el nivel de ese desafío, el documento del FMO señala que “las acciones del presidente Daniel Ortega contra la Iglesia católica y otras figuras de la oposición, se han intensificado en los últimos seis meses”, detallando que esa “nueva ola de violaciones de derechos humanos” incluye la persecución contra las voces disidentes, la privación arbitraria de la nacionalidad, la confiscación de bienes y la intimidación.
FMO observa que “el Gobierno ha intensificado su focalización en las universidades, lo que ha resultado en la cancelación del estatus legal de 27 instituciones y la confiscación de sus activos”, escalada que ha preocupado a muchos y los ha llevado a preguntarse si FMO toma en cuenta el riesgo de que sus clientes puedan ser nacionalizados por Ortega.
“Aunque es difícil predecir el futuro en un contexto tan volátil, ninguna de las partes interesadas con las que hemos hablado, ha oído hablar o espera que el Gobierno nacionalice o se apodere de instituciones financieras o empresas privadas. Nuestra investigación adicional no nos da ninguna razón para creer que alguno de nuestros clientes ya está efectivamente nacionalizado o es un objetivo para la nacionalización”, expresa la entidad.
Adicionalmente, explican que son muy cautelosos al hacer declaraciones políticas públicas, (como lo sería retener inversiones debido al contexto de derechos humanos en un país), y que se abstienen de hacerlo porque no es su mandato, pero también “debido al efecto limitado que tal declaración tendría al compararlo con el riesgo que eso representaría para nuestros socios locales y con eso para los beneficiarios finales, que es la población del propio país”.
Inversión sigue siendo alta
Al reconocer que invertir en países como Nicaragua conlleva responsabilidades y capacidades adicionales para mitigar el mayor riesgo que eso implica, FMO refiere que sigue fortaleciendo sus procedimientos de diligencia debida, incluyendo análisis específicos del entorno ambiental, social y gubernamental; un kit de herramientas de derechos humanos, y una mejora continua de sus procesos de ‘conoce a tu cliente’, por lo que pueden asegurar que cuentan con “las garantías adecuadas para invertir con éxito en países como Nicaragua”.
Ese ‘kit de herramientas’, que se basa en los Principios Rectores de Naciones Unidas, efectúa un análisis de riesgo contextual, una verificación de amplio apoyo comunitario, una verificación de consentimiento libre, previo e informado, y una evaluación de los derechos a la tierra, indica el banco.
