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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió de “manera definitiva” de los títulos de abogados y notarios públicos a 25 nicaragüenses: quince excarcelados políticos —de los 222 desterrados en febrero pasado a Estados Unidos— y diez del grupo de 94 desnacionalizados acusados por el orteguismo de “traidores a la patria”.
Uno de los afectados es el novelista Sergio Ramírez, premio Cervantes 2017. La decisión fue tomada al mediodía de este jueves 11 de mayo de 2023 en el seno del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, pero fue publicada en la página del Poder Judicial a las 8:00 p. m.
Las dos resoluciones fueron firmadas por la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos; el vicepresidente Marvin Aguilar; y la magistrada Juana Méndez. Todos cercanos y con antecedentes de subordinar sus decisiones judiciales a la voluntad de la dictadura de Daniel Ortega.
De acuerdo con los magistrados del FSLN, los 25 profesionales “perdieron el derecho de ejercer dicha profesión (abogado y notario público), en virtud de haber perdido la nacionalidad nicaragüense” y, por lo tanto, se ordena que envíen en 24 horas todos los títulos de abogados y notarios, sus protocolos y carnés.
La nueva represalia de Ortega contra sus críticos ocurre dos días después de la resolución tomada el 9 de mayo de 2023, cuando el Poder Judicial también aplicó la medida a la abogada Yonarqui Martínez, tras denunciar los abusos de derechos humanos cometidos el 3 de mayo pasado cuando la Policía desplegó agentes en 13 departamentos, capturó a 57 personas y acusó a 30 en los tribunales de Managua en una misma noche de terror.
Golpe 1: a los abogados desterrados
La primera resolución fue contra 15 abogados del grupo de los exreos de conciencia desterrados a Estados Unidos. Fue tomada a las 11:10 a. m. en cumplimiento con la sentencia tomada el 8 y 9 de febrero de 2023, cuando el régimen de Nicaragua sorprendió al enviar a los presos políticos a suelo estadounidense.
Entre los afectados con la medida punitiva se encuentran políticos, exdiplomáticos, defensores de derechos humanos, tres extrabajadores de la Corte Suprema de Justicia y un simpatizante del partido de gobierno castigado por cuestionar en redes sociales a Rosario Murillo.
Este primer grupo lo integra:
- Edgard Parrales Castillo, exembajador de Nicaragua ante la OEA
- José Bernard Pallais, exvicecanciller
- Noel José Vidaurre, exprecandidato presidencial
- Roberto Emilio Larios Meléndez, exvocero de la CSJ
- José Noel Talavera Arauz
- Hugo Ramón Rodríguez Flores
- Marlon Gerardo Sáenz Cruz, simpatizante del FSLN crítico de Murillo
- Ana Margarita Vigil Gurdián, dirigente de UNAMOS
- Osman Marcel Aguilar Rodríguez
- Moisés Abraham Astorga Sáenz, extrabajador de la CSJ
- María del Socorro Oviedo, defensora de derechos humanos
- Manuel de Jesús Sobalvarro Bravo
- Roger Reyes Barrera, defensor de derechos humanos
- Hader Humberto González Zeledón
- María José Camacho Chevez, extrabajadora del Poder Judicial
Golpe 2: el castigo al grupo de los “desnacionalizados”
Los otros “suspendidos” son los abogados que pertenecen al grupo de los 94 desnacionalizados el pasado 15 de febrero. La justicia ordenó también que se le decomisaran sus bienes.
Para adoptar una decisión, los magistrados de la CSJ citan la sentencia del 15 de febrero de 2023, cuando el Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencia de Managua les quitó la nacionalidad a 94 ciudadanos.
La CSJ suspendió el título de abogado y notario a las siguientes personas:
- Sergio Ramírez Mercado, escritor y novelista, Premio Cervantes
- Rafael Solís Cerda, exmagistrado de la CSJ renunció en 2019 en desacuerdo con la represión de Ortega
- Mónica Augusta López Baltodano, ambientalista e investigadora de la corrupción en el tema del canal interoceánico
- Uriel de Jesús Pineda, defensor de derechos humanos
- Héctor Ernesto Mairena, dirigente de UNAMOS
- Guillermo Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos
- Eliseo Núñez, exdiputado opositor
- Manuel Jacinto Díaz
- Álvaro Leiva Sánchez, defensor de derechos humanos
- Vilma Núñez de Escorcia, defensora de derechos humanos
Las primeras reacciones condenan la represión
Minutos después en las redes sociales, algunos de los abogados suspendidos por Ortega han informado sobre las resoluciones de la CSJ y expresado su solidaridad con los otros afectados. Ese fue el caso de Roger Reyes y Uriel Pineda.
La defensora de derechos humanos, María Oviedo, le pidió a Dios que el odio no la alcance en rechazo a la arbitrariedad cometida desde el poder.
Mónica López Baltodano dijo en sus redes sociales que pueden intentar desaparecer los títulos que le dio la CSJ, luego de haber terminado su carrera, pero “para su dolor ya llegaron muy tarde, porque mis tres libros de 10 años de lucha jurídica junto a ambientalistas y el Movimiento Campesino anticanal no van a poder desaparecerlos en sus hogueras de la ignorancia”.
El exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, denunció en su cuenta de Twitter que sin derecho a la defensa no puede haber justicia o democracia en su primera reacción a la decisión tomada por la CSJ. “Régimen en Nicaragua no más intenta disfrazar su autoritarismo e inhabilita a 25 valientes abogados cumplidores de sus deberes profesionales por el bien de las personas perseguidas políticas y familiares”, afirmó.
