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La dictadura orteguista respondió de manera inusual al SICA: sin amenazas, sin insultos, sin reproches o un tono incendiario. “Las autoridades del Estado nicaragüense saludan con aprecio y hermandad a las autoridades de todos los Estados de nuestra Centroamérica”, inicia la carta con la que Daniel Ortega y Rosario Murillo se dan por enterados de que ya no podrán bloquear la elección de un nuevo secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana.
“Al saludarles —continúa la carta— conociendo los resultados de una reunión de cancilleres del SICA realizada recientemente en República Dominicana, queremos nuevamente expresar a ustedes nuestra profunda tristeza por la situación de acefalía e ilegalidad en que se encuentra nuestro SICA”.
En dicha reunión, realizada el viernes 24 de abril de 2026, Nicaragua no participó y los representantes de los restantes siete países del SICA reformaron el reglamento de votación interna del organismo regional. Eliminaron la figura del “consenso” unánime para la toma de decisiones —entre ellas elegir al secretario general—, y, en su lugar, aprobaron la mayoría calificada.
La reforma busca acabar con un impasse, de dos años y medio, en el nombramiento del secretario general. La elección ha sido bloqueada por la dictadura orteguista, que ha insistido en imponer a operadores políticos para dirigir el SICA y así promover una agenda a favor de los intereses de China y Rusia.
La Secretaría General del SICA está acéfala desde noviembre de 2023, cuando el régimen obligó a renunciar al cargo al abogado nicaragüense Werner Vargas, quien fue elegido para el periodo 2022-2026 como propuesta de Nicaragua, en junio de 2022.
Ortega y Murillo no aceptan su responsabilidad en la acefalía del organismo regional. “En todo momento hemos manifestado nuestro rechazo a una situación que debería haberse superado hace mucho tiempo, puesto que el SICA es necesario para nuestros pueblos”, sostienen en la carta, fechada el 26 de abril y firmada por el “cocanciller” Valdrack Jaentschke Whitaker.
Dictadura aparca los insultos
El tono de la reciente misiva orteguista muestra un cambio de 180 grados en relación con las últimas comunicaciones o comunicados referente al SICA. En noviembre de 2024, Murillo calificó de “usurpadores” a la Dirección Ejecutiva del SICA, por solicitar a los países analizar una propuesta de agenda de trabajo y un proyecto de presupuesto para 2025.
En marzo de 2025, el régimen Ortega-Murillo acusó a Costa Rica —que en ese entonces ostentaba la presidencia pro tempore del SICA— de responder a “intereses foráneos” dentro de la organización regional. En un comunicado, compararon a San José con “las posiciones y posturas de los colonialistas de la tierra” y les remarcó que “no son dueños ni de Centroamérica ni del SICA y mucho menos de Nicaragua”.
Previamente, el Gobierno sandinista había acusado a Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana de inmiscuirse en sus asuntos internos tras rechazar la candidatura del diplomático nicaragüense Denis Moncada como secretario general del SICA.
Además, Nicaragua se retiró temporalmente del organismo regional en junio de 2024, en represalia contra los demás países porque no elegían a los candidatos presentados por El Carmen. En diciembre de ese mismo año, la dictadura presentó una “solicitud de opinión consultiva” ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) para que se pronunciara sobre la supuesta negativa del SICA de convocar a una sesión para elegir al secretario general. A la postre, el Estado nicaragüense abandonó el tribunal centroamericano.
Para el catedrático costarricense Carlos Cascante Segura, el cambio de tono orteguista demuestra “una estrategia natural” del régimen para usar a la región como una “barrera de protección” ante sanciones más agresivas de la Administración estadounidense de Donald Trump.
“Nicaragua no puede aislarse, en este momento, absolutamente del SICA, porque si tiene algún mecanismo para paliar la presión de Washington es la propia necesidad de los Estados centroamericanos de que no se produzca un choque, que pueda causar efectos dañinos para Centroamérica”, explica el catedrático de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica.
El costarricense se refiere a la amenaza de que Estados Unidos saqué a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta). “Son sus socios dentro del Sistema, quienes eventualmente podrían intervenir para que eso no ocurra, dado los daños colaterales que eso puede traer”, opina.
Callan sobre derrota en el SICA
En las más de 300 palabras de su carta, los “codictadores” no mencionan directamente el cambio en el sistema de votación del SICA. “Nos hemos regido por protocolos y normas que nos unen, que no nos separan, que nos permiten avanzar juntos en estos tiempos difíciles que vive la familia humana”, escriben.
“Recordemos —prosiguen— que el SICA, de acuerdo a los procedimientos aprobados por nuestros jefes de Estado, deben regirse precisamente por esas normativas y reasumir la legalidad que nos permite reunirnos, conversar y consensuar lo necesario”.
Sin mencionarlo, el régimen hace referencia al Protocolo de Tegucigalpa —carta fundacional del SICA—, que establecía el “consenso” unánime para la toma de decisiones dentro del organismo regional.
En declaraciones al diario La Nación, el excanciller costarricense Arnoldo André Tinoco comentó: “venía pasando una incorrecta interpretación del pacto de Tegucigalpa, en virtud de la cual prácticamente se le otorgaba a todos los Estados un derecho de veto y de bloqueo de las resoluciones”.
“Esa oposición se convierte en un veto disfrazado que impide el avance del Sistema”, comentó.
La nueva forma de votación fue aprobada por: el canciller dominicano, Roberto Álvarez, y sus homólogos de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco; El Salvador, Alexandra Hill Tinoco; y Guatemala, Carlos Martínez Alvarado. Asimismo, los viceministros de Exteriores de Honduras, Pamela Handal; Panamá, Carlos Guevara, y Belice, Amalia Mai.
Carlos Manuel Echeverría, exembajador costarricense y exasesor de la Secretaría General del SICA, valora como “necesaria” la reforma, ya que se “privilegia el consenso”, pero se evita una parálisis “por el voto de una minoría, cuando no hay consenso”.
La nueva “regla del consenso” —de acuerdo con André— se aplicará de tal forma que las tres cuartas partes de los miembros puedan aprobar resoluciones cuando haya ausencia de un miembro o no necesariamente unanimidad.
Para Echeverría, “los razonamientos que se han ofrecido, no solo reflejan legitimidad, sino también legalidad”.
Nuevo sistema de votación a prueba en junio de 2026
El académico costarricense Carlos Murillo Zamora considera que la dictadura debe aceptar la reforma y “entender que ellos no son los que imponen las reglas del juego en Centroamérica”.
“Dentro de Nicaragua, como régimen sultánico, pueden hacer y deshacer todo lo que quieran”, apostilla el analista de asuntos internacionales y docente de la Universidad de Costa Rica.
Cree que Ortega y Murillo obtendrán más beneficios “si ceden en esa insistencia de que todas las instancias del SICA o de la integración tienen que estar controladas por ellos y poner a su gente de confianza”.
La postura del régimen sobre el SICA y el funcionamiento del nuevo sistema de votación se pondrán a prueba en junio de 2026, cuando se elegirá al nuevo secretario general, que saldrá de una terna que debe presentar la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández.
“Desde Nicaragua bendita y siempre libre y soberana les saludamos con el aprecio fraternal de siempre, esperando que podamos reunirnos pronto a retomar nuestros acuerdos y consensos”, se despidieron Ortega y Murillo en su carta a los siete países que los derrotaron en el SICA.
