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Los empleados públicos de Nicaragua tienen poco que celebrar el 1 de mayo de 2026, Día Internacional de los Trabajadores. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo les quitó entre un 2 y 10% de su salario mensual en concepto de “aporte” para el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Jessica, una profesora de secundaria en occidente, envió a CONFIDENCIAL su comprobante de pago de mayo de 2026 para demostrar la “deducción ilegal”. Explicó que le quitaron 206.24 córdobas, que representan un 2% de su salario bruto de 11 227 córdobas y se suma a las deducciones del Impuesto sobre la Renta (IR) y la cotización al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Tasas que reducen su salario neto hasta los 9919.48 córdobas.
La deducción del llamado “aporte” cayó como “una avalancha” dentro del Ministerio de Educación (Mined), una de las instituciones que peor paga a sus trabajadores. “Todas las maestras se estaban quejando porque, en lugar de subirnos el salario, nos están quitando más”, lamentó Jessica.
A los maestros “no nos comunicaron nada”, afirmó la maestra. Pero la mayoría “escuchamos el rumor” durante el Encuentro Pedagógico de Interaprendizaje (EPI), que es la capacitación que realiza el Mined el último viernes de cada mes. El último encuentro fue celebrado el viernes 24 de abril de 2026, el mismo día que Murillo anunció el pago anticipado del salario de mayo.
En Nicaragua hay 48 288 docentes en activo, de acuerdo con estadísticas del Banco Central de Nicaragua.
Empleados del sector salud
Marcos, un trabajador sanitario, se enteró que el “aporte” partidario sería deducido del salario de los trabajadores por los rumores que circularon en los pasillos del Ministerio de Salud (Minsa), durante la penúltima semana de abril de 2026. En ese momento, le restó importancia al tema porque, supuestamente, el aporte “se hacía de forma voluntaria”.
La sorpresa para Marcos llegó cuando recibió su salario adelantado de mayo y constató que el Ministerio de Hacienda le dedujo 1000 córdobas. Una cifra superior a los 200 córdobas que él aportaba de forma “voluntaria” al partido.
Francisca, otra trabajadora del sector Salud, confirmó a CONFIDENCIAL que el “aporte” partidario fue aplicado a todos los empleados del hospital donde labora. A ella le quitaron 475.39 córdobas, que sumados a las deducciones de la Central de Trabajadores de la Salud (Fetsalud), el Comisariato, el IR e INSS, le quedó un salario de 8837.61 córdobas.
“A una doctora le quitaron 2000 córdobas” y “a los médicos especialistas les quitaron hasta 2600 córdobas”, comentó Francisca.
El “aporte partidario” ha sido deducido, también, a trabajadores del Ministerio del Interior (MINT) y otras instituciones del Estado.
Reportes de 100% Noticias y el diario La Prensa indican que el porcentaje deducido a los trabajadores públicos, en concepto de aporte partidario, va desde el 2 hasta el 10% del salario bruto de cada trabajador.
Otra abuso contra empleados públicos
El llamado “aporte partidario” se suma una larga lista de abusos de la dictadura contra los empleados públicos, a quienes han obligado a realizar una declaración patrimonial, así como llenar una “ficha de militante”, que —de acuerdo con opositores— son herramientas de “espionaje” y “represión” del régimen.
Desde finales de 2023, la dictadura obligó a todos los trabajadores del Estado y a sus militantes a llenar una “ficha única de registro”, en la que preguntaban datos personales y de contacto, así como información de los familiares fallecidos.
Los empleados estatales debían detallar también sus cuentas en las redes sociales —Facebook, Twitter (ahora X), Instagram y TikTok—, así como la información laboral de los últimos cinco trabajos y los datos académicos y de formación.
En todas las instituciones estatales —de acuerdo con empleados públicos— hay “encargados políticos”, cuya única finalidad es mantener vigilados a los trabajadores. “Tenemos nuestros jefes de trabajo, pero además existe toda una estructura de vigilancia para saber lo que comentamos, si nos quejamos, incluso hasta nuestras redes sociales”, lamentó un funcionario.
A muchos empleados públicos les han quitado sus pasaportes y no les permiten salir del país. Un reportaje de CONFIDENCIAL publicado en 2023 reveló que los permisos de salida al extranjero eran “selectivos”, mientras la mayoría lo tenían prohibido.
