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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, emitió un informe el 16 de abril de 2026 sobre la crisis de derechos humanos que continúa en Nicaragua desde abril de 2018.
La CIDH condena las violaciones a los derechos humanos, urge al Estado de Nicaragua poner fin a la represión y restablecer el Estado de derecho, y demanda la liberación de todos los presos políticos, y el cese de la impunidad ante los asesinatos de más de 350 personas.
En una entrevista en el programa Esta Semana que se transmite en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva en Nicaragua, la relatora para Nicaragua de la CIDH, Rosa María Payá, explicó que “Nicaragua es en estos momentos uno de los casos más críticos de derechos humanos en la región, y por tanto, desde la Comisión expresamos nuestra invitación constante a los Estados de las Américas a contribuir con la solución de la crisis”.
“Desde la Comisión (Interamericana) no hay espacio para la normalización de una dictadura. Lo que ocurrió hace dos meses en el Consejo (Permanente) con esta resolución aprobada unánimemente, habla de una intención de los Estados contraria a una normalización del terror en Nicaragua, a partir de la información que recibimos de la sociedad civil, de los defensores de derechos humanos, y de los familiares de las víctimas en Nicaragua”, afirmó Payá.
Han pasado ocho años desde que en Nicaragua estallaron las protestas en abril de 2018 y la represión estatal del Gobierno. ¿Cómo valora la Comisión Interamericana la evolución de la crisis de derechos humanos en Nicaragua?
La crisis de derechos humanos ha continuado de manera sostenida por más de ocho años, desde la Comisión vemos con preocupación cómo el Estado continúa manteniendo prisioneros políticos, continúa violando derechos fundamentales de los nicaragüenses, involucrándose incluso en episodios de represión transnacional, y cómo el espacio cívico en Nicaragua está absolutamente limitado y el poder cada vez más concentrado en el entorno Ortega Murillo.
Nicaragua es, en estos momentos, uno de los casos más críticos de derechos humanos en la región, y por tanto, desde la Comisión expresamos también nuestra invitación constante a los Estados de las Américas a contribuir con la solución de la crisis y con el restablecimiento de la democracia en ese país.
La Comisión ha descrito el caso de Nicaragua como un estado de excepción de facto, en el que no hay un estado de emergencia y, sin embargo, todas las garantías han sido suspendidas por las vías de hecho.
Así es, como tuve la oportunidad de expresarlo ante el Consejo Permanente a principios de este año (2026), Nicaragua es una dictadura, una de las tres dictaduras que existen en nuestra región, y por eso cada vez que alzamos la voz lo hacemos también para instar a las autoridades nicaragüenses al restablecimiento del Estado de derecho, al respeto de las garantías para todos los nicaragüenses dentro y fuera del territorio nacional, y también a que se tomen las medidas para restablecer la democracia en el país.
El Mecanismo de personas presas políticas que hay en Nicaragua ha identificado a 47 presos políticos, de los cuales 11 están en una condición de desaparición forzada. ¿Qué información tiene la Comisión Interamericana sobre la situación de los presos políticos? Ustedes han emitido en algunos casos medidas cautelares por algunos de ellos ¿Han tenido algún contacto directo con las autoridades?
Desde la instauración del MESENI hace ocho años, se han emitido más de 160 medidas cautelares. Hemos visto a partir de nuestro monitoreo, pero también a través del trabajo del GIEI, a través del trabajo del Mecanismo Especial para Prisioneros Políticos, cómo en realidad el número que está registrado es un subregistro. Hemos visto cómo crece el miedo dentro de la ciudadanía en Nicaragua, dentro y fuera del territorio nacional, por los mecanismos represivos que se llevan a cabo desde el Estado. Las excarcelaciones que se anuncian no constituyen libertades plenas, y las personas excarceladas continúan siendo sujetas de mecanismos de represión, de hostigación y de vigilancia que no se pueden catalogar como libertad plena.
Seguimos instando al Estado a respetar todos los derechos y a liberar a los prisioneros políticos que, en estos momentos, se encuentran también en situaciones inhumanas, o desaparición dentro de las prisiones. Permíteme usar este espacio para mandar nuestra solidaridad a ellos y a todos sus familiares y a todos los defensores de derechos humanos dentro y fuera de Nicaragua.
Las medidas cautelares que otorga la Comisión, que has dicho son más de 160, ¿Qué impacto tienen? ¿Pueden brindar alguna protección efectiva cuando el régimen desconoce a la Comisión?
La realidad es muy desafiante. En Nicaragua estamos ante un Estado que ha salido de la OEA, pero no ha denunciado la Convención Americana, y por tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúa teniendo competencias sobre Nicaragua, y continuamos actuando desde los mecanismos que existen en la Comisión y desde el monitoreo constante que podemos hacer. Sabemos que estamos hablándole a un régimen que ha tomado la determinación de aferrarse al poder violando los derechos de sus ciudadanos. Y por eso, nuestro llamado no es solamente a aquellos que, en estos momentos, ejercen el poder desde el Estado nicaragüense, sino también al resto de los Estados de las Américas para que sean parte de este esfuerzo que acompañe al pueblo nicaragüense en su trabajo constante por la recuperación de la democracia.
Además de estos 47 presos políticos y otros que no han sido denunciados, quizás por temor de sus familiares, y otros excarcelados pero que no gozan de libertad, hay por lo menos un centenar de personas que están bajo un sistema de casa por cárcel de facto. ¿Cómo valora ese sistema de privación de libertad?
Es un régimen de terror que castiga a las voces más sinceras y a aquellos nicaragüenses que dentro del país todavía se atreven a tomar acción y alzar la voz por los derechos de todos los nicaragüenses. El deterioro sistemático, la crisis sostenida de ausencia del ejercicio de los derechos humanos para los ciudadanos en Nicaragua, no se queda solamente en la represión contra las voces disidentes, que también va más allá, a cooptar todas las libertades individuales, a terminar con la libertad de prensa, afectar a los pueblos indígenas, especialmente la situación tan preocupante en la Costa Caribe.
La Comisión estará presentando su informe próximamente al respecto, ese es el mandato de la Comisión. Nos corresponde ser la conciencia del Consejo Permanente, y acompañar no solamente a la situación, sino también recomendar las acciones. Por ejemplo, vemos con mucha preocupación cómo el Estado nicaragüense ha estado utilizando mecanismos de cooperación internacional como es Interpol para extender los brazos de la represión. Esto fue un tema durante el Consejo Permanente que se centró en la situación en Nicaragua hace apenas dos meses, y pretendemos seguir avanzando en la dirección de fortalecer, animar, actuar de manera conjunta con aquellos que pueden colaborar con una solución para Nicaragua.
Ante la falta de justicia en el sistema nicaragüense, ¿Qué escenarios existen de rendición de cuentas ante la justicia internacional? ¿La Comisión está promoviendo o llevando algún caso de este tipo ante la Corte Interamericana o ante otros espacios de justicia internacional?
Hay varios casos que están centrados en la situación en Nicaragua, nos han llegado a través de los defensores de derechos humanos nicaragüenses, algunos están en vías de pasar a la Corte, esos son los mecanismos de rendición de cuentas y de acceso a la justicia que brinda el sistema interamericano. Más allá de esta posibilidad, está la acción de la ciudadanía, de la sociedad civil, de la oposición nicaragüense.
Desde la Comisión Interamericana, nosotros intentamos dar todo el apoyo posible desde el monitoreo y desde los pocos mecanismos que podemos llevar adelante.
Y también dando algunas recomendaciones de acción, como esas que tienen que ver con frenar el uso de mecanismos policiales internacionales como los que tienen que ver, por ejemplo, con los mecanismos de financiamiento a nivel interamericano, a nivel centroamericano, a nivel universal, que no deben estar desconectados de la realidad de represión que se lleva a cabo desde el Estado en el caso de Nicaragua.
¿Qué reacción hay entre los Estados miembros de la OEA ante estas denuncias, y la documentación que ha hecho la Comisión sobre las violaciones a los Derechos Humanos? Alguna gente alega que lo de Nicaragua no tiene solución y que hay una “normalización” de la dictadura.
Desde la Comisión no hay espacio para la “normalización de una dictadura”. Lo que ocurrió hace dos meses en el Consejo (Permanente) con esta resolución aprobada unánimemente, habla también de una intención de los Estados contraria a esa sensación de normalización del terror en Nicaragua, a partir de lo que recibimos de la sociedad civil, de los defensores de derechos humanos, de los familiares de las víctimas en Nicaragua.
Nuestro compromiso está muy claro, no solamente con no permitir la normalización de una dictadura en Centroamérica, sino también de utilizar todos los mecanismos a nuestro alcance para acompañar el proceso de recuperación de la democracia que es el único ambiente que puede garantizar el ejercicio de los derechos humanos.
